TORRA PASA DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

Tras los nombramientos del nuevo Govern, no se entendería una mirada distraída del Gobierno ante esta nueva provocación

Quim Torra, durante su visita a Girona el pasado sábado. (EFE)

Hasta ahora solo eran palabras que hablaban de 'reposición' de leyes y personas partidarias de la república catalana. Ahora ya son hechos. Dos hechos en forma de decreto que el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, puso el sábado sobre la mesa de Mariano Rajoy, máximo responsable del Govern en virtud del articulo 155.

Uno es ‘viable’: organización y atribución de funciones a las 13 consejerías. Otro, ‘inviable’: nombramiento de cuatro consejeros encarcelados o huidos de la Justicia. Lo seguirá siendo si carece de la validez jurídica que se obtiene al publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat (BOE catalán). Eso depende de Moncloa, que no está por la labor de autorizarlo.

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Ángel Collado

El comunicado destaca que el Ejecutivo es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto. El presidente recaba el apoyo de PSOE y Cs

Ahí estamos. Con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, el Gobierno mantendrá la vigencia del 155 (intervención de la Generalitat) si en las próximas horas no se produce una rectificación por parte de Torra y quien lo maneja con mando a distancia desde Berlín. No sería la primera vez que los agitadores del ‘proces’ reconocen sus retos provocadores ante la firmeza del Estado.

Lo que no se entendería es una mirada distraída del Gobierno ante esta nueva provocación. Y menos se entendería que buscase complicidad institucional en la Justicia para doblarle el brazo al independentismo. De momento queda bloqueada la toma de posesión prevista para el miércoles. Y si se celebra en ausencia de los cuatro consejeros problemáticos (Turull, Rull, Puig y ComÍn), sería ilegal.

Los tribunales ya han vertido ríos de tinta recordando que la vuelta a España de un fugado supone su inmediata detención y que el riesgo de reiteración delictiva impide la excarcelación de quienes están en prisión provisional. Pero el Gobierno no necesita a la Justicia para decidir si una comunidad autónoma incumple la Constitución y atenta gravemente contra el interés general. Y si así lo entiende, como es el caso, está obligado a adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir las leyes y preservar el bien común. En eso consiste prolongar la vigencia del 155 hasta que se forme un Govern válido. Si no lo hace, como he escrito tantas veces, el desprestigio del Estado estaría servido y habría colas en los aeropuertos para salir del país.

Jordi Turull, junto a Josep Rull, en el Parlament en marzo. (EFE)

Dos de los afectados, Turull y Rull, han dicho por las redes sociales que el Gobierno estaría prevaricando si frena la publicación oficial de sus nombramientos, porque “nuestros derechos políticos están intactos y hemos pedido la libertad provisional para ejercer con plenitud nuestros cargos”. El propio Torra acusa a Moncloa de vulnerar el decreto de aplicación del 155.

O sea, que apelan a la legalidad vigente para seguir hostigándola. No tiene sentido. Ningún derecho cursa sin contrapunto en los deberes. El derecho a ejercer un cargo publico, si no pesa sobre ellos una sentencia firme, no se puede exigir cuando se repudia el marco legal que lo protege. Es verdad que no hay condena firme, pero hay autoexclusión del marco legal que permite reclamar ese derecho.

Torra habla de “crisis institucional”. Es lo que busca. Desafía los principios de lealtad y sentido común que deberían ser suficientes ante situaciones inéditas

Un fugado de la Justicia en estado de permanente reiteración delictiva no puede ser consejero si incumple su deber de ponerse a disposición del juez. Y si ya se ha puesto, en su condición de preso preventivo, no puede ser consejero de un Gobierno cuya pregonada hoja de ruta consiste en reproducir las condiciones que le llevaron a la prisión.

Quim Torra, que inspira esta nueva muestra de mala fe, habla ahora de “crisis institucional”. Es justamente lo que busca. Como sus compañeros de viaje, desafía los principios de lealtad debida y sentido común que deberían ser suficientes para superar el vacío legal que existe para hacer frente a situaciones inéditas.

El legislador nunca contempló la posibilidad de que un Gobierno autonómico nombrase consejeros a dos encarcelados y dos fugados de la Justicia. O que una determinada facción política de esa comunidad plantease unilateralmente un plan secesionista para romper el Estado.


                                                                             ANTONIO CASADO   Vía EL CONFIDENCIAL