Hace unas semanas, publiqué las razones por las que, en mi opinión, mi partido debería reconsiderar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado presentados por Rajoy.
El proyecto de PGE es irrealizable a nivel de recaudación (aspecto cuestionado por BdE y AIReF), incrementan el gasto, perpetúan la industria política, provocan la emisión de más deuda pública y agrandarán aún más la brecha entre ricos y pobres.
Como ya hemos explicado, y demostrado, en varios medios de comunicación, los datos de la contabilidad nacional (PIB, deuda pública, presión fiscal, etc.) que el gobierno envía a Bruselas y al Parlamento no son ciertos. El PIB es un 17,5% inferior al oficial, la deuda pública real se ha triplicado en diez años, llegando a los 1,5 billones de euros y el déficit público acumula, desde el comienzo de la crisis, una insoportable cifra de más de seiscientos cincuenta mil millones de euros.
El comportamiento del PP hace cuando menos, cuestionable, que Ciudadanos le continúe otorgando su confianza y apoyo
Aunque mis compañeros han conseguido incluir partidas presupuestarias que serán beneficiosas para los ciudadanos (si el PP las cumple), la esencia del proyecto de PGE presentado por Rajoy supone la no corrección de las importantes y esenciales desviaciones citadas, que, de no revertirse, llevarán sin remedio al país a la suspensión de pagos y a un sufrimiento sin precedentes para centenares de miles de personas.
A las razones anteriores, debo añadir que las evidencias demuestran, nuevamente, que el comportamiento del PP hace cuando menos, cuestionable, que Cs le continúe otorgando su confianza y apoyo.
La última negociación del PP con el PNV, más propia del estraperlo, para conseguir su apoyo a los PGE a cambio de incrementar aún más la desigualdad entre los españoles mediante la ampliación de los beneficios del cupo vasco, constituye un acto de deslealtad y traición por parte del PP. Además, lo han hecho a espaldas de Cs tras haberle dado el apoyo previo a Rajoy al proyecto de PGE, cuando, antes de la investidura, ya se le advirtió que un acuerdo con los nacionalistas invalidaría toda posibilidad de pacto, y a sabiendas de que nosotros consideramos que el cupo es una discriminación entre los ciudadanos españoles.
Sumado a este hecho, debemos analizar cuál ha sido el comportamiento del PP, hasta hoy, con las seis condiciones básicas que Cs le impuso para su investidura, las cuáles aceptó y firmó:
- Expulsión inmediata de cualquier cargo público imputado por corrupción política. Hay muchos ejemplos en todo el territorio español en los que el PP no ha cumplido. Citaré uno relevante, el del expresidente de Murcia, que, si bien ha dimitido, sigue siendo diputado regional y presidente del partido. No sólo no ha sido expulsado, sino que sigue formando parte de la toma de decisiones. Además, también incumple el propio pacto regional entre PP y Cs, que dice en su punto 1: Cumplimento expreso de separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial.
- Eliminar los aforamientos. Existen algunos casos donde se han comenzado los procesos a nivel autonómico, y algunos finalizados, como en Murcia. Sin embargo, a nivel estatal, el PP ya mostró su negativa de modificar la Constitución en la votación del Senado. Ello ha llevado a que Cs tenga que negociar con otros grupos para obligar al PP a acabar con los aforamientos.
- Aprobar una nueva ley electoral (desbloqueo de listas, fin del voto rogado en el extranjero y modificación del peso relativo de cada voto en el reparto de escaños).De este asunto, que es crucial para la regeneración democrática, se han iniciado los primeros pasos mediante la creación de una subcomisión. El PP no está poniendo mucho énfasis, actuando de mero espectador ante las discrepancias entre el resto de partidos, en lugar de tomar la iniciativa con Cs, tal y como establece el pacto.
- Acabar con los indultos por corrupción política.El 13 de febrero de 2017, ya investido Rajoy, y cuatro días antes de iniciarse el debate parlamentario para la tramitación de una proposición de ley para reformar la gracia del indulto, el PP indultó a seis condenados por corrupción política de su partido. Y, para colmo, nos tuvimos que enterar por la puerta de atrás, gracias a un portal que recoge los “desmanes” del BOE. Realmente vergonzoso. ¿Será la última?
- Limitar los mandatos presidenciales a ocho años o dos legislaturas. Sobre este asunto, el propio Rajoy ya ha declarado que “eso es más propio de sistemas presidencialistas” y también considera fuera del acuerdo los periodos previos (2011-2015). Estos hechos, al igual que en el punto 2, han obligado a Cs a buscar el apoyo de otros grupos parlamentarios para tratar de obligar al PP a cumplir lo pactado, y hacerlo extensible a los alcaldes.
- Crear una comisión parlamentaria para investigar el caso Bárcenas.Llegado el momento de cumplir el pacto, el PP alegó que ya existía la comisión contra la corrupción y por la calidad democrática para abordar el asunto, lo que constituía una tomadura de pelo. La solicitud de creación de la comisión tuvo que ser registrada en el Congreso por PSOE, Podemos y Cs. Finalmente, al PP no le quedó más remedio que aceptar lo inevitable, que no tiene mayoría en el Congreso, pero en ningún momento ayudó a su creación, más bien hizo todo lo contrario.
