El presidente del Gobierno ha confirmado cuál es la estrategia del Estado para hacer frente al último desafío del Govern
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Reuters)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario para requerir al presidente de la Generalitat que aclare si se mantiene dentro de la Constitución o si sigue suscribiendo el texto firmado con el resto de diputados independentistas en el Parlament. Un documento que contradice la suspensión de la Declaración Unilateral de Independencia que había anunciado desde el estrado de la Cámara y que supone una verdadera proclamación de Cataluña como República soberana independiente que solicita negociar "de Estado a Estado" con España.
Directo | Miquel Iceta: "Valoro mucho la prudencia y la mesura de Rajoy"
El requerimiento es el primer paso para activar el 155 y el requisito que exige el líder de la oposición, Pedro Sánchez, para ir de la mano del Gobierno en los siguientes pasos para poner coto al desafío soberanista de la Generalitat. El 'president' Puigdemont juega con que el documento no tiene efectos jurídicos -para intentar eludir así las consecuencias tanto administrativos como penales- e intentar que no se lleve a efecto la aplicación del 155. Para Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, al no haber sido votada y al no estar en el orden del día de la Cámara, la firma de los diputados independentistas no es un documento que tenga efectos jurídicos ni una proclamación. Solo una declaración de intenciones que, desde su estrategia, no puede ser perseguida por el Estado.
Ésta es precisamente la tesis que ha sido comprada tanto por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, como por la alcaldesa de Barcelona y líder de los 'comunes' allí, Ada Colau. Para ambos, Puigdemont ha suspendido la DUI en un gesto "que le honra" y ahora toca al Gobierno de Rajoy dar una "oportunidad al diálogo". Lo contrario, según Iglesias, sería un "error histórico".
Sin embargo, para los abogados del Estado que asesoran al Gobierno y para los fiscales de las tres asociaciones, la firma del documento es una auténtica declaración de independencia perseguible judicialmente y suficiente para poner en marcha la aplicación del artículo 155, una fórmula que permite al Gobierno desde la suspensión de la autonomía, la inhabilitación de los cargos de la generalitat o la disolución del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones.
Ahora, la pelota está en el tejado de Puigdemont, que debe contestar al requerimiento del Gobierno.
Si rechaza la validez jurídica del documento que ha firmado deberá responder ante sus socios de la CUP, que le han amenazado con dejarle en minoría en la Cámara y hacerle caer. Si, por el contrario, insiste en la negociación y en la validez de lo firmado, caerá sobre su Ejecutivo todo el peso de la aplicación del 155.
ÁNGEL COLLADO Vía EL CONFIDENCIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario