/JORGE ARÉVALO
1-0. El referéndum ilegal convocado por las autoridades independentistas de Cataluña deriva en una polémica carga policial para impedir la votación. La atención de España y de medio mundo está centrada en las calles de Cataluña.
1-0. A casi quinientos kilómetros de distancia de Cataluña, decenas de miles de personas se manifiestan en Murcia contra el muro que dividirá la ciudad en dos por las obras del AVE. La notable protesta de los murcianos apenas traspasa las fronteras de la comunidad murciana.
16-N. La atención de la política nacional se centra en la candidatura de Barcelona para acoger la Agencia del Medicamento. Gobierno y Casa Real se vuelcan para conseguir esta sede con gestiones de última hora, aunque fracasan en su intento.
16-N. 40.000 extremeños se manifiestan en Madrid pidiendo un tren "digno" para la región. La paciencia de Extremadura, el tiempo de espera en la estación para la llegada de los trenes del Siglo XXI "se ha terminado", advierten los extremeños representados por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril. La trifulca política en torno a la Agencia del Medicamento opaca la reivindicación de los ciudadanos de Extremadura.
18-N. El debate nacional está centrado en las polémicas declaraciones de Marta Rovira sobre las supuestas amenazas del Gobierno central de ejercer la violencia contra los independentistas si se aplicaba la declaración de independencia.
18-N. 60.000 valencianos salen a la calle para exigir un sistema de financiación justo para la comunidad. La protesta coincide con la recta final de la aprobación del Cupo vasco con la que el Gobierno quiere ganarse el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2018, en el aire tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Las tres movilizaciones indican que el resto de las Españas pide paso y reclama la atención de las autoridades del país, que en los últimos meses -años más bien- sólo han tenido ojos y oídos para Cataluña. La gravedad de la crisis catalana mantiene secuestrado el debate nacional, paralizadas las reformas que antaño eran urgentes y olvidadas las necesidades financieras del resto del Estado. Con el 21-D a la vuelta de la esquina, las maquinarias de los partidos en busca del voto están a pleno rendimiento y se llevan por delante cualquier posibilidad de acuerdo en lo que afecta a todo el país. La ciudadanía comienza a dar síntomas de fatiga hacia la presencia obsesiva y exclusiva de Cataluña en el debate.
El aldabonazo de las otras Españas se ha cruzado con la aprobación del Cupo que garantiza la financiación del País Vasco, mientras el resto de las comunidades sigue esperando la renovación del sistema de financiación del régimen común. Hace ya cuatro años que Mariano Rajoy se comprometió a empezar las negociaciones y éstas son las fechas en las que el acuerdo sigue empantanado.
El agravio comparativo -como era de esperar- está tensando la situación interna de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, al mismo tiempo que impulsa en los sondeos a Ciudadanos, que ha visto en el descontento de las demás Españas su ventana de oportunidad y la está aprovechando sin complejos. Las tensiones internas han sido muy explícitas en el caso de los presidentes autonómicos socialistas, que han alzado la voz contra la rápida aprobación y la opacidad del método del cálculo del Cupo vasco. Pedro Sánchez ha tenido que emplearse a fondo para aplacar el malestar de sus barones y baronesas territoriales y evitar una fuga de votos en el grupo parlamentario. Las voces críticas del PP en las comunidades han sido más discretas, aunque las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo pidiendo aclaraciones sobre el cálculo del Cupo vasco permiten apreciar un malestar cierto y real en el partido.
Fuentes de la dirección del PP aseguran que son plenamente conscientes de la incomodidad y el enfado de las bases del partido en las comunidades. Bien es verdad que la férrea disciplina mental de la militancia y de la dirigencia del PP es un elemento de tranquilidad absoluta para Rajoy. El presidente dispone de manos libres para asegurar la continuidad de su Gobierno, que, en opinión de todas las fuentes consultadas, es su único objetivo en esta legislatura. Una continuidad que depende en exclusiva de la aprobación del Presupuesto, razón por la que ha asumido casi todas las peticiones del PNV.
Las consecuencias de la decisión de Rajoy de asumir una investidura sin acción de Gobierno ni programa de legislatura están a la vista cada semana en el Parlamento. Y pueden servir para explicar las circunstancias de la política alemana, increíblemente parecidas a las que vivió España durante el bloqueo. Angela Merkel prefiere nuevas elecciones a un Gobierno en minoría lastrado por acuerdos puntuales con los Verdes y los liberales. El líder socialista alemán, Martin Schulz, se ve en la misma tesitura que Sánchez, presionado por Merkel y una parte del SPD para reeditar la gran coalición.
El entendimiento PP-Cs para la investidura ha pasado a la historia. Albert Rivera disputa con firmeza a Rajoy los votos del PP con la palabra España por delante. La dirección popular reconoce que Cs está pinchando donde más le duele a su electorado, por más que califiquen su conducta de "oportunista y desleal".
Los dirigentes del PP han repasado estos días las negociaciones del pacto de investidura en las que Cs obvió de forma expresa cuestionar el concierto y el Cupo vascos para no encrespar los ánimos del PNV, partido que garantizaba los votos necesarios para sostener al Gobierno de Rajoy. Ni una palabra se dice sobre el sistema de financiación del País Vasco en el documento firmado.
El PP recuerda que mientras se negociaba la aplicación del artículo 155, Rivera se mostraba reacio a aplicarlo en sus declaraciones públicas. Hasta que aparecieron las banderas en los balcones y Cs pisó el acelerador para presentarse como el principal bastión del 155. Las costuras internas del PP se están resistiendo asimismo con las exigencias de equiparación salarial de los cuerpos policiales de ámbito nacional con los de las autonomías. Una exigencia que no se puede hacer realidad debido a los límites presupuestarios, pero que cala en las bases de un partido que se presenta como el gran defensor de las fuerzas de seguridad.
"Ciudadanos puede hacer lo que está haciendo porque no tiene la responsabilidad de gobernar. Hay mucho enfado contra Rivera. Para nosotros, esta situación es bastante dura, sabemos que nuestra gente quiere escuchar lo que Rivera está diciendo. Hablar todo el día de España le da resultado. A corto plazo, puede sacar rentabilidad y nosotros sufrir una fuga de votos por la derecha. El único aspecto positivo es que nos rehabilita como partido de centro. Pero la experiencia nos dice que la estrategia de Ciudadanos no funciona a medio y largo plazo. Las elecciones están lejos y se ha demostrado que Rivera tiene más votos en las encuestas que votantes en las urnas", señala un dirigente del PP.
Frente al acelerón de Cs, el partido en el Gobierno destaca la "prudencia de Estado a la hora de aplicar el 155". "Podíamos haber ido más allá, como nos pedía parte de nuestro electorado, pero Rajoy renunció a mantenerlo en el tiempo con la convocatoria de las elecciones; en parte fue también una decisión de autoprotección, porque no esperábamos que la aplicación fuera a resultar tan fácil y tan indolora. Más bien temíamos un escenario de tensión".
Así es cómo un año después de tomar posesión como presidente, las tornas han cambiado. Y Rajoy tiene una relación política -y hasta personal- mucho más estrecha con aquel Sánchez del "no es no" que con el Rivera del pacto de investidura.
LUCÍA MÉNDEZ Vía EL MUNDO
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