La opción principal es la "restitución" de cuatro 'consellers' que están en prisión o en el extranjero (dos y dos). Se trata de
Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Territorio), oficialmente del
PDeCAT pero no alineados con la dirección del partido, y de los
exiliados Lluís Puig (JxCAT) y Toni Comín (ERC). Puigdemont, con la
ayuda de Comín se ha impuesto a ERC, cuya voluntad era que ninguno de
los 'consellers' destituidos (con Junqueras señalando el camino) se
integrara en el nuevo gobierno. La razón es que lo consideran un gesto
estéril y un obstáculo para la recuperación plena de las competencias
del gobierno catalán. Puigdemont ha ganado la batalla, lo que evidencia
que su intención no es normalizar la política catalana sino
instrumentalizar la Generalitat para mantener viva la tensión y seguir
agitando (siempre que pueda) la idea de la República.
Pero ERC se ha mantenido en su idea de buscar una cierta normalización. Aquí está el germen de futuros conflictos
en el gobierno entre los legitimistas radicales (los puigdemontistas),
que buscan mantener al máximo el conflicto, y los independentistas
tradicionales (ERC) que, sin renunciar al objetivo final, quieren
ampliar la base secesionista —reconocen que el 47% es insuficiente—
con una buena gobernación de la Generalitat. Y es de notar que el
'conseller' Joaquim Forn, un veterano de la antigua CDC, también se ha
negado a ser "restituido". ERC gana así complicidades en entornos más
pragmáticos.
La restitución de los 'consellers' presos es solo un gesto estéril y una intencionada provocación al Estado
No obstante, la incorporación de los 'consellers' presos es más un gesto momentáneo que otra cosa ya que serán inhabilitados dentro de poco por el auto de procesamiento.Gesto
para la galería, de escasa duración, pero que habría dominado hoy en la
mayoría de los titulares de prensa si el Gobierno de Rajoy no hubiera
contestado poco después anunciando que no publicaría en el DOGC los nombramientos. Por lo tanto el nuevo Gobierno catalán no podrá tomar posesión y de momento el 155 continua vigente.
El segundo rasgo del gobierno es que entre los 'consellers' de JxCAT, el dominio de los puigdemontistas y de sus aliados
es abrumador. No hay ningún 'conseller' representativo de la dirección
del PDeCAT y los que son militantes —como el nuevo 'conseller' de
Interior, Miguel Buch— están enfrentados a la
dirección. O disconformes. Parece pues que la opa de Puigdemont sobre el
PDeCAT "progresa adecuadamente". ¿Qué consecuencias tendrá de cara a
las municipales del 2019? ¿Junts per Catalunya, o Junts per la República
se convertirán en un nuevo partido nacionalista radical e intentarán merendarse, o hacer desaparecer del mapa la oferta del PDeCAT, heredero de la vieja y moderada CDC?
Los exconsejeros catalanes huidos, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, atienden a la prensa en Bruselas. (EFE)
La tercera característica del nuevo gobierno es que ERC sigue su política de renovación de cargos
(sabe que los antiguos dirigentes quedarán inhabilitados) e intenta
erigirse en una plataforma tan secesionista como solvente. Es lo que se
desprende de la apuesta por Pere Aragonés, gran colaborador de Junqueras
la pasada legislatura, como vicepresidente económico, y de la vuelta de
Josep Bargalló que fue primer 'conseller' (en
representación de ERC) en el primer tripartito, bajo la presidencia de
Pasqual Maragall, y del acceso de Ernest Maragall,
hermano del presidente e histórico dirigente del PSC catalanista, a
Acción Exterior en sustitución de Raül Romeva. También con el
nombramiento de las diputadas al Congreso Esther Capella (Justicia) y
Teresa Jordá (Agricultura) que fueron ya anunciadas por Joan Tardà. ERC
hace así una apuesta muy institucional y por personas relevantes y con experiencia. Sin rastro de "rufianismo".
