EL CONSENSO DEL DESASTRE

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. EFE

 

Con la misma seguridad que la noche sigue al día, la Generalitat y el gobierno se encaminan a un enfrentamiento institucional sin precedentes que tensará al máximo a la sociedad catalana y que puede poner en riesgo el clima de convivencia que se ha mantenido desde la recuperación de la democracia.

No es alarmismo, no es una posibilidad residual, es a lo que estamos abocados sin remedio. El choque de trenes se da por hecho en el gobierno, en la Fiscalía, en el Govern, en las cúpulas de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, empresariales y sindicales. Es el consenso del desastre.

Mariano Rajoy lo dejó claro el sábado ante el selecto auditorio de cien empresarios reunidos por el Círculo de Economía en Sitges. “Siendo yo presidente, el referéndum no se va a producir”. Al otro lado, Carles Puigdemont mantiene el pulso y en los próximos días anunciará oficialmente la fecha y la pregunta que se hará a los ciudadanos en una consulta que pretende ser de autodeterminación.

Nada tiene que ver este reto a la legalidad con el que supuso la votación del 9 de noviembre de 2014. Aquello se planteó como una consulta no vinculante en la que la Generalitat, aparentemente, era un sujeto pasivo, ya que sus impulsores eran organizaciones cívicas. El Tribunal Constitucional había prohibido expresamente el llamado “proceso participativo”, pero Rajoy dejó -contra el criterio del Fiscal General Torres Dulce– que se sacaran las urnas, que se votara y que se difundieran sus resultados por parte de la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega.

No estamos ante una repetición del 9-N. La Generalitat llegará hasta el final con su referéndum de autodeterminación y el gobierno impulsará el artículo 155 de la Constitución

Frances Homs, entonces consejero de Presidencia de la Generalitat y ahora inhabilitado por el Tribunal Supremo por su participación en la organización de la consulta, ha llegado a insinuar que para el 9-N hubo un pacto entre el presidente Artur Mas (también inhabilitado) y Rajoy para llevar a cabo el referéndum de mentirijillas a cambio de que el president no apareciera públicamente capitalizando sus resultados.

Pero ahora las cosas son radicalmente distintas. El referéndum se plantea como vinculante y, de hecho, como el inicio de la independencia de Cataluña. La Generalitat aparece como su principal promotora, con su presidente al frente.

Siguiendo la metáfora del choque de trenes, el maquinista Puigdemont es el menos interesado en pisar el freno. “Si Mas llegó hasta donde llegó siendo un independentista converso, él, que ha sido independentista desde que nació, tiene que llegar mucho más lejos que Mas”, afirma una dirigente del PDeCAT.

El periodista frustrado alcanzó el cargo fruto de las circunstancias. La CUP -cuyos votos eran necesarios para que Junts Pel Sí pudiera formar un gobierno soberanista tras las elecciones autonómicas de 2015- exigió la salida de Mas, cosa que logró. Convergencia buscó entre los posibles candidatos y, al final, encontró al entonces alcalde de Gerona, que presumía de ser más independentista que los dirigentes de ERC y que recibió el visto bueno tanto del líder de los republicanos, Oriol Junqueras, como de los antisistema de la CUP.

Puigdemont no tiene aspiraciones políticas -más allá de lo que ha conseguido hasta ahora, que no es poco- y ha anunciado que no será candidato de Junts Pel Sí, coalición que todos dan por muerta, o por su nuevo partido, el PDeCAT, lo que le agradecen infinitamente sus compañeros, hartos tanto de él como de Mas.

La irresponsabilidad llega a tal punto que el proceso se ha puesto en manos de un político, Puigdemont, que no se juega nada y cuyo único interés es llegar más lejos que Artur Mas

El presidente de la Generalitat, por tanto, quiere ir hasta el final y si ahí tiene que asumir la inhabilitación no le importa. Quiere demostrar a los independentistas que le siguen que es hombre de palabra y que si, finalmente, no logra lo prometido, el referéndum y la independencia, es porque Madrid se ha impuesto por la fuerza.

