Fuentes gubernamentales insisten en que el Ejecutivo se resiste a adelantar cualquier detalle o calendario sobre su respuesta a la decisión final que pueda tomar Puigdemont
Mariano Rajoy, durante la la sesión del Congreso de este miércoles. (Reuters)
Al Gobierno también le ha llegado la noticia de las presiones de ERC sobre Carles Puigdemont para que convoque elecciones en Cataluña (con el título de 'constituyentes') y reconoce que, en ese caso, tendría que replantearse la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fuentes de La Moncloa admiten tener conocimiento de las divisiones del bloque secesionista
a la hora de decidir los próximos pasos y sobre reconocer la
declaración de independencia o no, cuando falta un día para agotar el
plazo que fija el Ejecutivo en su requerimiento al presidente de la
Generalitat.
En cualquier caso, el Gobierno se resiste a adelantar cualquier detalle o calendario sobre su respuesta a la decisión final que pueda tomar Puigdemont. Mariano Rajoy se desplazará este jueves por la tarde a Bruselas para asistir al Consejo Europeo en cualquier caso y el Consejo de Ministros, aprobará las medidas de intervención de competencias de la Generalitat, inmediatamente o en su reunión ordinaria del viernes. Fuentes gubernamentales insisten en que negociarán primero esas 'recetas' para restituir la legalidad en la Autonomía con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
El panorama cambiaría completamente en el caso de que Puigdemont anuncie la disolución de la Cámara catalana y el adelanto de los comicios. El Ejecutivo independentista quedaría en funciones en los próximos días y todo el proceso político siguiente se regiría por la Ley Electoral General dado que la Generalitat catalana, a diferencia del resto de gobiernos regionales, nunca ha elaborado una ley propia sobre la materia.
En el supuesto de que el dirigente secesionista se limite a anunciar comicios, con declaración previa o no de independencia, pero sin convocar los comicios oficialmente en los próximos días, al Gobierno, si no se fía, le quedaría de margen todo el proceso parlamentario de aprobación de las medidas para aplicar el artículo 155 que se desarrollará en el Senado a partir de la próxima semana.
Según fija el reglamento del Senado, una vez que entre en la Cámara la petición del Gobierno, la Generalitat puede presentar alegaciones en contra de la intervención de sus competencias y las decisiones que tome el Ejecutivo para restituir el respeto a la ley y para proteger los intereses generales de la nación.
Mariano Rajoy aprovechó la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso para hacer un último llamamiento "a la sensatez" dirigido a Puigdemont con la pretensión de que el presidente de la Generalitat renuncie a su intentona secesionista y se preste a dialogar dentro de la ley y en el marco democrático pertinente, en el Parlamento español donde reside la soberanía nacional.
El presidente del Gobierno destacó que los independentistas mantienen cerrada la Cámara catalana para que la oposición no pueda expresarse ni cumplir con sus obligaciones de control sobre un Ejecutivo que se ha saltado la Constición, el estatuto de autonomía, los hábitos parlamentarios europeos y los derechos de esa oposición.
ÁNGEL COLLADO Vía EL CONFIDENCIAL
En cualquier caso, el Gobierno se resiste a adelantar cualquier detalle o calendario sobre su respuesta a la decisión final que pueda tomar Puigdemont. Mariano Rajoy se desplazará este jueves por la tarde a Bruselas para asistir al Consejo Europeo en cualquier caso y el Consejo de Ministros, aprobará las medidas de intervención de competencias de la Generalitat, inmediatamente o en su reunión ordinaria del viernes. Fuentes gubernamentales insisten en que negociarán primero esas 'recetas' para restituir la legalidad en la Autonomía con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
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El panorama cambiaría completamente en el caso de que Puigdemont anuncie la disolución de la Cámara catalana y el adelanto de los comicios. El Ejecutivo independentista quedaría en funciones en los próximos días y todo el proceso político siguiente se regiría por la Ley Electoral General dado que la Generalitat catalana, a diferencia del resto de gobiernos regionales, nunca ha elaborado una ley propia sobre la materia.
En el supuesto de que el dirigente secesionista se limite a anunciar comicios, con declaración previa o no de independencia, pero sin convocar los comicios oficialmente en los próximos días, al Gobierno, si no se fía, le quedaría de margen todo el proceso parlamentario de aprobación de las medidas para aplicar el artículo 155 que se desarrollará en el Senado a partir de la próxima semana.
Según fija el reglamento del Senado, una vez que entre en la Cámara la petición del Gobierno, la Generalitat puede presentar alegaciones en contra de la intervención de sus competencias y las decisiones que tome el Ejecutivo para restituir el respeto a la ley y para proteger los intereses generales de la nación.
Mariano Rajoy aprovechó la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso para hacer un último llamamiento "a la sensatez" dirigido a Puigdemont con la pretensión de que el presidente de la Generalitat renuncie a su intentona secesionista y se preste a dialogar dentro de la ley y en el marco democrático pertinente, en el Parlamento español donde reside la soberanía nacional.
El presidente del Gobierno destacó que los independentistas mantienen cerrada la Cámara catalana para que la oposición no pueda expresarse ni cumplir con sus obligaciones de control sobre un Ejecutivo que se ha saltado la Constición, el estatuto de autonomía, los hábitos parlamentarios europeos y los derechos de esa oposición.
ÁNGEL COLLADO Vía EL CONFIDENCIAL
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