LA LEGALIZACIÓN DEL GOLPE

La aplicación del demonizado artículo constitucional no ha supuesto ningún cambio, ni siquiera la construcción de una retórica de la democracia constitucional que sirva para contrarrestar el arcaico discurso supremacista de los nacionalistas.

La legalización del golpe. EFE

Las elecciones en Cataluña no las ganará quien saque más votos, sino aquel que interprete mejor el papel de comodín. Ese rol solo puede recaer en el PSC. A su alrededor girarán los otros partidos, que lo tomarán como palanca para hacerse con el poder.

El motivo es que la victoria tras el 21-D se juega a una sola baza: construir una mayoría transversal favorable a legalizar el golpe. ERC, Junts per Catalunya, PSC, podemitas y cuperos tienen un elemento común que les permite llegar a una entente cordial: el presentar a “Madrid” la necesidad de un referéndum y de una reforma constitucional. Sería la voz de una mayoría contra las supuestas constricciones de una Constitución que, dicen, no se adapta a la realidad.

Cuando una sociedad se muestra contra una ley constitucional, el poder solo puede hacer dos cosas: adaptarla a la realidad o retirarse para dejar paso a otros

Ferdinand Lassalle, el padre de la socialdemocracia denostado por Karl Marx –que todo hay que decirlo-, escribía que cuando una sociedad se muestra contra una ley constitucional, el poder solo puede hacer dos cosas: adaptarla a la realidad o retirarse para dejar paso a otros. El truco, por tanto, es presentar que hay “un solo pueblo”, incómodo con la Constitución, y que ésta es la única realidad.

Esa imagen es más fácil de defender según pasan los días. No solo por la actuación del poder judicial, del gobierno y los partidos, o la (im)pagable labor de ciertos medios de comunicación, sino por los síntomas que se perciben en la sociedad catalana y en la española en su conjunto.

Tras la efímera euforia que siguió al mensaje de Felipe VI y la esperada aprobación del 155, con sus manifestaciones, cánticos y banderas, ha llegado el desánimo

La frustración es la tónica general, amén del pesimismo. Tras la efímera euforia que siguió al mensaje de Felipe VI y la esperada aprobación del 155, con sus manifestaciones, cánticos y banderas, ha llegado el desánimo. La aplicación del demonizado artículo constitucional no ha supuesto ningún cambio, ni siquiera la construcción de una retórica de la democracia constitucional que sirva para contrarrestar el arcaico discurso supremacista de los nacionalistas. Todo lo contrario: el independentismo ha seguido por sus fueros en televisiones, radios, prensa y aulas, pergeñando otras fórmulas para hacerse con el poder dentro de un mes.

ERC y Junts per Catalunya –el nuevo refrito convergente- ya han llegado a un acuerdo para orillar las animadversiones personales, las traiciones y las diferencias tácticas, en aras a salvar el 21-D marcas electorales y privilegios. Incluso harán actos conjuntos durante la campaña. La CUP, consecuente con su anarco-trotskismo, demanda la aplicación de la “Ley de transitoriedad” y el hacer realidad la “República catalana” siguiendo el “mandato del 1-O”.

El conjunto ha hecho que los frustrados independentistas que no vieron materializada la DUI tengan ahora algo nuevo a lo que aferrarse: la legalización del golpe a través de las instituciones

El conjunto ha hecho que los frustrados independentistas que no vieron materializada la DUI tengan ahora algo nuevo a lo que aferrarse: la legalización del golpe a través de las instituciones y las movilizaciones. Podrán así volver al escaño y a la calle, al plató y al aula, bien regados con dinero público . No se necesita más para incentivar ese sacrificio individual en aras del bien colectivo, eso que es tan propio de los populismos.

Los otros frustrados son los que no han percibido de su gobierno una respuesta a la altura del golpe, aquellos que esperaban algo del 155 y se encontraron que solo era el botón de pausa del Proceso. Esta frustración lleva al cansancio o a la desafección, a considerar que, si no es posible plantar cara sin jugarse el tipo, quizá lo mejor sea negociar, el diálogo, el “vale, pero no así”.

Esa es la doble frustración que está sabiendo interpretar el PSC, y que le hace subir en las encuestas y situarse como comodín de todas las jugadas. Ese papel lo puede desempeñar sin desdecirse ni teatralizar. Lleva tiempo hablando del reconocimiento de la plurinacionalidad en un pacto federal, y de la reforma constitucional para legalizar el referéndum. Es esa “realidad” de la que hablaba Lassalle, que legitimará al gobierno que salga del 21-D a “Madrid” esa petición del “pueblo de Cataluña”, que no será otra cosa que la legalización de lo que ayer fue un golpe de Estado.

La legalización del golpe será la cuestión política trascendental tras el 21-D, y de ahí que los golpistas pronto estén en la calle

En todo este juego, Ciudadanos y PP están descartados. El primero porque ha representado el papel de guardián del orden constitucional y de la españolidad, que es tanto como decir de las libertades. Su liderazgo contra el golpe en Cataluña y el apoyo a la aprobación del artículo 155 han colocado a los de Arrimadas en un extremo y, como tal, limitados en sus posibilidades de negociación con otros. El PP catalán, que podría haber recogido la reacción al golpismo desatada tras el discurso del Rey, no se ha visto acompañado con una retórica gubernamental contundente, sino acomplejada. Ninguno de estos dos puede pactar con nadie más sin perder su identidad.

Por eso, la legalización del golpe será la cuestión política trascendental tras el 21-D, y de ahí que los golpistas pronto estén en la calle. Será un tiempo tan interesante como difícil para el cual las instituciones deben estar a la altura. Tocqueville dijo en el convulso año de 1848 que cuando el desorden penetra fuertemente en el ánimo de la gente se pueden cambiar las leyes y a los dirigentes, interpretar esa nueva realidad, pero era preciso un gobierno decidido. Esperemos.

                                                                                       JORGE VILCHES  Vía VOZ PÓPULI