Libertad económica y presión fiscal. EFE
Los índices, clasificaciones y rankings son una de las maneras más fáciles que tiene una ONG para llamar la atención. Es un ejercicio relativamente simple: basta con coger una serie de estadísticas más o menos relacionadas entre ellas, darles una puntuación y peso más o menos coherentes, y calcular una cifra en una escala entre dos valores arbitrarios para poder “comparar” países, ciudades y regiones. Inevitablemente, es muy sencillo ponderar/torturar los números hasta que el índice te dé el resultado que te parezca más oportuno o sirva tus preconcepciones ideológicas, pudiendo así generar un informe de esos que te dan la razón.
Por un motivo que se me escapa, los periodistas adoran esta clase de ejercicios de publicidad barata, por mucho que su utilidad o capacidad de transmitir información sea más que cuestionable. Basta con darles una tablita con un título, una lista de condados, áreas metropolitanas, estados o miembros de boy bands de los noventa en forma de ranking para que te presten atención de forma casi irreflexiva. No es de extrañar que casi todo el mundo en el negocio se pase la vida publicando índices, francamente.
Uno de los índices con más historial es el Index of Economic Freedom (IEF) de la Heritage Foundation, un intento (según ellos) de medir la “libertad económica” de todos los países del globo. Dentro del conglomerado de clasificaciones sin sentido ahí fuera, el IEF es relativamente serio, por más que muchas de las variables agregadas sean un tanto cuestionables. Heritage solía ser un think tank relativamente honesto, y con el IEF no intentaban diseñar un índice buscando sacar un resultado aposta. Según el IEF, por ejemplo, Canadá, un país con sanidad universal e impuestos relativamente altos, es “más libre” que Estados Unidos. Suecia y Dinamarca, sin ir más lejos, prácticamente empatan con los americanos.
Si comparamos el indicador de libertad económica con los datos de la OCDE sobre recaudación fiscal nos encontramos que la correlación entre impuestos altos y libertad económica es prácticamente nula. Los Estados Unidos recaudan diez puntos menos del PIB en impuestos que los Países Bajos (27 contra 37%, para ser concretos). Suecos y daneses, por supuesto, pagan muchísimo al erario público (43 y 46%), pero tienen economías igual de abiertas.
Esto no se debe a que el IEF de Heritage sea un indicador especialmente malo, sino que indica un detalle importante sobre política económica que acostumbra a ser ignorado en el debate político en España: ni la regulación económica es necesariamente de izquierdas, ni tener impuestos altos es contrario a tener mercados abiertos y vibrantes. Es más, en muchos casos regular es de derechas, y tener impuestos altos favorece al sector privado, si el dinero recaudado se utiliza bien.
La política económica de Suecia, Canadá, Holanda o Dinamarca combinan una presión fiscal relativamente alta con un sistema legal y regulatorio muy abierto, con mercados muy competitivos. Estos países tienen estados de bienestar potentes (en el caso canadiense, comparado con el de sus vecinos al sur) e impuestos altos, pero el estado, aparte de recaudar como cosacos, se sale de en medio. Las instituciones, la política económica, concentran los esfuerzos del estado en un número muy limitado de tareas que el sector público hace mejor que nadie, como el monopolio de la violencia, seguros contra el infortunio (léase sanidad, pensiones, etcétera), educación e igualdad de oportunidades, pero nada más allá de eso. Por supuesto, estas pocas tareas resultan ser muy caras a poco que las intentes hacer bien, pero el papel del estado en la economía es en realidad bastante limitado.
En otros lugares, como es el caso de España, el Estado tiene mayores ambiciones. Aparte de las tareas básicas (sanidad, policía, educación, infraestructuras, etcétera) que los gobiernos acostumbran a hacer bien, en España el sector público es muy aficionado a intentar decidir cómo debe funcionar la economía a golpe de regulación. El estado, por ejemplo, ha creado un montón de reglas sobre cómo debe funcionar el mercado laboral, creando el galimatías de contratos temporales e indefinidos que tanto daño ha hecho. Los gobiernos han creado un montón de puestos de trabajo regulados en extremo, desde notarios a taxistas, porque tienen la peregrina idea que pueden diseñar algo que funcione desde un ministerio. En los gloriosos años de la burbuja, las autonomías además se dedicaron a ejercer de banqueros, montando esos espectaculares fracasos que fueron las cajas de ahorros, o animadores culturales, montando cosas como carreras de Fórmula 1.
La paradoja, al hablar de España, es que, a pesar de tener un Estado relativamente pequeño en términos de recaudación fiscal (33% del PIB), nuestros gobiernos tienen un papel en la economía del país mucho mayor que el gobierno danés, sueco o alemán. Aunque nuestro Estado de bienestar es relativamente modesto (y horrorosamente ineficaz, pero ese es un problema para otra columna), nuestros gobiernos son mucho más intervencionistas en el funcionamiento de muchos mercados, sea mediante regulaciones, sea mediante subvenciones o exenciones fiscales, sea mediante participación directa.
Esto es un problema porque, como bien saben suecos, daneses, canadienses y holandés, el Estado resulta ser bastante incompetente cuando no está ejerciendo de compañía de seguros con tanques. Los políticos no tienen ni puñetera idea sobre cómo ejercer de banqueros, acostumbran a tener ideas profundamente equivocadas sobre qué industrias merecen subvenciones, no saben casi nada sobre cómo funciona un mercado laboral y se pierden miserablemente al decidir quién puede participar en un mercado. Los entusiastas políticos españoles, sin embargo, son muy aficionados a meterse donde no les llaman, y el resultado es una economía cargada de regulaciones disfuncionales, intervenciones chapuceras y elefantes blancos, pero sin demasiada lógica.
Esto quiere decir que España necesita reformas en los años venideros que implican a la vez más Estado y menos Estado. Por un lado, el Estado de bienestar que tenemos es pequeño e ineficaz, y hará falta dinero para conseguir que proteja a los vulnerables y realmente garantice la igualdad de oportunidades. Por otro, hace falta sacar el Estado de un montón de sectores económicos, reevaluando y limitando las excesivas tendencias intervencionistas de los políticos que más que a crear igualdad lo único que hacen es decidir quiénes serán los ganadores en el B.O.E.
Aunque parezca mentira, ambos paquetes de reformas son de izquierdas, ya que aumentarán la igualdad y la redistribución de renta en el país. Es hora que los partidos progresistas dejen de confundir intervencionismo con ser de derechas, y apuesten por abrir la economía a la vez que refuerzan el Estado de bienestar. Una izquierda valiente en España debería hablar en términos de romper los privilegios del BOE e igualdad de oportunidades, haciendo de las liberalizaciones una lucha contra industrias enchufadas.
Este sería un populismo útil y a la vez efectivo. No estoy seguro de que alguien, en Podemos o el PSOE, lo acabe de entender.
ROGER SENSERRICH Vía VOZ PÓPULI
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