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miércoles, 2 de mayo de 2018
LA IMPRUDENCIA DE CATALÁ Y UN GOBIERNO DESNORTADO
La declaración del ministro sobre el
magistrado Rodríguez ha sido irreflexiva, institucionalmente
inadecuada, políticamente torpe y, a fuer de oportunista,
manifiestamente inoportuna
El ministro de Justicia, Rafael Catalá (2d). (EFE)
¿La libertad de expresión de quienes ocupan cargos institucionales es igual a la de cualquier ciudadano? Me parece obvio que no. El cargo da dos cosas de las que carecemos los demás mortales: poder y representación.
Ambos atributos comportan una severa limitación sobre los hechos y los
dichos de quien los ostenta. Yo puedo decir lo que me dé la gana sobre
Trump o sobre la política de cualquier otro país: el presidente del
Gobierno, no. Y no es lo mismo que alguien afirme que la gestión del
Gobierno en el conflicto catalán es un desastre que si eso mismo lo
dijera públicamente, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional.
La declaración delministro Catalá sobre el magistrado González ha sido irreflexiva, institucionalmente inadecuada, políticamente torpe y, a fuer de oportunista, manifiestamente inoportuna. Sus palabras comprometen al Gobierno entero, que es un órgano colegiado. Además de esta, he aquí el cúmulo de imprudencias y de efectos nocivos que contiene.
Insinúa Catalá -sin precisar y sin aportar pruebas- que el juez González no está en condiciones personales
de ejercer la función jurisdiccional. Es más, afirma que "todo el mundo
lo sabe" (se refiere a su mundo, claro). Ello implica que:
- Acusa de prevaricación al Consejo General del Poder Judicial, que estaría permitiendo administrar justicia a alguien que no cumple los requisitos para hacerlo.
- Sugiere también una negligencia grave de las defensas del caso Manada, que no recusaron al magistrado ni impugnaron un proceso viciado de raíz.
- Esa negligencia se extendería también a los otros dos miembros del tribunal, que aceptaron compartir juicio y sentencia con una persona incapacitada para hacerlo.
- Plantea una posible infracción del propio González que, conocedor de sus circunstancias, debería haberse abstenido de juzgar en este y en todos los juicios en los que ha participado.
- Mete una presión tremenda -por si no tuvieran poca- a los tribunales superiores que han de estudiar los recursos.
- Suministra un argumento decisivo al recurso de casación que, sin duda, llegará al Tribunal Supremo. Si lo que el ministro sugiere es cierto, esta sentencia tiene que ser anulada sin siquiera entrar en el fondo.
- Si todo esto no es una intromisión en la función jurisdiccional,
que venga Dios y lo vea. Hasta aquí -salvando sus propios excesos
corporativos- tienen razón el CJPG y las asociaciones judiciales al
protestar y exigir responsabilidades.
Pero además está la enorme torpeza política, que se suma a una larga cadena de este gobierno desnortado.
El
Gobierno debería estar desplegando la potencia de su acción para
defender el prestigio del Estado democrático, empezando por su sistema
judicial
El ministro de Justicia ha provocado un conflicto institucional con el Poder Judicial, en un asunto de máxima sensibilidad pública, después de que su colega de Hacienda creara otro, aún más grave, con el Tribunal Supremo en el tema de Cataluña.
Lo
hacen en un momento delicadísimo: cuando la Justicia viene actuando -en
parte por la inoperancia del Gobierno y la inanidad del Parlamento-
como la punta de lanza y el principal teatro de operaciones en la mayor crisis de Estado que
ha conocido nuestra democracia. Poner en la picota a la Justicia
española precisamente ahora es una irresponsabilidad imperdonable.
El independentismo promueve una campaña que consiste precisamente en convencer a la opinión pública internacional de que España es una democracia coja
en la que no existen garantías judiciales. No solo el Gobierno está
perdiendo de punta a cabo esa batalla política, sino que sus últimas
actuaciones son un regalo precioso para quienes promueven el descrédito
internacional de nuestro sistema judicial.
