Adolfo Suárez, diputados y miembros del Gobierno aplauden la aprobación de la Constitución
Las Fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad han programado un acto que, dentro de su ciclo sobre el necesario fortalecimiento de España, han querido dedicar a la reforma de la Constitución. Las dos preguntas que se van a plantear a los participantes son si una modificación de la Ley de leyes vigente podría contribuir a afrontar la crisis múltiple que padece España, política, moral, económica, institucional y de unidad nacional, y si procede aplicar o no el artículo 155 para atajar el golpe de Estado que los separatistas catalanes están preparando con publicidad y generosamente financiados por el Tesoro público. Ambas cuestiones tienen un indudable interés académico, político y práctico, aunque la respuesta que se puede dar en el plano teórico no coincida con la viabilidad material de lo que se proponga.
La Carta Magna aprobada por una mayoría aplastante de españoles en 1978 se ha desarrollado y mantenido en vigor durante cuatro décadas y, por consiguiente, existe ya una amplia experiencia sobre sus resultados, su calidad técnica y su adecuación a los cambios que el tiempo nos ha ido ofreciendo. Una conclusión que aparece como bastante probada es que el texto que contiene nuestro ordenamiento básico está plagado de lagunas, inconsistencias e imprevisiones. Se ha dicho y repetido que los sistemas de gobierno de las democracias liberales han de partir de un supuesto clave: la desconfianza hacia los gobernantes, es decir, la necesidad de controlar y vigilar al poder. Cuando unos seres humanos otorgan a otros, incluso voluntariamente, la capacidad de dictar leyes y dirigir la sociedad, les están atribuyendo automáticamente una facultad peligrosísima, que es la de abusar de los medios que se pongan en sus manos para cumplir con el cometido que se les encomienda.
En la Transición se asumió seráficamente que, por una parte, los nacionalistas, agradecidos y satisfechos por las amplísimas competencias de autogobierno de sus Comunidades Autónomas y el alto grado de reconocimiento otorgado a las lenguas vernáculas, discurrirían pacíficos y leales por la senda constitucional y, por otra, que la izquierda mantendría su compromiso con la integridad territorial de la Nación y con los principios esenciales del libre mercado. Asimismo, se creyó que estos dos sectores darían por cerradas definitivamente las heridas de la Guerra Civil y respetarían el espíritu de reconciliación imprescindible para una convivencia armónica y pacífica. Pues bien, ni una cosa ni la otra. En Cataluña ya se ha fijado fecha y procedimiento para liquidar a uno de los Estados nacionales más antiguos de Europa y, a nivel general, un Podemos dogmático y sectario y un PSOE dirigido por un amateur fluctuante están entregados con entusiasmo a acabar con el crecimiento, el empleo y las libertades civiles, a la vez que dispuestos a entregar maniatada la Nación a la furia destructora de los secesionistas.
La esperanza de que a estas alturas de la película una reforma constitucional que blinde la indivisibilidad de la soberanía nacional, implante una verdadera separación de poderes, arranque al país de las garras voraces de los partidos y garantice el derecho de propiedad y la libre empresa, sea posible y factible, no parece justificada. Y eso es así porque no se dispone de la mayoría social que pudiera respaldar una operación de semejante ambición y alcance ni tampoco las principales fuerzas parlamentarias albergan la energía, el coraje y las convicciones requeridas.
Ni siquiera una serie de retoques que corrigieran las deficiencias más notorias de la Ley Fundamental serían aceptados en el clima de maniqueísmo, rencor y revanchismo que nos aflige. Por ejemplo, la supresión del término “nacionalidades”, la garantía del uso de la lengua común en la enseñanza y en las relaciones con la Administración, la independencia de la Fiscalía, una clara delimitación de las competencias del Estado y de las Autonomías, la eliminación del Artículo 150.2, la atribución del recurso de amparo al Tribunal Supremo o el control por parte del Estado de los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, entre otros varios puntos de evidente conveniencia, no conseguirían ahora el mínimo acuerdo que permitiera llevarlos adelante.
En cuanto a la aplicación del Artículo 155, salta a la vista que debiera haberse puesto en marcha hace ya bastante tiempo y que, salvo que este Gobierno de desideologizados funcionarios haya renunciado tácitamente a preservar la supervivencia de la Nación que le ha sido confiada, tendrá que activarse irremediablemente, aunque tarde, mal y seguramente sin la contundencia y la firmeza que una acción de esta naturaleza extrema demanda.
La Constitución del 78 fue fruto de un momento muy especial que confundió un espejismo con la realidad. Una realidad dura, desagradable y decepcionante que ni la retórica más encendida ni el voluntarismo más contumaz pueden ocultar.
ALEJO VIDAL-QUADRAS Vía VOZ PÓPULI
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