- La Guardia Civil acredita un millón en efectivo para pagar campañas
- El fiscal sitúa a Aguirre en la "red decisoria" de la financiación
La Guardia Civil concluye que el PP de Madrid dispuso durante años de una «contabilidad soterrada de gastos de campaña electoral» que provocó «una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral».
El Grupo de Delitos contra la Administración recalca en los informes que ha entregado al juez Eloy Velasco que la caja B de los populares madrileños «pone al descubierto la realización de gastos muy por encima de los declarados a la Cámara de Cuentas».
A esta conclusión llegan los investigadores tras analizar «la información procedente de las entradas y registros vinculados con el ex gerente del PP regional, Beltrán Gutiérrez». No obstante, los agentes no sólo responsabilizan a este último de la mencionada operativa sino que recalcan que en ella «también fue necesaria la participación de otros miembros del PP regional, quienes ocupaban puestos cuyas responsabilidades suponían que debían estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a qué destinos se aplicaban».
En este sentido la Fiscalía Anticorrupción enclava a Esperanza Aguirre en la «red de decisión y ejecución cohesionada» vinculada a la financiación irregular.
Esta maquinaria, consistente en la «superación sistemática de los límites de gastos electorales», se produjo, a juicio de los investigadores, «durante al menos los comicios celebrados en los años 2007 y 2011».
La Guardia Civil explica que «las numerosas irregularidades que sustentaron» esta operativa «atentan contra principios» como «el necesario equilibrio en la
concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político». «Habiéndose sustentado», añaden los informes incorporados al sumario de la operación Púnica, «mediante actuaciones con relevancia penal -fraude de subvenciones, malversación, falsedad...-».
Como «elemento nuclear de esta trama», el Grupo de Delitos contra la Administración sitúa a la «fundación Fundescam», que fue empleada para «vehicular los fondos destinados a gastos electorales y para actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña».
Así, «se ha podido acreditar cómo importantes gastos electorales en las elecciones del año 2007 y 2008 -e indiciariamente en el año 2011- se habrían sufragado a través de Fundescam, utilizando para ello subvenciones públicas provenientes de la Comunidad de Madrid». Estas ayudas «eran justificadas por la referida Fundación con facturación por conceptos mercantiles falsos que enmascaraban gastos electorales del PP de Madrid».
Junto a los pagos a Fundescam han sido detectados «ingresos en efectivo de procedencia desconocida y abonos en efectivo a proveedores de campaña por encima del millón de euros». O lo que es lo mismo, la «existencia de una caja Bpara pagar a proveedores de servicios electorales».
En este sistema de financiación ilegal, la Guardia Civil sitúa, junto al ex gerente Beltrán Gutiérrez, a Ignacio González. Al ex presidente de la Comunidad de Madrid se le atribuye la responsabilidad de promover, otorgar y conceder las referidas subvenciones a Fundescam».
Resalta la Guardia Civil que González era vicepresidente primero del gobierno madrileño «durante los comicios autonómicos celebrados en 2007». Siendo además «el director del Comité Regional de Campaña del PP de Madrid y patrono de Fundescam».
Pero también involucra en estas prácticas a Francisco Granados, que fue durante 2008 y 2011 «director de campaña a nivel regional así como secretario regional y consta su participación en la campaña del año 2011 en la interlocución con distintos proveedores». Concretamente en relación a este último la Guardia Civil precisa que, según los apuntes de su agenda personal intervenida, habría participado en la recepción de 2,1 millones de euros en metálico para el partido, de los que se habría quedado 500.000 euros junto al empresario Javier López Madrid.
También hacen referencia los investigadores a otros empresarios que habrían participado en la trama como Arturo Fernández.
ESTEBAN URREIZTIETA Vía EL MUNDO
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