La reforma de la Carta Magna pasa por la supresión del Tribunal Constitucional. No solo por la irresponsabilidad de los partidos, sino por sus frecuentes excesos de jurisdicción
Deberíamos formularnos algunas preguntas: ¿por qué el Tribunal Constitucional no ha dictado aún sentencia en el recurso contra la ley del aborto interpuesta por el PP en junio de 2010?, ¿por qué se demoró en resolver sobre el Estatuto catalán cuatro largos años invalidando con su sentencia, de facto, el referéndum de su ratificación?, ¿por qué el órgano de garantías constitucionales no ha fallado ya sobre el conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Gobierno para determinar si este se sustrajo inconstitucionalmente durante más de diez meses al control del Parlamento? Podríamos seguir interrogándonos sobre las premuras y demoras, por losritmos arbitrarios tantas veces, del Tribunal Constitucional. Pero todas ellas tendrían una sola respuesta: el máximo intérprete de la Constitución está sometido a una lógica político-partidista en vez de atenerse a la jurídico-institucional.
Si siempre el nombramiento de magistrados del TC y la elección de su presidente y vicepresidente han sido materias de transacción política —tanto con gobiernos del PSOE como del PP— la actual parecía una buena ocasión para detener esta deriva y propiciar una selección de los magistrados por su carácter técnico y por su reputación, al margen de su adscripción ideológica, y también de permitir que fueran los doce miembros del tribunal los que, sin indicación de los partidos políticos, eligiesen de entre ellos al que deba presidirlo. El Constitucional tiene por delante graves desafíos y el catalán es el más importante de todos. Más aún cuando —discutiblemente y solo gracias a la mayoría llamada “conservadora”— el órgano ha declarado constitucional la reforma de la ley orgánica que le dota de poderes de ejecución de sus sentencias (con medidas “no punitivas” y de carácter “temporal” como la suspensión de cargos públicos que las desacaten), de la que se encargaba la justicia ordinaria a instancias del Ministerio Fiscal.
La actual situación política parecía idónea para propiciar una selección de los magistrados al margen de su adscripción ideológica
El Senado debe ahora elegir cuatro magistrados y el tribunal, designar luego a su presidente y vicepresidente. El mercadeo ha sido más impúdico y desvergonzado que nunca. El PP ha renunciado, al parecer, a que Andrés Ollero asuma la presidencia por el veto del PSOE, ya que ese magistrado fue diputado popular y es miembro del Opus Dei. El PSOE habría propuesto a Cándido Conde Pumpido —ex fiscal general del Estado con Zapatero—, y socialistas y populares estarían ahora trajinándose la presidencia para hacerla recaer en un magistrado “indoloro”: el muy conservador Juan José González Rivas, alejado de la capacidad de persuasión interna del actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos. En cualquier caso, los dos partidos —Ciudadanos no ha querido entrar en esta impúdica negociación— siguen imponiendo en el Constitucional una dinámica que los ciudadanos están en su derecho a considerar sectaria.
El Tribunal Constitucional lo destrozó —en términos de credibilidad— el Gobierno de Felipe González con la pírrica sentencia del llamado caso Rumasa. En 1983 el TC sentenció que el decreto ley expropiatorio del grupo de Ruiz Mateos —medida auspiciada por Miguel Boyer— se ajustaba a la Constitución. La resolución tuvo seis votos a favor y seis en contra y el Gobierno de González salió indemne gracias al voto de calidad del entonces presidente, Manuel García Pelayo. Este jurista había regresado del exilio y se volvió al exilio: murió en Caracas en 1991. Se marchó en 1986, entre otras razones, porque fue duramente presionado en el caso Rumasa.
No terminó su segundo mandato en el Constitucional y dimitió de su cargo cinco meses antes de que expirase. Luego se han sucedido episodios nada edificantes que han terminado por deteriorar seriamente la reputación del TC hasta llegar al mercadeo de estas semanas.
Una de las reformas que requiere nuestra Carta Magna consiste en la supresión del Tribunal Constitucional. Sería una medida drástica pero necesaria. Además de por la fagocitación de su reputación, por la irresponsabilidad de los partidos, también por sus frecuentes excesos de jurisdicción que protagoniza en detrimento del Tribunal Supremo y que han causado en algunos momentos graves crisis institucionales. Bastaría que una sala del Tribunal Supremo, integrada por magistrados vitalicios (como en EEUU) asumiese las facultades de interpretación de la constitucionalidad de las leyes, la resolución de los conflictos de atribuciones y competencias y la de los recursos de amparo. Máxima profesionalización y mínima intervención político-partidaria. Mientras no se aborde esta reforma —el TC es difícil que remonte el vuelo con el actual episodio de transacción del que es víctima— nuestro sistema de garantías constitucionales seguirá en entredicho. Y el secesionismo catalán —o cualquier otro—, en condiciones de dotar de verosimilitud a la descalificación de sus sentencias.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Vía EL CONFIDENCIAL
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