El mercado laboral español presenta graves deficiencias que, en muchos casos, son estructurales. Por un lado, existe un déficit crónico de demanda, que hace que España tenga una tasa de paro, pero sobre todo de empleo, que hace casi imposible que España pueda acercarse a las cifras razonables de otras economías. Pero al margen de estos factores, existen otros que siguen enquistados tras años de reformas inútiles y traspaso de competencias a las CCAA.
A los problemas de demanda, el mercado laboral español adolece de graves problemas de oferta y funcionamiento institucional
Uno de estos elementos son las mal llamadas políticas activas de empleo y la intermediación laboral. En primer lugar, hay un problema presupuestario. España dedica apenas un 0,5% del PIB en este tipo de políticas, frente al 0,9% de Francia, o 0,7% de Bélgica y 0,6% de Alemania. Esto conlleva que, al margen de la eficiencia de las políticas puestas en marcha, hay claramente un déficit de inversión en capital humano, en formación y cualificación y sobre todo en mediación e intermediación.
La peculiaridad del modelo español nos lleva a que, en la misma oficina del SEPE, antiguo INEM, conviven las dos administraciones. Las políticas pasivas, el pago de subsidios de desempleo, cuya actividad languidece ante el descenso de parados que perciben la prestación y cuya eficiencia podría pasar el corte. Y por otro lado, la política de intermediación y las políticas activas, que es donde la administración hace el ridículo, con una tasa de colocación que no llega al 2% del total de empleos creados. Esto, sin duda, es una de las asignaturas pendientes del sistema público de empleo.
El problema más acuciante es el de la intermediación, laboral, con apenas un 2% del total de empleos gestionados por el SEPE
Ante este fracaso, el ejecutivo de Zapatero, primero, y luego Rajoy, se han lanzado a un experimento utilizando agencias privadas de colocación para ver si son capaces de superar el método más utilizado en España para encontrar empleo: amigos, conocidos o familia, especialmente si perteneces a un percentil de renta elevado. Esta solución, muy típica de ejecutivos incapaces y que apenas creen en el servicio público. El primer concurso para la provisión de empresas que gestionasen la intermediación, que han incluido a entidades religiosas, ha sido un fracaso, y posteriormente va a ser anulada judicialmente, como ya lo ha sido en el País Vasco, al invadir competencias autonómicas.
El resultado final es que estamos ante la casilla de salida: el SEPE, en su versión autonómica, es un auténtico fracaso, lo que añade mayor presión social hacia unos agentes económicos que son incapaces de solucionar el déficit de oferta que tiene el mercado laboral español. Esta incompetencia del SEPE también ha sido objeto de análisis y evaluación por parte de instituciones supranacionales, algo que no se hace en España. El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha emitido un dictamen demoledor que debería ser estudiado y corregido por parte del ejecutivo de Rajoy y Bañez. Este dictamen hace referencia al despilfarro de los 30 millones de euros invertidos en agencias privadas de colocación, sin ningún sistema de evaluación de las empresas seleccionadas, algo muy típico en España.
El Consejo de Europa constata el fracaso y la falta de inversión en la intermediación laboral en España
En segundo lugar, los recortes de personal que Rajoy implementó a partir de 2012, dejaron fuera a más de 1200 orientadores laborales, sin que entiendan que esta es la única forma de apoyar a los parados a encontrar un empleo. Otra cosa es qué tipo de empleo acabará encontrando.
Por tanto, si la intermediación no funciona, y las políticas activas tampoco, no es de extrañar que España tenga una de las tasas de actividad más bajas de toda la UE, apenas un 58,9%, lo que sin duda es una rémora para el crecimiento potencial de la economía española. ¿Y qué se está haciendo en este campo? En el sistema pública de formación para el empleo no encontramos, una vez más, con algo desfasado, fallido y sin ninguna evaluación posterior. Por un lado, la oferta formativa es, en muchos casos, antigua, desfasada y sin contar con las empresas para su diseño, como es el caso del sector aeronáutico, precisamente un sector donde la innovación y el estar al día, es esencial. Se siguen ofreciendo los mismos certificados de profesionalidad que hace 10 años, precisamente en un momento en el que la digitalización y robotización avanza a un ritmo endiablado, sin que la administración se encargue de dibujar un mapa real de formación acorde con la situación del mercado laboral.
El Sistema de Formación para el Empleo es otro elemento fallido que sigue anclado en la economía digital
En resumen, en un mercado sin pulso por el lado de la demanda, y con graves deficiencias de funcionamiento institucional, es imposible que España alcance unas tasas de empleo, actividad y paro acordes con nuestro entorno. La administración es una rémora en materia de intermediación y políticas activas de empleo, primero por insuficiencia de inversión y segundo por falta de un diseño adecuado y un seguimiento que mejore la eficiencia. Por todo ello, hay que cerrar estos estamentos y diseñar otro modelo más parecido al danés o al francés, y por supuesto cambiar drásticamente el sistema nacional de formación para el empleo. Pero no soñemos, nada de esto ocurrirá.
ALEJANDRO INURRIETA Vía VOZ PÓPULI
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