Un nuevo ciclo histórico en España. EFE
Se ha conmemorado recientemente con la debida solemnidad el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, las que tuvieron lugar el 15 de Junio de 1977, diecisiete meses después del entierro de los restos del General en el Valle de los Caídos. A diferencia de lo que sucede en otros países del mundo occidental, donde las grandes efemérides patrióticas disfrutan de un clima de apoyo unánime de todo el espectro político y de la inmensa mayoría de la población, España ha sido, una vez más, diferente.
El principal protagonista de la Transición, que fue bautizado con el honroso título de motor de la misma, no ha sido invitado a la ceremonia de celebración en el mismo hemiciclo que le vio elevarse a la jefatura del Estado para pilotar la etapa más brillante de nuestra historia contemporánea, aquellos años legendarios en los que nuestro país pasó de la dictadura a la democracia sin ruptura y sin quebrar el orden legal. Una parte del Congreso, además, ha hecho rancho aparte para dejar claro que su interpretación de tan significativo aniversario es distinta y que, lejos del espíritu de reconciliación, concordia y patriotismo que debiera impregnarla, sigue instalada en el revanchismo, el rencor y el ansia destructiva. La incomprensible ausencia del uno y el empecinamiento vengativo de los otros demuestran que el nuevo ciclo que se avecina -existe una práctica unanimidad en dar el período iniciado hace cuatro décadas por agotado- no gozará de la misma voluntad compartida de renovación institucional sin traumas.
Tres hechos de estos días invitan a una reflexión objetiva y serena sobre el sistema político todavía vigente. Ciudadanos se ha negado a seguir negociando los Presupuestos con el Gobierno hasta que éste no acepte una reducción del IRPF para rentas medias y bajas, Albert Rivera y Pedro Sánchez han acordado que sus formaciones hagan un estudio conjunto de una posible reforma constitucional y la Guardia Civil ha comenzado a interrogar a funcionarios de la Generalitat en relación a su participación en los preparativos del referéndum ilegal anunciado para el primero de
Octubre. El cuadro que dibujan los acontecimientos cotidianos desde que estalló la recesión, surgieron con fuerza nuevos partidos y la ofensiva separatista se recrudeció en Cataluña hasta desembocar en el puro golpismo, ha multiplicado los intentos de analistas políticos e historiadores para entender las causas del descarrilamiento del régimen del 78.
La literatura al respecto es ya abundante y, como siempre sucede con los fenómenos sociales, los enfoques pueden ser múltiples, los diagnósticos variados y las explicaciones diversas. Hay un factor que subyace a nuestra actual crisis múltiple que no ha sido, curiosamente, mencionado por casi nadie y en el que he venido insistiendo últimamente sin demasiado éxito. Me refiero a la ya indisimulable realidad de que la maquinaria institucional, la normativa electoral y de partidos y el modelo territorial diseñados en la Transición fueron pensados por políticos en favor de sus intereses parciales sin que la sociedad civil, el empresariado y la comunidad académica tuvieran apenas influencia. Acostumbrados a "no meterse en política" desde 1939 en adelante, asistieron pasivamente a los trabajos de los profesionales del poder que, como es natural, construyeron un edificio para satisfacer su insaciable apetito de púrpura y también, y obscenamente, de dinero.
A años luz de lo acaecido cuando los padres fundadores de la gran nación americana, propietarios de feraces haciendas, prósperos comerciantes y ávidos lectores de la Biblia y de los clásicos griegos y latinos, redactaron su bien medida Ley de leyes a finales del siglo XVIII a partir de un profundo conocimiento de la naturaleza humana y sus muchas flaquezas, nuestros constituyentes, entre los que no figuró un solo liberal genuino, pusieron a los españoles a merced de una partidocracia voraz que se entregó enseguida con ininterrumpido entusiasmo, independientemente de adscripciones ideológicas auténticas o ficticias, a gastar sin freno, a incrementar el tamaño del Estado para engordar a sus clientelas, a exacerbar lo que nos divide, a denigrar lo que nos une y a robar a mansalva.
Ahora los actores recién llegados a esa escena crepuscular proponen cambios sustanciales en el argumento, en el elenco y en el decorado. Podemos pugna por sustituir la imperfección de nuestra maltrecha democracia por el horror del colectivismo totalitario, prestando así verosimilitud al planteamiento estaférmico de que es preferible el purgatorio al infierno. Ciudadanos rezuma buenas intenciones y muestra intuiciones acertadas con iniciativas aisladas correctas, pero le falta dar el paso decisivo de atacar el fondo del problema, que no es otro que reemplazar el Estado ineficiente, disfuncional, hipertrofiado, financieramente insostenible y pasto de élites políticas extractivas que padecemos, por una Administración de, por y para los ciudadanos, como proclamó un mítico campeón de la libertad. Esa es la cuestión nuclear, a mi juicio, del probado fracaso del sistema aún vigente y mientras la sociedad española no encuentre las energías movilizadoras y el instrumento político eficaz para esta indispensable operación de renovación y saneamiento, realizada, eso sí, con el tino y la prudencia requeridas, no saldremos del impasse en el que nos debatimos. Como suele suceder, la lucidez, si es solitaria, no aporta consuelo.
ALEJO VIDAL-QUADRAS Vía VOZ PÓPULI
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