Quim Torra estrecha la mano a Carles Puigdemont en Berlín esta semana. (EFE)
Pero lo más importante del nonato nuevo gobierno es el mensaje que desprendía.El tándem Puigdemont y Torra quiere utilizar todos los mecanismos para hacer de mosca cojonera de la democracia española.
Si Rajoy hubiera aceptado los nombramientos habrían dicho que el
independentismo estaba ganando la batalla y de alguna forma se habría
vuelto a querer instalar la idea de dos legalidades, la
del Estado, y la de la República catalana. Ahora la decisión de Rajoy
de no publicar los nombramientos, que de facto prorroga el 155, será
presentada como una clara prueba de que la democracia española está en
regresión y que ofende y no acepta el autogobierno de Cataluña.
Pero Rajoy -de acuerdo con Pedro Sánchez y Albert Rivera-
ha decidido plantar cara. La retirada del 155 solo puede ser
consecuencia de una recuperación, al menos formal, de la normalidad
institucional. No puede significar que, de alguna forma, se pueda creer
legitimado un movimiento de insurrección rampante. La de Rajoy debe
haber sido una decisión nada fácil, pero inevitable si
no se aceptaba retroceder a la situación ambigua que se dio entre la
aprobación de las leyes de desconexión a primeros de septiembre del 2017
y la DUI del 27-O. La decisión será aprobada -y aplaudida- por una gran
mayoría de la opinión pública española y por todos los grupos catalanes
-casi la mitad del parlamento- que no se opusieron al 155. Queda por
ver la actitud que adoptará Podemos (cuando solucionen lo del chalé de Pablo) y el partido de Ada Colau y Xavier Domènech.
No apoyarán la decisión (estuvieron ya contra el 155), pero tampoco
pueden respaldar la provocación de Torra, un político del que se han
distanciado con gran claridad.
Y en el campo independentista -más allá de la gran protesta contra la continuación del 155- la discusión será fuerte. ¿Ha
sido conveniente la provocación? ¿No estará llevando Torra al
independentismo a un nuevo desastre como el del 27-O? Es posible que
Puigdemont-Torra apuesten por no ceder y mantener el 155 esperando
-quizás- que eso impida que el PNV vote los presupuestos.
Pero la política de desestabilizar a todo precio tiene límites muy
claros en la sociedad catalana. 'Consellers' que no puedan acudir a su
despacho es un contrasentido total. No obstante, el problema era solo de
unos pocos días porque lo más probable es que los 'consellers'
afectados queden inhabilitados dentro de poco por el Supremo en virtud
del auto de procesamiento del juez Llarena. Entonces -de no mediar nuevo
incidente- el 155 podría pasar a mejor vida.
La victoria de los radicales en el campo independentista incita a una mayor entente entre Rajoy y Sánchez
Pero el problema es el inmediato porque es en los próximos días cuando se tienen que aprobar los presupuestos. Si Torra no rectifica -y a corto es muy posible que la estrategia decidida sea no hacerlo- la estabilidad de la política española dependerá de si el PNV prioriza sus intereses y la gobernabilidad española a su rechazo político-doctrinal al 155.
Pero
el nuevo reto del independentismo al Estado quizás está generando sus
propias vacunas. La primera es que en las últimas semanas la aproximación Rajoy-Sánchez,
de oposición frontal a un independentismo en el que se han impuestos
los más radiales (ERC y el PDeCAT han perdido), ha dado pasos
relevantes. Hasta el punto de que, respecto a Cataluña, la sintonía
entre Rajoy y Sánchez es hoy más fuerte que entre Rajoy y Rivera.
Es pronto para ahondar por este camino porque todo es muy fluido, pero
el hecho de que Rajoy, con el apoyo de Sánchez y de Rivera, haya
decidido parar los pies al tándem Puigdemont-Torra es el humo que puede
indicar dónde está el fuego. Rajoy y Sánchez saben que el
independentismo no debe desestabilizar todavía más a España.
Las moscas cojoneras
son muy molestas, enervan y desesperan, pero si Torra (con Puigdemont
en Berlín) han decidido optar por ese papel quizás han olvidado que las
moscas tienen un ciclo vital corto. El independentismo es otra cosa.
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