Hace casi cinco años, en Marzo de 2012, recién llegado al Gobierno Mariano Rajoy, escribía en Facebook un artículo que titulaba “MEDIDAS URGENTES”. Decía entonces que “el enfermo que recibía el nuevo Gobierno, España, estaba necesitado de una ‘cirugía a tronco abierto’ y que no aparecieran más metástasis de las esperadas, en referencia a que había que ‘coger el toro por los cuernos’ y darle la vuelta al calcetín que la crítica situación exigía. La mayoría absoluta que le otorgamos a Rajoy nos daba derecho a exigir una serie de actuaciones contundentes y rápidas”.
Decía también que no tenía “duda de que D. Mariano Rajoy” sería “mejor Presidente del Gobierno que líder de la oposición –ahora no estoy tan seguro-, pero esa mayoría absoluta y la preocupación de la sociedad española por la situación heredada del socialismo, una más de las transmitidas a lo largo de su historia, exigían atacar de raíz algunas cosas y reestructurar el orden perdido en los siete años anteriores que habían sido el triste final de una situación que se había venido deteriorando desde hacía 35 años, por unos gobiernos débiles que, salvo en el aspecto económico de la primera legislatura de Aznar, no habían sabido -o querido- poner las cosas en su sitio”.
Añadía que se heredaba “un sistema autonómico mal diseñado, producto del “café para todos” del Profesor Clavero en la época de Suárez, convertido en depredador insaciable e imposible de mantener, que no tenía límite en su ansia de poder e incremento del gasto. Eso, sin entrar en la descabellada distribución que se hizo del territorio nacional que daría para otro artículo-, con la creación de nuevas autonomías uniprovinciales sin razón histórica, geográfica o social que lo justificara, como Cantabria, La Rioja o Murcia, aparte de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
Me refería entonces a que había “partidas de gastos de urgente actuación sin paliativos, como la supresión de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos y a tantas organizaciones más que dudosas creadas al amparo de estos, sobre todo de los partidos de izquierdas. Estas organizaciones, excepto en el caso de los partidos políticos con representación parlamentaria, que lo sería de forma parcial, deben mantenerse, exclusivamente, con las cuotas de sus afiliados y, si no pueden subsistir con ellas, resulta evidente que no despiertan el interés mínimo y su mejor destino es la desaparición y que surjan otras que atraigan más a los ciudadanos”.
Hablaba de que era urgente “la recuperación por el Estado de algunas transferencias que nunca debieron salir del ámbito estatal, como Sanidad, Justicia y Educación, de manera fundamental, fuente esta última de la mayoría de los problemas -si no de todos- de desaparición del sentido de nación que debería imperar en España. Se han creado “sentimientos nacionalistas” inexistentes en la mayoría de las regiones para satisfacer, con creces, las demandas, supuestamente “históricas”, de vascos y catalanes. Educación común, Sanidad común y Justicia común para todos los españoles harían que se cumpliese el Artículo 14 de la Constitución, tan denostado por la vía de los hechos”.
Pedía también que se pusieran “en su sitio a los nacionalismos mediante la modificación que proceda de la Ley Electoral, para que representen lo que realmente significan sus regiones, en lugar de tener una cantidad de escaños desproporcionada en el Congreso, que les permite ejercer una fuerza que no les correspondería, cuando los dos grandes partidos no obtienen mayoría absoluta y que les han permitido conseguir cuotas de poder que está llevando a España a situaciones de difícil, si no imposible, retorno. Ejemplo de lo cual fue la sentencia del TSJ de Cataluña en su fallo contra el Tribunal Supremo respecto a la lengua vehicular de enseñanza. ¿Hay mayor aberración en un sistema que el de que un tribunal regional falle en contra -y por encima- del Supremo?”.
En esa línea, pedía que “dentro de esa puesta en su sitio de los reyezuelos autonómicos, se les obligase a reducir algunos gastos megalómanos imparables, como los derivados de establecer ‘embajadas’ regionales en multitud de países, así como su irrefrenable tendencia a la creación de empresas públicas autonómicas, la mayoría de las veces sin objeto empresarial alguno, sino como lugares de colocación de familiares, amigos o compañeros de partido o sindicalistas, con pérdidas crecientes y, muchas veces, fuentes de desvío descontrolado de fondos públicos”.
Terminaba aquel artículo reconociendo que “Podría seguir hasta hacerlo interminable, pero que me conformaría con que se tomaran esas medidas con carácter urgente”, añadiendo que “la mayoría de los españoles tenemos más sentido común que el que demuestran los partidos políticos y sindicatos (estos, directamente ninguno). Puestos estos en su sitio, los sindicatos, y limitado el poder de las Autonomías nacionalistas, aunque “en las puertas del quirófano” se presentasen los paniaguados alborotadores de siempre, la aplicación de las leyes sin reservas ni contemplaciones harían el resto y la sociedad española, que ha demostrado suficiente madurez en muchas ocasiones, estoy seguro de que sabría entender la dureza de estas medidas”.
Pues bien, casi cinco años después, con dos elecciones generales en menos de un año, cuatro debates de investidura y un Gobierno en minoría que hace prever una difícil, y tal vez breve, legislatura, si bien es cierto que con una situación económica bastante mejor que la recibida -España crece y se crea empleo- gracias al esfuerzo de todos los españoles y con algo más de confianza exterior, parece que sigue faltando la decisión firme de aplicar las leyes, empezando por la Constitución, con el rigor necesario para que se hagan cumplir hasta sus últimas consecuencias, especialmente en la autonomía nacionalista que ha dado varios pasos desde entonces, referéndum incluido, en su decidida postura de romper España, algo que -como señalaba- puede marcar un camino de difícil retorno para algunas regiones que ya apuntan en esa línea y otras que, sin haber dado muestras de ningún sentimiento regionalista, están empezando a dar señales de que esa vía podría alimentarse si Cataluña consigue su objetivo.
¿Hay que seguir confiando en que el Sr. Rajoy sabrá gestionar esta difícil situación política con un Gobierno en minoría cuando no lo hizo con una mayoría absoluta aplastante en todos los niveles de la Administración? ¿Será capaz por la vía del “diálogo sin fecha de caducidad” de aplacar los desafíos soberanistas de Cataluña, que incumple sistemáticamente las sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional después de cinco años de “diálogo” con un ‘sordo’ que sigue su camino sin escuchar?
La duda es razonable y se necesita, por parte del Gobierno, alguna señal clara de que la solución es posible para retomar la senda de estabilidad que España necesita a fin de no desperdiciar esta etapa de crecimiento económico. Hasta ahora sólo se ve más de lo mismo, subida de impuestos -otros, pero subida- e incremento del gasto, por lo que seguir pidiendo esfuerzo a todos los españoles, sin contrapartida en el recorte ni firmeza en la observación de las leyes, no deja vislumbrar un horizonte sereno y despejado. Eso sí, subieron un 0’25 % las pensiones. Vamos bien.
ANTONIO DE LA TORRE Vía EL DIESTRO
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