El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
EFE/ Zipi
No parece enterarse Pedro Sánchez, el economista cum laude,
que las clases medias son el corazón que bombea el estado del
bienestar. Los que pagan las pensiones. Y la sanidad. Y la educación. Y
las que alientan el consumo. Y las que generan riqueza. Y dentro de
ellas hay muchos osados que, incluso, deciden liarse la manta a la
cabeza y vivir esa profesión de riesgo que supone convertirse en
emprendedor. No parece enterarse, o digamos mejor, no quiere enterarse Mr. Handsome,
que en la letra pequeña de los Presupuestos de Pablo Iglesias no sólo
se certifican algunas mentiras. Como ese cuento de que el “objetivo
fiscal es que aquellos que tengan más aporten más” en alusión a la
subida del IRPF para aquellos que cobren más de 130.000 euros anuales.
El anteproyecto de cuentas públicas también esconden un castigo
mortecino para esas clases medias que solapados a los ingresos de sus
nóminas o a los extractos de sus inversiones tendrán que asumir el goteo
del nuevo paquete fiscal urdido entre el huésped de Moncloa y el
aspirante que espera desde su millonario chalé.
En estos presupuestos de Robin Hood,
la exigencia sólo se aplica al 0,5% de la población, según Moncloa. A
los ricos. Otra falacia. Hagamos repaso. El españolito medio sufrirá el
impacto de la conocida como tasa Tobin cuando tenga la osadía de
adquirir unas acciones de Telefónica, Repsol, Santander, BBVA, Inditex…
El nuevo impuesto gravará con un “0,2% la compra de acciones emitidas en
España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a
1.000 millones”.
No parece enterarse Pedro Sánchez que los dividendos
que vienen cobrando los españolitos medios de estas cotizadas se han
convertido en esa decimotercera paga que complementa los ingresos
anuales. Dinero fresco que vuelve a inyectarse en la economía
estimulando el consumo o dedicándolo al ahorro. Otro de los términos
proscritos en estos Presupuestos ‘de la izquierda’. Según los cálculos
de Inverco, la patronal de la inversión colectiva y los fondos, la tasa
Tobin penalizará en un 6% la rentabilidad de los planes de pensiones
durante los próximos 25 años. Una noticia más que alentadora en un
entorno en el que otra de las medidas de este presupuesto, ligar las
pensiones al IPC real, cuestiona la sostenibilidad del sistema.
Otro
de los ejes del ahorro que se mortifica en este acuerdo se traslada al
ámbito de la vivienda. El pacto de Sánchez e Iglesias certifica la
muerte de la economía de mercado por ese afán ‘protector’ e
intervencionista en cuanto al alquiler. Bajo ese argumento de ‘evitemos
las burbujas’, PSOE y Podemos trasladan a los alcaldes la potestad de
regular las subidas de precios “abusivas” en zonas tensionadas. En este
sentido, Carmena y Colau podrán elaborar un índice de precios de
alquiler de referencia que se tomará como guía y que les permitirá
declarar "temporal y excepcionalmente" una zona urbana de mercado
tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas
"que obstaculice a sus habitantes al acceso y el disfrute de una
vivienda a un precio razonable". Intervencionismo en vena contra
aquellos propietarios, muchos de ellos de clase media, que verán mermada
la rentabilidad de su inversión –si finalmente la medida ve la luz-
mientras ayuntamientos como el de Madrid tiene paralizada la
construcción de vivienda social y protegida. Pero no contentos con el
hachazo en los precios, el pacto también sustenta la obligatoriedad de
ampliar el plazo de prórroga de los contratos de alquiler de tres a
cinco años en el caso de que el arrendador sea una persona física, y
hasta los siete años, si se trata de una persona jurídica. Además, sólo
éstos últimos tendrán que correr con los gastos de gestión inmobiliaria y
formalización del contrato y, en ambos casos, las fianzas quedarán
limitadas a un máximo de dos mensualidades de la renta y siempre en metálico. Fianzas que protegen al arrendador de posibles impagos.
