La vulneración flagrante del acuerdo de investidura firmado con el PP
debería constituir un ‘casus belli’ para Ciudadanos. Es necesario que
Albert Rivera retire el apoyo parlamentario a Rajoy de forma inmediata
Albert Rivera y Mariano Rajoy en un encuentro en la Moncloa
EFE
El 28 de agosto de 2016, mi partido, Ciudadanos, y el Partido Popular, firmaron un acuerdo de investidura denominado “150 Compromisos para Mejorar España” que
constituía el documento marco por el cual Mariano Rajoy recibió los
votos de los diputados de Ciudadanos para ser investido presidente del
Gobierno en el mes de octubre de 2016 a cambio del cumplimiento de los
puntos incluidos en el texto.
Transcurrido año y medio desde que arrancó la nueva “etapa mariana” es hora de analizar el grado de cumplimiento de este acuerdo marco,
cuya vulneración flagrante, debería constituir un “casus belli” para
que Ciudadanos retirara el apoyo parlamentario a Rajoy de forma
inmediata.
Dado que el documento es bastante extenso,
vamos a centrarnos en los puntos más relevantes del acuerdo y que están
en línea con las principales exigencias que los ciudadanos demandan a la
clase política.
- Aprobación de forma estricta de todas las acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión Europea para el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
Las conclusiones del Informe sobre España 2018,
con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la
corrección de los desequilibrios macroeconómicos, emitido por la
Comisión Europea el siete de marzo de 2018, determinan que la mayoría de
los avances son limitados o residuales en lo que a las recomendaciones
se refiere. Aquí podemos ver un cuadro resumen de las conclusiones del
informe:
El siguiente jarro de agua fría para la Comisión Europea ha sido la presentación de los PGE 2018, que suponen un festival de gasto
que se incrementa en más de 15.000 millones de euros, un incremento del
agujero del Sistema de Pensiones que superará los 25.000 millones de
euros y la total inviabilidad para cumplir el objetivo de déficit del
2,2% pactado con Bruselas que constituiría la salida de España del
Protocolo de Déficit Excesivo (España ocupa el dudoso honor de ser el
único Estado Miembro dentro de ese Protocolo). Todo ello, sin saber aún
las concesiones finales que el Gobierno hará al PNV, nacionalistas
canarios y regionalistas navarros, necesarios para alcanzar la mayoría
en la aprobación.
Por lo tanto, este punto, de suma
importancia para la estabilidad de la economía española, según el
informe de la Comisión, no se ha cumplido, ni tiene visos de cumplirse
en un futuro próximo.
Paralelamente, el grupo de profesores y economistas independientes formado por Roberto Centeno, Juan Laborda, Juan Carlos Barba
y un servidor (Los Cuatro Jinetes) hemos enviado una carta a la
Comisión Europea, al Banco Central Europeo, y a los ocho ministros de
Finanzas de la Unión Europea que firmaron recientemente un manifiesto a
favor del estricto cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
donde les explicamos que el Gobierno de España ha incumplido el objetivo de déficit en 2017 (un 3,75% en lugar del 3,07%), que ha mentido en los datos de recaudación tributaria
(4.000 millones menos según la AET) y que la aprobación del proyecto de
PGE 2018 se traducirá en un aumento exponencial de los desequilibrios
económicos y pondrá en serio riesgo la estabilidad de la Eurozona.
2.
La gestión del gasto e ingresos públicos debe aspirar a la mayor
eficiencia posible, eliminando duplicidades administrativas, conteniendo
el gasto superfluo, repartiendo las cargas y beneficios de la política
fiscal de forma justa, asegurando que se premie a los que cumplen y
castigue a los que defrauden, y favoreciendo el crecimiento, la creación
de empleo y la atracción de capital humano.
En
este punto, el pacto incluye, entre otras, medidas como la revisión
integral e independiente del gasto público, rebajar el IRPF en 2 puntos,
reformar el Impuesto de Sociedades para eliminar las exenciones a las
grandes empresas (inmediato), la armonización de los tributos cedidos a
las comunidades Autónomas para evitar discrepancias entre ellas (por
ejemplo, la locura del impuesto de sucesiones y donaciones en cada región),
garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la amnistía fiscal
del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las
cantidades afloradas, devolver a la Agencia Tributaria el control de
las SICAV, garantizar la independencia de los Reguladores nombrando a
los responsables en el Pleno del Congreso de los Diputados, separar la
CNMV en dos órganos (como antes), reformar el sector eléctrico para que
los precios sean competitivos, reformar la Ley de Garantía de Unidad de
Mercado para eliminar barreras, establecer una Ley de Transición
Energética y Medio Ambiente, impulsar la Investigación y el desarrollo
digital y transformar el entorno agrícola y la distribución del agua.
