El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el electo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
EFE
No hay sistema electoral
perfecto y la variedad de procedimientos para conformar la composición
de las asambleas parlamentarias que existen en el mundo es muy amplia y
obedece a criterios políticos y a tradiciones muy distintas. En España,
la Constitución fija la provincia como circunscripción electoral y
establece la proporcionalidad a la hora de determinar el número de
diputados que corresponde a cada número de sufragios otorgados a los
diferentes partidos. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General
(LOREG), que data de 1985, especifica de manera detallada cómo asignar
escaños a las fuerzas que concurren mediante la llamada ley d´Hondt,
atribuyendo un mínimo de dos diputados a cada circunscripción
provincial. Se favorece así a los grandes partidos frente a los pequeños
y a las zonas del país más rurales y con menos población en comparación
con las más urbanas y densamente pobladas. Otro efecto de este sistema
es la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas, cuyos votantes
están fuertemente concentrados en unas pocas provincias de elevado
censo. Todos estos factores hacen que a opciones como Ciudadanos y
Podemos un escaño les cueste mucho más caro en papeletas a nivel
nacional que al PP o al PSOE o que partidos con un apoyo muy
uniformemente distribuido a lo largo y ancho del territorio, como fueron
UPyD o IU, obteniendo resultados mejores en términos globales que los
nacionalistas, acaben teniendo menos escaños que éstos en el Congreso,
lo que puede ser visto como injusto.
"Un sistema electoral ideal debe combinar representatividad, estabilidad política, autonomía del diputado y la existencia de un vínculo real entre representantes y representados"
Este es un debate que se viene planteando desde
hace mucho tiempo y que resurge de acuerdo con las circunstancias de
cada momento. En estos días, Ciudadanos y Podemos, cuya relación se
había ido enfriando hasta la congelación, han retomado el contacto
precisamente para intentar acordar una reforma de la ley electoral con
la evidente intención de cambiar el sistema para no salir perjudicados
como sucede con el actual. Si bien esta preocupación de las hoy tercera y
cuarta fuerzas parlamentarias -digo hoy porque todo apunta a que el
orden puede experimentar cambios espectaculares en un próximo futuro a
favor de Ciudadanos- es comprensible, ni de lejos se corresponde con los
verdaderos problemas de la normativa electoral vigente, que son mucho
más graves que los que legítimamente motivan el presente activismo
reformista de Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Un
sistema electoral ideal debe combinar de forma equilibrada la
representatividad, la estabilidad política, la autonomía del diputado y
la existencia de un vínculo real entre representantes y representados.
Juzgado a la luz de estos parámetros, nuestro sistema electoral es un
perfecto desastre.
Los ciudadanos desconocen quiénes les representan, el
Parlamento es un agregado de empleados de los respectivos jefes de
partido que obedecen lanarmente sus dictados, y la representatividad,
como ya he dicho, es manifiestamente mejorable. En El PP y en el PSOE,
los aparatos centrales elaboran las listas en función de la lealtad al
mando con independencia de los méritos de los candidatos, y las
circunscripciones de gran tamaño, algunas con millones de votantes,
eliminan cualquier asomo de relación entre los ciudadanos y sus teóricos
representantes. La división de poderes se diluye peligrosamente porque
el grupo parlamentario del partido del Gobierno se convierte en un manso
apéndice de Ejecutivo. Este deprimente panorama se agrava con un
Reglamento del Congreso pensado para dificultar al máximo el control del
Gobierno por parte del legislativo.
"Ojalá Ciudadanos y Podemos se decidan a atacar este trascendental tema con auténtico ánimo regenerador, más allá de sus inquietudes partidistas de corto plazo"
Sería, pues, magnífico que Ciudadanos y Podemos,
en sus negociaciones para acordar una posible reforma del sistema
electoral, fueran más allá de sus necesidades inmediatas en cuanto a
mejorar la proporcionalidad y entrasen en el fondo del asunto para
proponer una nueva ley que corrigiese las profundas deficiencias que
padecemos. Es verdad que una modificación seria del método actual
requería probablemente retocar los artículos 68.2 y 68.3 de la
Constitución, pero teniendo en cuenta los dos precedentes de reforma
constitucional realizados con encomiable velocidad y consenso,
valiéndose del artículo 167 de nuestra Ley de leyes, esto no plantearía
un obstáculo excesivo.
ALEJO VIDAL-QUADRAS Vía VOZ PÓPULI
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