Ahí le duele. En que para, el Banco de España de la época -2010, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobierno de Rodríguez Zapatero-, las cláusulas suelo que los bancos han impuesto -impuesto, no negociado- durante años a los ciudadanos que acudían a solicitar una hipoteca, eran unas condiciones defendibles porque servían para dar estabilidad al sistema financiero, lo cual, a juicio del supervisor, era un asunto de interés público. Y nadie va a discutir a estas altura semejante afirmación. Lo que choca y escandaliza es comprobar cómo las necesidades, la estabilidad financiera y el trato equitativo y justo al ciudadano no formaban parte, para el Banco de España, de una cuestión de interés general tan defendible como las necesidades de las entidades financieras españolas.
Que se ha producido un abuso continuado sobre el consumidor español está fuera de toda duda, pero ha tenido que venir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a dejarlo definitivamente claro para vergüenza de nuestro Tribunal Supremo, que no se atrevió a cargar en términos absolutos contra este abuso y puso como límite para las posibles reclamaciones judiciales la fecha en la que se había hecho pública la sentencia. De nuevo el temor reverencial hacia las necesidades -¿exigencias?- de la banca española y de nuevo el desprecio hacia la defensa sin paliativos del interés general que constituye la defensa del consumidor frente a las pretensiones de los poderosos.
Y ahora los bancos se encuentran con que el coste de haber intentado asegurarse un colchón que les protegiera frente a las previsibles bajadas de los tipos de interés como el euribor les va a salir más caro de lo que les hubiera supuesto afrontar los riesgos inherentes a un futuro incierto como el que se perfilaba en el horizonte a la altura del año 2008. Porque ahora se encuentran con sentencias que les obligan a devolver lo cobrado más los intereses que le hubieran reportado a cada afectado el tener ese dinero disponible en su cuenta bancaria.
Y no se piense aquí que la que suscribe siente hostilidad irracional y cerril hacia las entidades financieras y celebra todo lo que las perjudique. Al contrario, la estabilidad del sistema es básica en toda economía de mercado y la condición inexcusable para el desarrollo de un país. Pero no es admisible que un organismo como el Banco de España, que está obligado a advertir de los riesgos y de los abusos que se produzcan en el sistema, y a impedirlos en la medida de sus posibilidades, ignore de esa manera tan flagrante al ciudadano, que es la base sobre la que se construye todo lo demás.
Y no es ésa la única amenaza a la que se enfrentan los bancos. Ahora mismo el Tribunal Supremo ha establecido en sentencia que no se pueden cobrar al prestatario los gastos que corresponden al interés del prestador. Es decir, que los gastos de notario, de registro y de los actos jurídicos documentados deben ser asumidos por el banco que concede la hipoteca y, en todo caso, asumidos a partes iguales por ambos actores, porque es a la entidad, y no al solicitante del préstamo, a quien interesa tener garantizado el proceso en todas sus fases. De sustanciarse en reclamaciones judiciales lo establecido por el Supremo entraríamos en “modo pánico financiero” porque son millones los españoles con hipotecas “vivas” que podrían reclamar a su banco la devolución de unos gastos que por término medio no bajan de los 3.000 euros por hipoteca. Sólo hay que multiplicar.
Esto es lo que sucede en un Estado de Derecho cuando una de las partes, la más fuerte, intenta abusar de la parte más débil: que puede intervenir la Justicia y devolver las cosas a un lugar en el que, finalmente, al abusador le habría salido más rentable no haber apretado tanto a su víctima. Pero lo que es inconcebible es que el poderoso, el que tiene la sartén por el mango, reciba el apoyo pleno del Banco de España, que es el organismo encargado de defender el interés general. El verdadero, el que nos incluye a todos.
VICTORIA PREGO Vía EL INDEPENDIENTE
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