"El gasto público y la ‘industria política’ siguen disparados, los Reguladores siguen siendo instrumentos del jefe político de turno y el mercado energético un implacable oligopolio"
Pues bien, ni una sola de las medidas expuestas
anteriormente ha sido ejecutada ni tiene visos de serlo en el futuro
próximo. La realidad es todo lo contrario. El gasto público y la
“industria política” siguen disparados, los defraudadores no han
devuelto un euro, los Reguladores siguen siendo instrumentos del jefe
político de turno y el mercado energético sigue siendo un implacable
oligopolio.
3.
Debemos apoyar el desarrollo empresarial, trabajando en la eliminación
de los escalones regulatorios que desincentivan el crecimiento de las
PYMES, de forma que puedan desplegar su máxima productividad y
competitividad adquiriendo la escala óptima. Queremos reconocer e
impulsar el papel clave de los trabajadores autónomos, que son una parte
fundamental de nuestra economía. Para ello, llevaremos a cabo medidas
urgentes que faciliten la actividad de los autónomos, reduzcan las
cargas administrativas y fiscales que soportan, mejoren su protección
social, particularmente las de las mujeres.
En este punto, el acuerdo incluye, entre otras, medidas como rebajar el Impuesto de Sociedades hasta en 10 puntos a las PYMES que inviertan sus reservas en I+D,
elevar el umbral para los pagos fraccionados de IVA a las empresas
desde los 6 hasta los 20 millones de euros o fortalecer la protección
social de los trabajadores autónomos para hacerla equiparable a las
prestaciones del régimen general.
Lamentablemente, ni
una sola de las medidas expuestas anteriormente ha sido ejecutada ni
tiene visos de serlo en el futuro próximo.
4.
Nuestra política laboral persigue tres grandes objetivos, dirigidos a
acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de
trabajo: reducir el desempleo, especialmente el de larga duración;
acabar con la precariedad, fomentando la creación de empleo estable y de
calidad; y potenciar el capital humano con unas políticas activas de
empleo y formación verdaderamente eficaces.
En
este punto, el acuerdo incluye, entre otras, medidas como reducir a tres
las modalidades de contrato (indefinido, formación y de duración
determinada con indemnización creciente), aumentar el grado de cobertura y atención a los parados de larga duración, aplicar un reglamento para agilizar y auditar los cheques de formación o crear un portal público y único de empleo.
Ni
una sola de las medidas expuestas anteriormente ha sido ejecutada ni
tiene visos de serlo en el futuro próximo. Al contrario, el sistema de
contratos no ha variado, la infame Reforma Laboral del Partido Popular
sigue transformando empleos dignos en indignos, los parados de larga
duración aumentan cada mes y sólo un 5% de los contratos que se firman
son indefinidos a tiempo completo.
5.
Fortalecer el sistema público de pensiones para asegurar su
sostenibilidad y suficiencia. Estudiar la reordenación de las fuentes de
financiación del sistema público de pensiones, en especial en lo
relativo a aquellas prestaciones que no tengan un carácter netamente
contributivo.
La realidad, a día de hoy, nos
presenta un panorama bien distinto de lo que reflejaba el espíritu del
acuerdo de investidura. El Sistema de Pensiones, no sólo no satisface la
pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, sino que además no es
sostenible, ya que necesita de la concesión de créditos extraordinarios
para cubrir un déficit que sólo en 2018 será de más de 25.000 millones
de euros y parece que ni Gobierno ni Oposición están dispuestos a tomar
el dinero de dónde hay (en la industria política) para ponerlo dónde no
hay (Fondo de Pensiones). Los pensionistas más vulnerables (viudedad, orfandad y no contributivas) están más desprotegidos que nunca.
La opacidad con el pensionista es mayor que nunca para la toma de
decisiones, acompañada de una propaganda alimentada por el oligopolio
bancario para captar ahorro en planes de pensiones privados, y, por
último, no se ha avanzado nada en compaginar la actividad laboral con la
pensión. En resumen, ni una sola de las medidas expuestas anteriormente
ha sido ejecutada ni tiene visos de serlo en el futuro próximo.
