El fiscal general del Estado, José Manuel Maza EFE
En la tarde del martes, la Fiscalía Anticorrupción (FA) envió a través del gabinete de prensa del Fiscal General del Estado, Manuel Maza, un escrito –o parte del mismo, apenas 8 folios de un total de 43, correspondientes al principio y final del mismo- redactado por los fiscales de la 'Operación Lezo', Carmen García Cerdá y Carlos Iañez, y dirigido al juez Eloy Velasco, oponiéndose frontalmente a la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En esos 8 folios, ambos fiscales apuntan directamente al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como el autor de la filtración que puso sobre aviso a NachoGonzález, hoy en el balneario de Soto del Real, de que estaba siendo investigado por la Justicia. El escrito no tiene desperdicio, y no solo porque es una declaración pública de la guerra que enfrenta a los fiscales de Anticorrupción con su responsable jerárquico, el fiscal jefe Manuel Moix, sino porque es una evidencia incontestable no ya del deterioro de la Justicia, sino del de la sintaxis del castellano y de su ortografía. Para salir corriendo.
Como es fácil imaginar, los medios se volcaron de inmediato sobre el escándalo. “Anticorrupción apunta al número 2 de Interior como el chivatode González”, tituló Ángela Martialay en este diario. El lío estaba montado. Moix manifestó nada más llegar al cargo, 22 de febrero pasado, su intención de revisar personalmente los informes, dictámenes y escritos que se generen en su jurisdicción, de modo que lo ocurrido el martes plantea algunas preguntas a bote pronto: ¿No pudo revisar ese en concreto, o sencillamente sus fiscales le metieron un gol por la escuadra filtrando “la chivada (sic) del secretario de Estado de Seguridad”, y haciéndole quedar como Cagancho en Almagro…? A última hora de la tarde, en la Fiscalía empezaron a dar marcha atrás, después de que sobre los campos agostados por la falta de talento de los Moix, Maza, Zoido y Catalá, cayeran inmisericordes chuzos de punta. Tormenta en las alturas de Interior y Justicia. Ahora querían hacer ver a los periodistas que siguen Tribunales que los fiscales no habían acusado a Nieto de nada. Los informadores, claro está, rechazaron de plano la pretensión: ¿Cómo que no, si lo dice claramente el papelucho?
Trapicheo, mediocridad, desconcierto y evidencia de que la guerra civil que se viene desarrollando en la FA ya no se puede ocultar, corrupción en Anticorrupción, con filtraciones interesadas y rebelión a bordo de los fiscales contra un jefe que no controla la Fiscalía y al que aparentemente no obedece al menos una parte de sus subordinados, fiscales ingresados en su mayoría durante el largo mandato de Antonio Salinas, 13 años al frente de la cosa (desde julio de 2003, en que sustituyó a esa joya llamada Carlos Jiménez Villarejo, hasta octubre de 2016), muchos de ellos de izquierdas con ventanas al mar del populismo que nos asedia, encantados con Salinas porque Salinas soltó mucho las riendas, Salinas dio mucho margen de maniobra, Salinas no incordiaba y además actuaba de parachoques cuando de “arriba” venían los cabreos contra tal o cual actuación o fiscal concreto. La contrapartida del consentidor Salinas ha sido, es, una Fiscalía que no funciona, que además de ser una anomalía democrática –todos los jueces y fiscales están en teoría obligados a perseguir la corrupción sin necesidad de una instancia concreta- se ha convertido en una pesada organización en la que burocracia e ineficacia triunfan a partes iguales.
Anticorrupción cuenta con 57 fiscales, 28 de ellos ubicados en la sede central de Madrid, 19 delegados y 10 temporales. Dispone, además, de una unidad destinada en la Agencia Tributaria (11) y otra en la Intervención General del Estado (7), además de 10 policías y 20 guardias civiles adscritos. En total, 138 funcionarios. A ello hay que añadir los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según la Memoria de 2016, durante 2015 la FA intervino en 340 procedimientos penales, de los que llegaron a juicio 22 casos, 19 de los cuales terminaron en sentencias condenatorias y 4 en absolutorias, con una ratio de eficacia (porcentaje de sentencias condenatorias en relación con los casos investigados) de un 5,5%. Un año antes, en 2014, había intervenido en 371 procedimientos, de los cuales 19 acabaron en sentencias, 17 de las cuales fueron condenatorias. El ratio de eficacia fue aún más bajo, del 4,5%.
Si fuera una empresa privada, habría suspendido pagos
Como afirma Carlos Berbell en la web Confilegal, “Si la FA funcionara como una empresa privada, hace tiempo que se habría tocado a rebato para determinar las razones de su bajo ratio de eficacia y para hacer cambios drásticos”. Vamos, que hace tiempo hubiera suspendido pagos y sus responsables, los señores fiscales, estarían cobrando el paro. Aquí no: aquí siguen teniendo a los imputados, perdón, investigados –muchos de ellos probables chorizos, cierto, si bien merecedores de la presunción de inocencia- sometidos al suplicio de años de investigación que nunca se cierra; aquí detienen a los imputados, perdón, investigados, con la cámaras de La Sexta de testigo; aquí filtran sumarios secretos y distribuyen grabaciones no menos secretas en diario mogollón; aquí los señores bachilleres de la UDEF o de la UCO se permiten incluir en sus informes –algunos pura ciencia ficción- sesudas calificaciones jurídicas como si fueran catedráticos de Penal y/o Mercantil, sin que los señores fiscales opongan aparente reparo a semejante aberración. Aquí… en fin, para qué seguir.
Moix ha pretendido corregir esta deriva. Ha llegado con el encargo de hacer funcionar la FA, poner orden en el desorden y, muy resuelto, ha emprendido la tarea, decidido, además, a hacer oídos sordos a las críticas de unos y otros. Sabe que para mejorar esa ratio de eficacia necesita acabar con el reino de Taifas en que se ha convertido la Fiscalía, imponiendo orden, coordinando, supervisando personalmente el trabajo de sus subordinados, acabando con las investigaciones “prospectivas”, esas que se lanzan como piedras en un pozo a ver si hay agua, poniendo a las buenas gentes de la UDEF y la UCO al servicio de los fiscales y no al revés, exigiendo pruebas para detener gente, agilizando los procedimientos, acabando con las filtraciones… Cosas normales en una democracia donde la policía no entra en un despacho a las cinco de la madrugada a instalar un micrófono. Casi nada lo del ojo… y lo llevaba en la mano. Demasiado arroz para tan poco pollo.
La respuesta ha sido una rebelión en toda regla, a la que ha contribuido su falta de tacto y esa determinación suya de entrar en los asuntos como elefante en cacharrería. Apenas siete semanas después de su nombramiento, con motivo del arranque de la 'operación Lezo', los dos fiscales del caso invocaron el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, cosa que nunca había sucedido, para que la Junta de Fiscales dilucidara si debían o no cumplir una orden de Moix. Perdió Moix por 21 votos a 2. Alguno de los miembros de la Fiscalía se refiere a él en privado como “este hijo de la gran puta”, frase que da idea de cómo están las cosas en Anticorrupción y, por extensión, en nuestra Justicia. Manga por hombro, con unas instituciones incapaces de respetarse a sí mismas. Una frase que sirve para medir la violencia de un conflicto que tiene un perdedor claro, dada la determinación de ese legionario que es el Fiscal General del Estado, señor Maza, de dejarlo caer en cuanto pueda. Es el sálvese quien pueda. O mucho me equivoco, o es cuestión de días.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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