Otro endurecimiento fiscal que planea sobre las rentas medias es el incremento en Sociedades que el Gobierno aplicará a la banca.
¿Alguien duda que el incremento al 18% de la tributación mínima sobre
la base imponible que se impone a las entidades de crédito y petroleras
no acabará repercutiendo en el consumidor? Todos los CEOs y presidentes
de los grandes bancos ya anunciaron que trasladarían a sus clientes el
impuesto a la banca. Que nadie piense que no sucederá lo mismo con esta
nueva versión mediante el incremento de las comisiones. Está por ver
cómo lo gestionarán las petroleras. Más teniendo en cuenta que todos los
‘ricos’ que conduzcan un diésel tendrán que asumir la nueva fiscalidad
de ese hidrocarburo maldito. Hace unas semanas, María Jesús Montero, la
sustituta de Montoro en Hacienda, ya echó cuentas del coste para el
conductor medio –según ella, el que hace 15.000 kilómetros al año con su
vehículo-. El nuevo impuesto tendrá un coste de 3,3 euros al mes. “Un
granito de arena”, en palabras de la ministra, “para que las próximas
generaciones puedan disfrutar de un planeta verde”. El ‘impuestazo’ al
diésel no afectará, sin embargo, ni a taxistas ni a transportistas,
precisamente dos de los colectivos que generan más emisiones con sus
vehículos.
También Zapatero pensó que con su infausto Plan E nos sacaría de la crisis y el resultado fue un fiasco tan descomunal como la frivolidad de quien a tontas y a locas lo impulsó
Pero el mayor castigo para todos, clases medias
incluidas, del pacto presupuestario es su falta de transparencia. El
documento de 50 páginas difundido presenta una trampa notable inicial y
es que desglosa la veintena de partidas de gasto que aumentan y no hace
lo mismo con los ingresos estimados. Es decir, se promete por ejemplo
aumentar los presupuestos para vivienda en unos 500 millones anuales
hasta 2021, mientras que no se detalla cuánto se obtendrá de las
distintas subidas de impuestos. Se ofrece un aumento de gasto seguro con
incierta forma de compensarlo para cuadrar las cuentas. En algunas
partidas de gasto se consigna toda la cifra para sacar pecho, como el
caso del Plan contra la Violencia de Género en que se subrayan 220
millones, cuando en realidad, lo que hay son 20 millones más que con el
PP. En cambio, en otras, como el aumento de las pensiones con el IPC,
sólo figuran los 704 millones que costará completar la subida hasta
llegar a la inflación real y no los más de 2.000 millones que supondrá
en 2019 ir más allá del 0,25% previsto en la ley.
El
Gobierno de la ejemplaridad vuelve a hacer aguas. Sánchez es ya solo una
marioneta en manos de sus aliados y que Iglesias se ha convertido, de
hecho, en el presidente bis de España. Aunque nada de lo pactado
garantice la aprobación de los Presupuestos, que necesitan del PNV y los
partidos golpistas catalanes -uno de los cuales ha reiterado su rechazo
radical a varias de las medidas del pacto- si el trágala al que
Iglesias ha sometido a Sánchez acabara en el BOE es
más que probable que entre todos consigan darle velocidad a la
desaceleración que sufre nuestra economía. También Zapatero pensó que
con su infausto Plan E nos sacaría de la crisis y el resultado fue un
fiasco tan descomunal como la frivolidad de quien a tontas y a locas lo
impulsó.
Hay muchas posibilidades, en todo caso, de que el
rimbombante pacto presupuestario, que deja quedar muy bien a Podemos
ante sus electores y muy mal al PSOE ante gran parte de los suyos, no
constituya, a fin de cuentas, más que una mera simulación, un nuevo
trampantojo destinado a hacer demagogia populista. Esperemos que
Bruselas ponga orden en tanto desmán. Por el bien de todos.
MIGUEL ALBA Vía VOZ PÓPULI
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