El gobierno, que en la cuestión catalana ha tenido como jefa de operaciones a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, creía hasta hace muy poco que Junqueras terminaría convenciendo a su jefe de gobierno de parar antes de llegar al precipicio. “El líder de ERC”, argumentaban en Moncloa cuando se creía que la Operación Cataluña iba viento en popa, “lo que quiere es que se convoquen elecciones porque sabe que ganará su partido y que puede ser el próximo presidente de la Generalitat“.

En el imaginario monclovita se manejaba el siguiente escenario: la Generalitat convoca el referéndum, el gobierno recurre, el Constitucional lo prohíbe y el gobierno catalán disuelve las Cortes y se convocan elecciones; gana ERC y se forma un gobierno de coalición de izquierdas, tal vez con la participación del PSC. Corolario: la independencia queda aplazada hasta nueva orden.

¿Cómo responderá la calle a las medidas de excepción? Todos temen a la respuesta de la CUP y a unos altercados que pueden tornarse violentos

Un alto ejecutivo de una entidad financiera desmonta ese relato/ficción. “Junqueras me ha confesado que él no hubiera hecho las cosas como las ha hecho Puigdemont, pero él no va a parar el proceso porque eso dejaría a ERC a los pies de los caballos en las próximas elecciones, que, naturalmente quiere ganar. Por eso, aunque de mala gana, no va a poner un pero en llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias: van a sacar las urnas a no ser que el gobierno lo impida por la fuerza”.

En la locomotora que viene de frente, Rajoy se siente firme. Ha hablado con Merkel, con los altos funcionarios de Bruselas, ha consultado su decisión con un ejército de abogados del Estado… Sabe que tiene a la mayoría de la opinión pública de su parte y lo ha comunicado a través del ministro de Justicia al Fiscal General, José Manuel Maza: “Ustedes hagan lo que tengan que hacer”.

El plan es recurrir todas y cada una de las decisiones que vaya tomando la Generalitat en orden a subvertir el orden constitucional. La tensión irá subiendo. A finales de agosto se aprobará la llamada ley de desconexión en el Parlament y septiembre será un mes de movilizaciones masivas, con la Diada como fecha clave. La cuestión es cuándo el gobierno va a tomar la determinación de apretar el botón rojo: la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que algunas competencias, como las que tienen que ver con Interior (el control de los Mossos) pasen a depender del delegado del gobierno en Cataluña.

“En todo caso”, señala una fuente, “eso se hará antes de que se saquen las urnas a la calle. No es descartable que los miembros del govern queden suspendidos en sus funciones. Todas las medidas a adoptar serán de carácter temporal y quedarán suspendidas tras la celebración de las elecciones autonómicas”.

Nunca se ha llegado hasta ese punto. De hecho, hasta no hace mucho, el gobierno descartaba esa posibilidad. Pero ahora, en esas mismas fuentes gubernamentales, se ve como lo más probable.

Apretar el botón rojo del artículo 155 implica muchas cosas. En primer lugar, que el gobierno debe estar respaldado por un amplio consenso político. Rajoy puede contar con toda seguridad con el aval de Ciudadanos, pero ¿qué hará el PSOE liderado por Pedro Sánchez? Moncloa debería emplearse a fondo en las próximas semanas para que los socialistas no se quedasen al margen de esa decisión, lo que sería una baza de gran valor estratégico para los independentistas.

Podemos y los Comunes ya han dicho que respaldan el referéndum. Por tanto, apoyarán las movilizaciones que se organicen en Cataluña, tanto las previas para calentar el ambiente, como las que se produzcan si el gobierno suspende parcialmente la autonomía.

Pero el auténtico peligro está en lo que hará la CUP, un partido que quiere la ruptura ya con España y que sacará enorme rédito a las medidas de excepción que el gobierno se verá obligado a adoptar.

¿Qué ocurrirá si los altercados se tornan sangrientos? Esa es la pregunta que recorre como un escalofrío la espina dorsal de la sociedad catalana. Decenas de años de convivencia pacífica podrían saltar por los aires si las medidas no son proporcionadas y si no hay un acuerdo sobre lo que pasará el día después. Todas las opciones están abiertas.

            CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO  Vía EL INDEPENDIENTE