6.
Garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de
Salud (SNS), asegurando la sostenibilidad de un sistema sanitario
público, universal, de calidad y gratuito, y garantizando la igualdad en
el acceso con una misma cartera básica de servicios para todos los
ciudadanos. Se regulará el acceso los profesionales a los puestos de
trabajo mediante procesos de libre concurrencia donde se aseguren los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
La
realidad sigue siendo bien distinta y sin visos de cambiar. Los
pacientes no son tratados de igual forma en cada región, incluso se les
niegan los traslados. Los profesionales son expulsados en algunas
regiones por motivos estúpidos como el conocimiento de una lengua
secundaria, que les excluye antes que los conocimientos y la necesidad
de servicio, lo que provoca graves daños en la población.
Hay otras medidas incluidas en el pacto que llevan más de un año empantanadas
en la burocracia de las Comisiones parlamentarias y ante las que los
colectivos afectados prácticamente han tirado la toalla ante la
posibilidad de que se lleve algo útil a término. Algunos ejemplos son:
7.
Aprobar una Ley de Protección Integral frente a la Violencia
Intrafamiliar y modificar Ley de Protección Integral contra la Violencia
de Género para adaptar la legislación española a las exigencias del
Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW.
8.
Impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro
Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable.
9.
Llevar a cabo, en coordinación con las CCAA, un proceso de evaluación
permanente de la Ley de Dependencia en España para garantizar unos
estándares comunes de calidad.
10. Desarrollar
la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico a
los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
11.
Aprobar un Estatuto del Personal Docente, basado en el Libro Blanco de
la Función Docente que establece los deberes y derechos del profesorado
12. Aprobar una nueva Ley de Mecenazgo y un Estatuto del Artista y el Creador
Si
profundizamos en el área de Reformas Democráticas y Transparencia, nos
encontramos, entre otras, con el compromiso de la eliminación de
aforamientos, la prohibición de realizar indultos a condenados por
corrupción, la aprobación de una Ley de protección a denunciantes de corrupción o la Reforma de la Ley Electoral. En todos los casos, el Partido Popular ha traicionado el pacto sin ningún pudor.
"La realidad nos presenta un panorama bien distinto de lo que reflejaba el espíritu del acuerdo y si no rompemos ya, corremos el riesgo de que millones de españoles se sientan defraudados"
Si nos referimos al campo del fortalecimiento de las
instituciones, el pacto contiene medidas como la defensa de la unidad de
España, la reforma de la Ley de Financiación de CCAA para garantizar la
igualdad, mejorar las instituciones para eliminar duplicidades e
ineficiencias o reformar el Estatuto de la Función Pública para evitar
el nepotismo y los enchufados en favor de la meritocracia. Todos estos
puntos vienen a engrosar el listado de incumplimientos del Partido
Popular que sigue a la perfección el dogma lanzado por Rajoy cuando
llegó al poder en 2011: “Eso, ni se toca”.
Todos
los ejemplos expuestos, son evidencias indiscutibles del flagrante
incumplimiento y vulneración del pacto de investidura por parte de Mariano Rajoy,
así como la más clara muestra de deslealtad y desobediencia al mandato
del pueblo español, con el qué se comprometió en su investidura a
condición de llevar a cabo los puntos del pacto alcanzado con
Ciudadanos.
Por este motivo, y muchos otros, entre los
que se incluyen la laxa ejecución del Artículo 155 en Cataluña, la
permisibilidad en la financiación del proceso de sedición y la cesión al chantaje de nacionalistas vascos y catalanes
en perjuicio del resto de españoles, mi partido debe retirar
inmediatamente el apoyo parlamentario y Rajoy y provocar la convocatoria
de elecciones generales para que los ciudadanos decidan con su voto
quién quiere gobierne España.
Si no lo hacemos ya,
corremos el riesgo de que millones de españoles que están pidiendo a
gritos el cambio, se sientan defraudados y abandonen la lucha, y lo que
es peor, que antes Rajoy acabe por provocar un daño irreversible al país
del que no se pueda recuperar.
Para Ciudadanos es
hora de pasar de las palabras a la acción, y el pacto que en su día
supuso la presidencia para Rajoy, hoy debe ser el detonante de su
desinvestidura.
JUAN CARLOS BERMEJO Vía VOZ PÓPULI
PD: Hoy le dedico el tema “Moonlight Shadow” de Mike Oldfield con la voz de Maggie Reilly.
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