En los últimos días, he
leído en medios internacionales de máxima difusión titulares a toda
página de que "en España se absuelve a los violadores". Y editoriales
que se preguntan cómo puede sostenerse que lo de Puigdemont fue violencia y en lo que hicieron los de La Manada no hubo ni intimidación.
El
Gobierno debería estar desplegando toda la potencia de su acción para
defender el prestigio de nuestro Estado democrático, empezando por el de
su sistema judicial. Pero la obsesión por congraciarse a toda costa con una opinión pública que ha dejado de confiar en él
le conduce a descuidar obligaciones institucionales elementales. Alguna
vez comprenderán que, en períodos no electorales, lo único
electoralmente eficaz para un gobierno en retroceso es gobernar con un
rumbo.
Nunca vino tan a cuento la expresión 'correr como pollos sin cabeza'. Es lo que ha hecho Catalá, pero no es el único ejemplo reciente. Poner patas arriba en media hora su propia reforma de las pensiones, comprometiendo el equilibrio presupuestario
y los objetivos de déficit, para aprobar una subida de la que se ha
renegado durante meses y salvar 'in extremis' una votación
parlamentaria, es correr como pollo sin cabeza.
Como lo es inventarse sobre la marcha unimpuesto finalista a las multinacionales tecnológicas
que, además de ser probablemente inviable en Europa, ni siquiera daría
para cubrir el agujero (ello, después de haber descalificado, con mucha
razón, una propuesta similar de Pedro Sánchez aplicada a los bancos). O provocar un debate extemporáneo y demagógico sobre la cadena perpetua revisable al calor de la conmoción social tras unos asesinatos.
En
el caso Cifuentes, todos, desde Rajoy a la cúpula entera del PP, han
corrido como pollos sin cabeza, con el desenlace conocido. Lanzarse a
una embestida ciega contra el partido que sostiene al Gobierno y que a
la vez está atrayendo a muchos de sus votantes no solo es desatinado
cuando se pretende prolongar la legislatura desde una posición
minoritaria, sino una tosquedad estratégica inaudita en el propio terreno electoral.
Cada insulto desde el PP a Ciudadanos es recibido en carne propia por
los millones de votantes que transitan esa frontera. Es de manual que la
peor forma de recuperar a tus votantes descontentos es agredirlos.
¿Se puede criticar una sentencia que nos parece injusta respetando al tribunal que la dicta? Se puede y se debe. La sentencia del caso Manada me resulta odiosa -aún más el voto particular, gratuitamente humillante
para la víctima-; y la movilización que se ha desencadenado es un
síntoma de salud social.
Pero no seré yo quien suscriba la
inhabilitación de los miembros del tribunal, ni creo que pueda hablarse alegremente de prevaricación, ni veo razonable convertir a un juez discrepante en un apestado social, ni tiene sentido extender una sospecha general sobre la limpieza de nuestro sistema judicial.
Que
se busquen culpables desde el infierno de las redes sociales, está mal.
Que se favorezca desde el Gobierno es un disparate, un tiro en la
pierna
Lo que se dilucida en este sentencia es un problema de fondo que interpela a toda la sociedad. Me parece más útil buscar soluciones que señalar culpables, pero aquí hacemos sistemáticamente lo contrario.
Que
eso se haga desde el infierno de las redes sociales, está mal. Que se
favorezca desde el Gobierno -con la complicidad vergonzante del partido
de la oposición- es un disparate, un tiro en la pierna de la democracia representativa. Uno más.
El Poder Legislativo está congelado. El Ejecutivo vive paralizado y, cuando se mueve, lo hace de forma confusa y desordenada. Si queremos que quede en pie algo de este Estado, es el peor momento posible para arrastrar al Judicial al mismo agujero.
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