Nuevos datos sobre la dudosa gestión del suelo madrileño en los años en los que ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, estuvo al frente de la empresa pública Arpegio, a través de la que habría obtenido "ingentes cantidades de dinero público".
En un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se detalla cómo se produjo el reparto "ilícito del suelo público en Madrid" -que ya ha sido calificado por los investigadores como un "botín"- entre unos cuantos, en referencia a Granados o al ex director de Gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz.
El magistrado explica cómo "la venta de parcelas de la Comunidad de Madrid, la gestión de los consorcios urbanísticos, que adjudicaron parcelas por importe superior a los 2.000 millones de euros y de las obras y servicios a cargo de dos planes Prisma (…) se llevó a cabo bajo la esfera de Francisco Granados en su doble condición de Consejero de Presidencia (2004-2012) y presidente de Arpegio (2005-2007)".
Los investigadores sospechan que, ese control total que tuvo durante años Granados de Arpegio, le permitió conseguir "a través de las comisiones entregadas por empresarios beneficiados por las adjudicaciones irregulares, ingentes cantidades de dinero público".
Tres partidos, en el punto de mira
Pero es más. No sólo el presunto líder de la trama Púnica se benefició de la gestión irregular del suelo público madrileño sino que parte de esos fondos públicos acabaron en las cuentas de tres partidos políticos: PP, PSOE e Izquierda Unida. "La investigación ha revelado que el capital defraudado engrosó patrimonios particulares de todos los participantes en los hechos y presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unida y PSOE, partidos con ediles que eran miembros del Consejo de Administración del respectivo consorcio urbanístico, el cual designaba los miembros de la mesa de contratación de Arpegio", enfatiza Velasco en consonancia con las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez.
Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tienen puesto en estos momentos el foco en la gestión fraudulenta de la citada sociedad madrileña, ya que sospechan que, durante el boom inmobiliario, la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos de la región constituyeron los consorcios urbanísticos que adjudicaron suelo para la construcción de viviendas protegidas y de precio libre saltándose todos los trámites legales establecidos.
El juez cree que tras la gestión de Arpegio –investigada en dos piezas separadas de este macrosumario- se pudieron cometer hasta doce delitos de corrupción: delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento y uso de información privilegiada, tráfico de influencias, infidelidad y violación de secretos, prevaricación, falsificación de documento privado y oficial, organización criminal, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
ÁNGELA MARTIALAY Vía VOZ PÓPULI
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