Según parece, la única forma de frenar la traumática aplicación del 155 sería que el 'president' de la Generalitat se aviniera a convocar unas elecciones autonómicas legales
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el líder del PSC, Miquel Iceta. (Reuters)
Todo el mundo —esta vez no es exageración— mira con ansiedad a Carles Puigdemont mientras la cuenta atrás corre, implacable, hacia la conflagración. Nunca algo tan grande dependió de un individuo tan pequeño, pero este es el fatal signo de nuestro tiempo: problemas gigantescos en manos de pigmeos políticos.
Según parece, la única forma de frenar la traumática aplicación del 155 sería que el 'president' de la Generalitat se aviniera a convocar, mientras aún puede, unas elecciones autonómicas legales.
Tengo muchas dudas de que unas elecciones en este contexto traigan la solución del problema de fondo. Serían más bien un placebo, una tregua, una patada a seguir que probablemente nos enfrentaría, pasados unos meses, a un escenario similar al actual.
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Pero aunque sea con gran escepticismo, hay que tener en cuenta dos consideraciones de peso. Primero, que la alternativa no es mejor. Y segundo, que esa solución momentánea interesa objetivamente a todas las partes, salvo a la CUP.
Quizá la convocatoria solo permitiría ganar un poco de tiempo, pero acepto que en ocasiones el tiempo es un tesoro. Apretar el gatillo ahora crearía problemas enormes al frente constitucional. No solo por la dificultad práctica de aplicar en su integridad las exigentes condiciones del 155, sino porque ya hay síntomas inocultables de que este podría agrietarse cuando las cosas se pongan broncas de verdad —que, no lo duden, se pondrán—.
Quienes más imperiosamente necesitan la tregua son los socialistas. Si el simple enunciado del 155 ya ha provocado un seísmo en el interior del PSC, su puesta en marcha por la fuerza haría saltar las frágiles cuadernas de ese partido imprescindible en esta crisis, y con ellas las del propio PSOE.
Si
el simple enunciado del 155 ya ha provocado un seísmo en el interior
del PSC, su puesta en marcha por la fuerza haría saltar sus frágiles
cuadernas
No hay que simplificar el análisis y atribuir las vacilaciones a flojera de ánimo o doblez política de Iceta. El PSC es siervo de su naturaleza y de su historia. Se trata de un partido con un ADN complejo: es catalanista —incluso nacionalista— en su cúpula, mestizo en su militancia y claramente españolista en su base electoral. Durante dos legislaturas han gobernado en coalición con ERC. Todos los factores del conflicto coexisten precariamente en su interior, y chocan entre sí cuando la crisis identitaria se agudiza hasta el extremo.
El PSOE, por su parte, ha recorrido un largo trecho desde el inflamado discurso del noesnoísmo y la plurinacionalidad hasta su posición actual. Puede que Sánchez lograra resistir este tirón, pero no resistiría un nuevo choque con el PSC, del que es deudor hasta más allá de lo que se imagina.
Recordemos que hace muy pocos meses el PSOE estuvo a punto de romper su relación orgánica con el PSC. Otra deslealtad por parte del socialismo catalán en un momento crítico sería más de lo que los dirigentes territoriales socialistas soportarían. Por eso Iceta y Sánchez se aferran desesperadamente a la tregua mientras bracean para que la marea no los desborde.
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El frente constitucional no puede permitirse dejar al PP y Ciudadanos enfrentándose en solitario a la ofensiva separatista, con el PSOE y el PSC tambaleándose y Podemos estratégicamente entregado a la causa del soberanismo. Un escenario así probablemente abocaría a Rajoy a convocar elecciones generales.
Para el independentismo institucional —si es que tal cosa sigue existiendo— también sería un buen negocio ganar unos meses. Seguir en el poder siempre lo es cuando te amenaza la guillotina. Y aunque volver a la legalidad es costoso tras haber llegado tan lejos, siempre les queda abierta la posibilidad de retomar el 'procés', con fuerzas renovadas, si ganan las elecciones.
El problema es que no vale cualquier convocatoria electoral. Esta tiene que ser plenamente legal. Es decir, nos debería devolver al orden jurídico previo al 6 de septiembre, anulando de hecho todo lo ocurrido después.
¿Cuáles son las condiciones de unos comicios legales? No es suficiente remitirse para su desarrollo a la Ley Electoral. Cataluña es la única comunidad que carece de una ley electoral propia —han tenido 38 años para ponerse de acuerdo y no lo han logrado—, y por eso en sus elecciones se recurre supletoriamente a la normativa general. Pero esta no es un marco político sustancial, sino un conjunto de reglas de procedimiento. En teoría, sería compatible convocar unas elecciones no estatutarias y aplicar para su desarrollo los procedimientos de la Loreg. Sería un regate más del independentismo.
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A mi juicio, para ser aceptable, la convocatoria debe cumplir dos condiciones. Primera, tomar expresamente como marco jurídico habilitante el Estatuto de Autonomía. Segunda, omitir cualquier mención a las decisiones del Parlament desde el 6 de septiembre, al referéndum del 1 de octubre y a la semideclaración de independencia del día 10.
No es difícil encontrar un punto de referencia. Lo encontramos en el decreto de convocatoria de la elecciones autonómicas de 2015, publicado en el BOE y en el que puede leerse lo siguiente:
“De acuerdo con lo que disponen los artículos 66 y 75 del Estatuto de Autonomía de Cataluña;
De
conformidad con lo que establecen el artículo 56 y la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que mantiene
en vigor la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de
Cataluña de 1979; el artículo 10.c) de la Ley 13/2008, de 5 de
noviembre, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno; y la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral General,
Decreto:
Artículo 1. Se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña, que tendrán lugar el día 27 de septiembre de 2015”
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¿Ven qué fácil y, a la vez, qué difícil? Si vinieran de buena fe, les bastaría con reproducir este texto en sus mismos términos y nadie podría cuestionar la legitimidad de la convocatoria. Si así lo hicieran, esta no podría ser suspendida y el 155 quedaría paralizado.
Comprendo la ansiedad de no apurar este cáliz, pero no conviene hacerse trampas. La sublevación del Govern y sus socios ha llegado tan lejos que el Estado ya no puede conformarse con menos. Póngase el listón de la exigencia donde debe estar y esperemos a ver si Puigdemont está en condiciones de firmar un texto como ese. Cualquier otra cosa sería una estafa.
Si el trance no fuera tan serio, se admitirían apuestas.
IGNACIO VARELA Vía EL CONFIDENCIAL
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