La propuesta se centra en miembros de Podemos y el PP y ha sido trasladada a varias agencias de detectives.
El encargo llega después de que sendos escándalos
relacionados con titulaciones universitarias: el de la expresidenta de
la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el del diputado nacional y vicesecretario de Comunidación del PP nacional, Pablo Casado.
La filtración de los datos sobre los estudios de ambos generó una
avalancha de cambios y matices en los currículums de varios responsables
públicos de todos los partidos.
En esa dirección, ahora es una conocida empresa de investigación británica la que rastrea tanto los expedientes académicos, como los procedimientos administrativos con los que consiguieron su plaza docente candidatos
de los principales partidos de la política española. Según fuentes
conocedoras del encargo, el trabajo se centra sobre todo en investigar
la relación de los principales líderes de Podemos con distintas universidades españolas, con su líder Pablo Iglesias a la cabeza y la obtención de títulos académicos por parte de varios nombres de relevancia en el PP nacional como el actual coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo.
Datos confidenciales
Ante la constatación de estas pesquisas surgen dos
preguntas: ¿quién la ha encargado y, sobre todo, para qué? Según
explican fuentes del sector, es habitual que las grandes investigaciones
políticas encargadas en este país de manos privadas provengan de empresas afincadas en Reino Unido.
Allí, la ley ampara de mayor manera la confidencialidad sobre el
trabajo de las empresas de investigación, lo que supone una cobertura
importante para quien encarga este tipo de trabajos.
Además, las investigaciones políticas suelen estar
encargadas en un primer momento por despachos de abogados. Profesionales
que en un momento dado pueden alegar secreto profesional
para no revelar en Reino Unido la identidad de la persona que les ha
hecho el encargo, siempre que esté dentro de la legalidad. Eso provoca
que, pese a que la investigación se realice en suelo español, la identidad real del cliente quede bajo el amparo de la legislación británica.
Fuentes del sector explican además que este tipo de investigaciones son en España mucho más complejas
de lo que parecen: "Lo que solemos hacer es comprobar, por ejemplo si
un médico tiene o no la carrera, si tiene el título y está
colegiado para ejercer, pero no analizamos nunca cómo ha aprobado esa
carrera".
De hecho, los expedientes académicos, pese a que son
datos personales que afectan al desarrollo de ámbitos públicos, son
secretos en España. Solo es posible consultar sin orden judicial si una
persona está inscrita o no en los distintos colegios profesionales que son obligatorios para
ejercer una determinada profesión, como en el caso de los médicos o los
abogados. Pero no es posible acceder al expediente académico con el que
estos profesionales obtuvieron su título. Ni de ellos ni de ningún
otro.
Es por eso que, en el caso de Cristina Cifuentes por ejemplo, los datos sobre la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Caros,
que se han demostrado de relevancia pública y que ahora investiga la
Justicia, han tenido que ser obtenidos mediante filtraciones.
DANIEL MONTERO Vía EL ESPAÑOL
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