Por otro lado, recientemente hemos conocido otro caso de corrupción inadmisible del PP en la Comunidad de Madrid. La denominada “Operación Lezo”, que dejará, muy probablemente, a Gurtel y Púnica, en un juego de niños.
La opinión pública, tras conocer los hechos, ha preguntado a Cs si va a seguir manteniendo al gobierno de Cristina Cifuentes. Nuestra respuesta, probablemente de buena fe, ha sido afirmativa, argumentando que “la presidenta no está imputada y hasta la fecha el PP está cumpliendo el pacto de investidura con Cs en Madrid”.
Es cierto que Cifuentes no ha sido imputada, pero, ¿está cumpliendo el PP el acuerdo con Cs en Madrid?
Analizando los hechos, hay muchos puntos fundamentales del acuerdo que el PP no ha cumplido. Además, parece no tener intención de hacerlo, habiendo transcurrido ya dos años de legislatura. Especialmente, porque no existen razones, ni de complejidad, ni de tiempo, que lo impidan, por lo que, al menos, ya deberían haberse sometido a aprobación en el pleno de la Asamblea. He aquí algunos ejemplos de no cumplimiento:
- Punto 2. Elaboración y remisión a la Mesa del Congreso de una proposición de Ley mediante la cual se solicite la modificación de la legislación actual para permitir la exigencia de responsabilidad patrimonial subsidiaria a los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos. Este punto no se ha cumplido. El PP es el único y probado responsable de la paralización de esta medida que, con los desmanes de González, Granados y Cía., probablemente supondría la ruina absoluta del PP.
- Punto 4. Elaboración y remisión a la Mesa del Congreso de una proposición de Ley mediante la cual se exija a los partidos políticos la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control. Cs ya contempla en sus estatutos medidas de este tipo, pero, nuevamente, el PP tiene paralizada indefinidamente esta medida del acuerdo de investidura.
- Punto 5. Realización de una auditoría económica externa de los últimos 8 años de Gobierno de la Comunidad de Madrid y de una auditoría funcional y de procesos relativa al último ejercicio (2014). El plazo para realizar la auditoría finalizará en junio de 2016 y los resultados deberán estar disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org). Invito a los lectores, un año después al plazo establecido, a que encuentren los resultados de la auditoría en dicho portal y me los hagan llegar. Es más, si son capaces de encontrar el concurso o licitación pública que se supone debería haberse convocado para hacer la auditoría extena, les estaré muy agradecido.
- Punto 6. Modificación de la legislación autonómica con el fin de impedir que un concejal o alcalde pueda ejercer simultáneamente como diputado autonómico en la Comunidad de Madrid, así como una revisión del actual sistema de dedicación exclusiva y no exclusiva con el fin de limitar a una serie de casos tasados la posible dedicación no exclusiva. De los muchos que hay, sólo citaré dos ejemplos de alcaldes que además son diputados de la Asamblea de Madrid. David Pérez, el alcalde de Alcorcón (del que Cs exigió su dimisión por su “refinado léxico” con las mujeres y Cifuentes hizo caso omiso) e Ignacio García Vinuesa, alcalde de Alcobendas. Otro incumplimiento del PP.
- Punto 7. Eliminación de todos los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. A Cifuentes se le llenaba la boca con este asunto al comienzo de la legislatura. Dos años más tarde, sin ningún tipo de justificación, lo cierto y verdad es que todas sus señorías en la Asamblea de Madrid, siguen siendo aforadas.
No continúo, porque el acuerdo son 76 puntos y el formato no me lo permite. Invito a los lectores a proseguir con el resto.
No obstante, si citaré algo que considero muy grave y que desenmascara cuál es la verdadera condición de este partido.
El PP se atrevió, hasta en dos ocasiones, a votar en contra de promover una ley para proteger a los denunciantes de corrupción
El PP se atrevió, hasta en dos ocasiones, a votar en contra de promover una ley para proteger a los denunciantes de corrupción, negando la protección y la dignidad de personas, que han entregado su vida para proteger el bien público y el de los ciudadanos contra las bandas corruptas con forma de partido. Afortunadamente, la oposición, formada por PSOE, Podemos y Cs, con sus votos, logró sacar adelante la toma en consideración de la proposición de ley.
Lamentablemente, esta es la fórmula que tiene el PP para comprometerse con la regeneración democrática y para luchar contra la corrupción.
Estos comportamientos del PP, en mi opinión, son intolerables, y demuestran que el PP está vulnerando, a conciencia, los pactos con Cs.
Por todo ello, sugiero humildemente a la dirección de Cs que analice estos hechos, reflexione, y reconsidere si debe seguir manteniendo nuestro apoyo al PP en estas condiciones, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Congreso de los Diputados.
Por cierto, la situación con el PSOE en Andalucía, será objeto de un artículo en las próximas semanas.
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