Ningún consejero de Hacienda sería capaz de explicar hoy a sus paisanos cómo funciona el sistema de financiación, más allá de lugares comunes
Es paradójico, muy paradójico, que el criterio de selección de los 15 miembros que formarán parte de la comisión de expertos que hará una propuesta sobre cómo reformar la financiación autonómica (17 si se suman País Vasco y Cataluña) sea que cada región elija a su propio representante.
Es como si para estudiar una enfermedad con el fin de hacer un diagnóstico o para discutir un proyecto científico, la dirección del hospital o el CSIC eligieran a los especialistas de turno en función de su tierra natal o de dónde pagan los impuestos. Pero eso es, exactamente, lo que se ha decidido este martes en la Conferencia de Presidentes. Cada Gobierno regional nombrará a su representante, y ya dice el viejo refrán que quien paga, manda. Sobre todo en un país poco acostumbrado a dejar trabajar a los expertos. Al menos, como adelantó ayer el presidente extremeño, Fernández Vara, hay un compromiso de que los miembros de la comisión procedan del mundo académico. Veremos.
Parece evidente que lo que puede salir de esa comisión —la última palabra la debería tener el Consejo de Política Fiscal y Financiera— es un tejido normativo lleno de remiendos. O lo que es peor, una especie de engendro con formas de Frankenstein nacido no para competir con Dios, como en el mito de Mary Shelley, sino para alargar la vida a un sistema de financiación autonómica que peca, fundamentalmente, de complejidad y de parches. Precisamente, porque a lo largo del tiempo cada comunidad autónoma ha metido la ‘cuchara’ en el invento para satisfacer sus demandas internas. Al final, lo que ha salido es un monstruo de 15 cabezas (País Vasco y Navarra no cuentan) que tiene mucho de criatura maléfica. Ningún consejero de Hacienda sería capaz de explicar hoy a sus paisanos cómo funciona el sistema de financiación, más allá de lugares comunes.
Parece que lo razonable hubiera sido elegir a media docena de expertos —España cuenta con una vieja tradición de especialistas en financiación territorial— capaces de dar forma a un asunto necesariamente complejo. No en vano, afecta a los servicios esenciales de los ciudadanos.
Lo complejo no siempre está reñido con la simplicidad. Y parece evidente, al menos eso es lo que reclaman las mejores cabezas de este país en esa materia, que lo que se necesita es sencillez. Precisamente, para avanzar hacia un modelo de financiación autonómica encajado en la Constitución, que no dependa tanto de clientelismo político. Y que avance realmente en la corresponsabilidad fiscal, que no es otra cosa que la coherencia entre lo que se gasta y lo que cada región es capaz de recaudar. Evidentemente, con elementos de solidaridad horizontal y vertical capaces de aumentar la cohesión social. Incluyendo, por supuesto al País Vasco y Navarra, ausentes ahora de la solidaridad regional.
El tiempo dirá lo que sale de ahí (hay un año por delante para cerrar el nuevo modelo), pero hay un riesgo cierto de que una vez más se pierda esa visión de conjunto que solo se puede garantizar si no se ‘regionalizan’ las discusiones.
Ese localismo a la hora de plantear los problemas de fondo de la financiación autonómica es lo que explica los escarceos verbales que tuvieron ayer las presidentas de Madrid y Andalucía, Cristina Cifuentes y Susana Díaz, a cuenta de los impuestos cedidos totalmente. En particular, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. La segunda acusa a la primera de hacer 'dumping' fiscal (con tipos bonificados al 100%) y la primera se queja porque sabe que si sube el IRPF (al ser Madrid una contribuidora neta), la recaudación extra se la llevará el resto de CCAA.
Lo que hay detrás de esa refriega es, sin embargo, residual en términos de recaudación. Pero las dos saben —Díaz y Cifuentes, Cifuentes y Díaz— que se trata de un asunto puramente ideológico en el sentido más pobre del término, y de ahí que cada vez que tienen oportunidad sacan el asunto para marcar terreno (ideológico).
Lo cierto es que Andalucía recauda por el impuesto del patrimonio menos de 100 millones de euros (95,3 millones en 2013), mientras que en sucesionesapenas ingresa 344,18 millones. No parece mucho teniendo en cuenta que el Presupuesto regional para 2017 asciende a 33.219 millones, lo que refleja que estamos ante una discusión más partidista que real. Tampoco el impuesto del patrimonio sacará a Madrid de sus miserias. Recauda poco más de 103 millones, mientras que en sucesiones y donaciones ingresa poco más de 425 millones. Tampoco parece mucho para unos Presupuestos (prorrogados) que rondan los 18.000 millones de euros.
Este localismo rancio y un tanto desfasado a la hora de enfrentarse a un nuevo modelo de financiación es, en realidad, el riesgo. Está bien que cada Gobierno regional defienda los intereses de sus paisanos, pero sin una visión de conjunto, es probable que estemos ante el nacimiento de un nuevo monstruo.
CARLOS SÁNCHEZ Vía EL CONFIDENCIAL
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