O Mariano Rajoy presenta su dimisión o PSOE, Podemos
y Ciudadanos deben poner en marcha inmediatamente una moción de censura
que desaloje de la Moncloa a su actual inquilino. Una moción de censura
que tenga como condición sine qua non la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. La contundente sentencia del caso Gürtel inhabilita al presidente del Gobierno para seguir al frente del país.
El fallo de la Audiencia Nacional, que “pone en
cuestión la credibilidad” de Rajoy, –vamos, que lo viene a tildar de
mentiroso, para que nos entendamos–, acredita una trama generalizada de
la corrupción en el seno del Partido Popular. También, la existencia de
una 'caja B' en las cuentas de la organización –“una estructura
financiera y contable paralela a la oficial”– con la que dopaba
sus campañas electorales y de donde salía, además, el dinero destinado
“a miembros relevantes del partido”, los famosos sobresueldos
denunciados por Luis Bárcenas, extesorero popular, que ha sido condenado a más de 33 años de cárcel.
Prácticas corruptas desde 1989
La resolución señala que las prácticas corruptas de
los populares existen “al menos desde 1989”, con lo que quedaría bajo
sospecha no sólo el mandato de Rajoy sino también el de su antecesor en
la presidencia del Partido Popular, José María Aznar, y hasta el del
antecesor de éste, Manuel Fraga. Y no solamente pone en evidencia el
juego sucio amparado por la cúpula del partido, sino asimismo el de sus
principales centros de poder autonómico de las últimas décadas: Madrid y
Valencia. La condena deja al desnudo las practicas mafiosas de los populares durante casi 30 años de la vida política española.
Como diluvia sobre mojado, el fallo se ha hecho
público, además, horas antes de que la jueza de Valencia, Isabel
Rodríguez, enviara a prisión sin fianza a otro nombre propio de la
reciente historia del PP, Eduardo Zaplana. El exministro y expresidente
valenciano está acusado de blanqueo de capitales. Los investigadores
sospechan que Zaplana ocultó en paraísos fiscales caribeños, Panamá y
Uruguay comisiones ilegales por valor de 10 millones de euros, que en
los últimos años habría ido repatriando a España desde Luxemburgo. Ante todo esto, el máster y las dos cremas de Cristina Cifuentes parecen una gamberrada de parvulario.
El calvario judicial que le queda al PP
Los días horribilis del Partido Popular no
parecen tener fin y el horizonte penal que le queda por delante no
invita a la tranquilidad: a este calvario le quedan otras siete
cruces relacionadas con Gürtel, además de Lezo, Púnica, Acuamed,
Mercasa, Nóos, Brugal y Pokemon, hasta un total de 15 causas.
Es por esto que, tras la demoledora sentencia de
este jueves, ni Mariano Rajoy ni el PP pueden seguir un día más de
espaldas a la ciudadanía; no pueden seguir siendo el partido del ‘aquí
nunca pasa nada’, el partido del ‘yo no he sido’; no pueden creer, ni
hacer creer a los españoles, que nada de todo esto tiene que ver con
ellos. Tienen que dar la cara y someterse al juicio de las urnas y para
ello Mariano Rajoy debe dimitir ya. Y si no lo hiciera, que es lo que
nos tememos, la oposición tiene la obligación política de unirse por la dignidad del Parlamento y por la de la Presidencia del Gobierno.
Llegados a este punto, lo lógico sería que
las tres principales fuerzas de la oposición se pusieran de acuerdo para
nombrar a un independiente que llamara a las urnas lo antes posible.
De no ser así, Sánchez podría estar planeando una moción de censura que
obligara a Rivera a tumbar a Rajoy: bien forzándole, como sucedió en
Madrid, a elegir a otro presidente entre el PP; bien apoyando
directamente la moción de los socialistas. Ciudadanos no podría ser
menos exigente en el Congreso de los Diputados que en la Asamblea de
Madrid.
EDITORIAL de EL ESPAÑOL
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