Las regiones tienen en nómina a 1,74 millones de empleados, y solo algo menos de la mitad se explican por el traspaso de competencias
[Artículo publicado en ABC el 2 de abril de 2012 que sirve de base para comprender el panorama actual de la prestación de los servicios de sanidad y educación, mostrando la evolución cuantitativa del DESPILFARRO AUTONÓMICO previo a los recortes del periodo 2012-2016]
Los números cantan. Las administraciones públicas, especialmente las autonomías, aprovecharon los quince años ininterrumpidos de crecimiento y bonanza económica (1995-2008) para engordar sus gastos y su nómina de trabajadores. Pero incluso durante los años de crisis, lejos de aplicar ajustes de empleo o de gasto, los presupuestos se han seguido inflando y las contrataciones han continuado creciendo.
Tras culminar el proceso de traspasos de la sanidad, en 2001, los gastos autonómicos por este concepto casi se han duplicado, al pasar de los 34.552 millones que las arcas regionales dedicaban a este capítulo a los más de 64.000 con que cerraron 2009. Además, durante toda la década, el ritmo de aumento anual ha estado en entorno al 10%, salvo en 2009, donde el aumento se redujo al 5,7%.
Gasto de las comunidades autónomas
Otro tanto ha ocurrido con el gasto en educación, donde se ha pasado de algo más de 22.000 millones en el año 2000 a 44.000 en 2009.
Y con el empleo, ha ocurrido otro tanto. El proceso de transferencia de competencias, casi dos mil acuerdos desde la llegada de la democracia, ha implicado un traspaso de personal desde el Estado a las comunidades de 821.357 personas, cifra, sin embargo, que apenas supone el 47% de los asalariados de las administraciones regionales, que superan los 1,74 millones.
Podría pensarse que, además del traspaso de competencias, el aumento del empleo se debe a un incremento paralelo de la población, pero las cifras vuelven a decir lo contrario. Según un informe de la CEOE, sobre la eficiencia del sector público, al que ha tenido acceso ABC, entre 1996 y 2010 el crecimiento de la población en España fue del 18,5%, frente al 35,1% que aumentó el personal del sector público.
Duplicidades
Por tanto el ensanchamiento de las nóminas autonómicas, concluye el citado informe, no se explica solo por estos dos conceptos —traspaso de competencias y más población— sino también a causas como un aumento de la oferta pública de empleo en zonas de menor actividad económica, a posibles duplicidades en las competencias, o a una menor eficiencia en la distribución del persona.
Estos datos muestran, según la CEOE que hay una tendencia histórica en España al incremento continuado en el empleo público en todas las administraciones y a una producción del sector público más intensiva en trabajo que en capital y tecnología en comparación con otros socios europeos. Así, el empleo público se ha más que duplicado en los últimos 30 años, mientras que el crecimiento del empleo en el sector privado en este mismo periodo ha sido del 50%.
Y si se toma como referencia la crisis actual, la diferencia entre el comportamiento del sector privado y público en materia de empleo es incluso mayor. Entre 2008 y 2010 el empleo en el sector privado cayó un 12,1%, mientras que en el público aumentó un 7,4%. Dentro de las administraciones, son las autonómicas las que concentraron la mayor parte de este incremento, el 96% del nuevo empleo público. Y durante este periodo apenas hubo traspaso de competencias, por lo que el alza no se justifica, como algunos gobiernos regionales argumentan, en ese motivo. El trasvase de la sanidad y la educación, las dos partidas que acaparan más del 50% de los presupuestos autonómicos concluyeron en 2001 en el caso del Insalud, y entre 1996 y 1999 en educación.
No obstante, España no sale muy mal parada en la comparativa internacional en cuanto a número de trabajadores públicos. El total de empleo público por cada mil habitantes está en la media de la OCDE. Sin embargo, la remuneración de los asalariados alcanza al 26,1% del gasto público total, ratio muy superior al de la UE o la eurozona, donde se sitúan en torno al 22%, de lo que se deduce que nuestro sector público es más intensivo en trabajo pero menos productivo.
Así, según los datos de la CEOE, el aumento de los gastos de personal en el sector público en España entre 1995 y 2009 (140%) ha sido muy superior al de Italia o Reino Unido, casi el triple que en Francia, y 27 veces más que en Alemania, donde apenas han crecido el 5,2% (ver gráfico adjunto).
Más paro, más gasto
De hecho, la remuneración de los asalariados no ha dejado de crecer en los últimos diez años, y además a ritmos superiores al 5%, salvo en 2010. Pero los mayores incrementos no estan en los funcionarios o en los sueldos regidos por los Presupuestos, sino en el abultado crecimiento de organismos, entes, empresas y agencias públicas que no están sometidos al control de esa ley, y han podido eludir el control del gasto público.
Dentro de España hay diferencias entre las distintas administraciones, y entre autonomías y ayuntamientos. Esta partida supone, de media, casi el 31% del presupuesto regional y cerca del 34% del gasto total de los ayuntamientos. Y además hay una correlación entre las regiones y municipios con mayor tasa de paro y los que tienen mayor gasto de personal.
Estas cifras, concluye la CEOE, «obligan a considerar la reducción del coste de personal e incluso la reducción de efectivos», aunque recuerda que no todos los trabajadores del sector público son funcionarios. Las cifras muestran que en las administraciones locales, las que tienen más gastos por este concepto, solo hay un 32,8% de funcionarios, frente al 75% de la administración central. En las comunidades el porcentaje de funcionarios sube al 66%. Para el conjunto de las administraciones los funcionarios suponen un 60% del total de ocupados; el personal laboral, alrededor del 26% y otro personal, en torno al 14%.
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