La propuesta del PSOE de introducir una renta mínima de inserción, la de algunos otros partidos de garantizar el empleo, otros colectivos solicitando la creación de una renta básica universal, las primarias socialistas francesas y los discursos de Bernie Sanders ponen de manifiesto la existencia de un debate que alcanza cotas de relevancia insospechadas hace no muchos años. Que este debate esté en pleno hervor, no solo en España sino además en otros países, no hace sino mostrarnos que la sensibilidad es común. La pregunta es si, realmente, dicho debate responde a una necesidad también común por introducir mecanismos correctores a una desigualdad que, en una sociedad globalizada, parece aumentar. La pregunta, en definitiva, es si dicho debate tiene una base razonable, una justificación, o simplemente son construcciones en el aire de grupos que pululan por realidades paralelas.
En primer lugar debemos entender qué motivos se suelen presentar para justificar el diseño de mecanismos correctores en la distribución primaria de la renta. Como la mayoría conocen, desde hace ya un tiempo, se ha venido observando que el peso de las rentas salariales en el total del valor añadido bruto –algo así como el volumen total de las rentas repartidas por la actividad económica– ha menguado. No solo el afamado trabajo de Piketty mostró esta tendencia. Otros trabajos académicos no menos relevantes han tratado de exponer este hecho así como plantear posibles explicaciones.
Así, aunque queda investigación por realizar, las razones para esta caída podrían resumirse en las siguientes. En primer lugar, la caída del precio del capital, gracias a la revolución tecnológica, que desplazaría de los procesos productivos al factor trabajo, en gran parte sustitutivo de las máquinas. En segundo lugar, este cambio tecnológico fuerza además a las empresas a renovar más rápidamente su capital, por lo que estas dedican cada vez más recursos a su amortización y por ello menos al pago de los factores productivos, entre ellos el empleo. En tercer lugar, el aumento de la propiedad inmobiliaria, y que eleva el peso que la renta imputada significa sobre el total de los ingresos de los ciudadanos. En cuarto lugar, a la difícil definición misma de qué es capital, ya que existen rentas que, aunque contablemente pueden ir dirigidas al factor capital, en realidad remuneran ciertos tipos de empleo, como son los autónomos.
Esta tendencia es común para los países del mundo. No estamos ante un cambio motivado solo por el comercio, aunque muy posiblemente muy impulsado por este. Pero la reciente irrupción de la competencia de los países emergentes no explicaría esta evidencia, pues también en estos países se observa tal caída de las rentas de los trabajadores.
Sin embargo, esta reducción no es homogénea entre los trabajadores. No se engañe. Una parte importante de los empleos se benefician de esta tendencia, en particular aquellos empleos en los cuáles su dotación de capital humano es importante, de tal modo que las tareas que desarrollan son complementarias a las máquinas. Ellos salen ganando.
Tenemos pues dos dimensiones por las cuáles avanza la desigualdad: trabajo-capital, empleo cualificado-no cualificado. En la intersección de estas dos dimensiones emergen los verdaderos perdedores del proceso. Aquellos cuyos ingresos son o van a ser cada vez menores. Son aquellos que perderán y no encontrarán sentido en un sistema económico que no los necesita, que los relegará a empleos mal remunerados y desde los cuáles cualquier proyecto de vida, y la de sus hijos, se verá seriamente dañado.
Una de las posibles consecuencias del aumento de la desigualdad es que puede llevar a transformarse en mayor pobreza. Este riesgo no es banal y ya existen quienes lo han internalizado. Por ejemplo, San Francisco, como saben, es una ciudad situada cerca de algunos de los puntos más dinámicos de la tecnología mundial. Cupertino y Palo Alto (Silicon Valley) están a menos de 80 kilómetros. Berkeley y Stanford no están más lejos. Estos centros generan unas de las economías urbanas más potentes del mundo. Recuerden que corresponden a centros neurálgicos del desarrollo tecnológico global. Sin embargo, San Francisco se caracteriza por dos cuestiones: su alto coste de vida y su elevada desigualdad (aquí y aquí). Las diferencias de ingresos entre los hogares que constituyen el 20 % más pobre de la zona metropolitana y los que se sitúan en el 95 % fue la mayor en Estados Unidos en 2012. Y las cosas no han mejorado. La explicación, el diferencial en el aumento de los ingresos de los hogares por percentiles y el aumento del coste de la vida motivado por los aumentos en productividad y que perjudican severamente a aquellos que menos tienen.
Por ello, no es casual que sea cerca de San Francisco, en Oakland, donde cien familias estén participando de un experimento piloto sobre renta básica universal conducido por la empresa Y Combinator. En este caso, se ofrece a estas cien familias una renta mensual de entre 1.000 y 2.000 dólares. El objetivo es algo así como “ experimentar” para conocer cuáles serán las reacciones de estas ante la existencia de este tipo de ayudas.
Aunque no es posible extraer conclusiones absolutas y categóricas de estas experiencias o similares como son las de la India, Kenya, Canadá o la finlandesa, sí es cierto que los primeros análisis refutan la idea de que una RBU pueda fomentar la vagancia y el parasitismo. Entre algunos resultados destacables de estos experimentos, merece la pena mencionar el aumento de la asistencia a la escuela de los hijos de estas familias, el aumento esperado de los ingresos futuros tanto de estos hijos como de los propios padres, el aumento del emprendimiento así como muchos otros resultados que vuelven a demostrar que una transferencia monetaria sin condicionar permite liberar a las familias de ciertas restricciones financieras, facilitando concentrar sus esfuerzos de un modo más eficiente en tareas como la educación de los hijos. Así pues, no existe una causalidad simple y lineal entre RBU y posibles consecuencias. El espectro de estas es mucho más amplio que el simple argumento de que no funcionaría solo porque daría razones para no trabajar.
Es cierto que este tipo de propuestas se enfrentan a problemas difíciles de resolver. La principal, su financiación. También, que la situación de las familias y su entorno difieren entre los diferentes lugares en los cuáles se ha experimentado. Esto lleva a relativizar las conclusiones que se puedan extraer. Sin embargo, esto no impide que al menos sea interesante diseñar una discusión seria y sosegada sobre el asunto.
En resumen, el debate está abierto. España se ha sumado al mismo con interés, en especial esta última semana. No es posible, al menos así pienso, poder enarbolar conclusiones absolutas sobre el mismo. Pero sí es necesario un debate serio. Debo reconocerles que hace muy pocos años yo mismo hubiera despotricado vilmente de gran parte de estas propuestas. Sin embargo, las tendencias recientes, no solo de la economía española, sino de gran parte de las economías occidentales, exige cuando menos un debate serio.
MANUEL ALEJANDRO HIDALGO Vía VOZ PÓPULI
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