En esta legislatura, como lo son casi todas, de grandes retos económicos, presume Mariano Rajoy que será capaz de despejar el horizonte de las pensiones en España para el próximo cuarto de siglo. El asunto necesita de mucha cirugía en el Pacto de Toledo para evitar un enfrentamiento generacional dentro de pocos años, cuando haya tantos (o más) pensionistas como trabajadores en activo y cotizando. Una paridad que conducirá a rebajar de forma exponencial las actuales retribuciones de las pensiones o, como se atreven ya a decir algunos, significará la eliminación total del sistema público. No sólo porque la hucha de las pensiones resuena cada vez más hueca. Sino porque el sistema de solidaridad generacional, como está concebido a día de hoy, es insuficiente. En realidad, está en quiebra técnica.
“La reforma más importante de la legislatura será la del sistema de pensiones”, aseguró Rajoy, hace apenas quince días. Lo dice esperanzado ante el éxito de los trabajos del Pacto de Toledo, confiando en que el recurso a la ‘chequera’ del Estado para garantizar el pago de las pensiones ante el ‘agujero’ del Fondo de Reserva quede como ese mal trago necesario para hacer sostenible del sistema. Demasiada esperanza ante un Pacto de Toledo que camina condenado al fracaso ante el cortoplacismo de la clase política. Ningún partido quiere ponerle el cascabel al gato. Defender los esfuerzos necesarios que hay que hacer desde ya para garantizar las pensiones futuras porque son incompatibles con mantener contento a un importante caladero de votos.
En esa pelea política viven enmarañados los actuales trabajos del Pacto de Toledo. Por ahora, la oposición está enrocada en que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme a la inflación. Esta medida, que el Gobierno de Rajoy ha sustituido por una revalorización fija del 0,25% anual, supone el principal choque con la oposición a la hora de emitir conclusiones comunes sobre la reforma de las pensiones. La vía de recuperar el IPC como guía de la evolución de las pensiones aúna a Ciudadanos, Podemos y PSOE. Para los socialistas, el debate sobre las pensiones siempre ha sido un arma política que ha utilizado como una especie de patrimonio electoral. Mueve más de nueve millones y medio de votos, los de los propios pensionistas y los de sus familias, y casi siempre aflora sin que reconozcan que fueron los primeros en congelar estas prestaciones durante su tarea de Gobierno -José Luis Rodríguez Zapateroen 2010- ni tampoco que tienen su parte de responsabilidad en el déficit que ha llevado a dejar en menos de 15.000 millones un Fondo de Reserva que llegó a tener casi 67.000.
Las pensiones ya han empezado a perder poder adquisitivo este año y lo seguirán haciendo en el futuro. Así se defiende desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que explica que el sistema seguirá en déficit los próximos cinco años, lo que hará que las prestaciones solo se puedan actualizar un 0,25% cada ejercicio, el mínimo que marca la ley. La consecuencia directa de esto es que las prestaciones perderán siete puntos de poder adquisitivo de aquí a 2022. Los expertos llevan tiempo avisando de que las pensiones caerán un 40% de aquí al año 2050 si no se hace nada para remediarlo. Los economistas, sin embargo, cuestionan que sea viable volver armonizar la revalorización de las pensiones a la subida del IPC. En Fedea calculan que el gasto permanecerá estable en el 12% del PIB durante las dos próximas décadas. Pero si se deroga la última reforma de las pensiones, se dispararía con la jubilación de la generación del ‘baby boom’ hasta alcanzar el 13% y el 14% del PIB durante la década de los años 30 e, incluso, superaría el 17% en 2050.
Dejando de lado las propuestas que plantean derogar las reformas de 2011 y 2013, agravando el desequilibrio del sistema, básicamente hay tres grandes grupos de soluciones. En un primer grupo, se confía en que el crecimiento económico, apoyado en aumentos de la productividad y de un empleo cada vez mejor, sea suficiente para generar los recursos necesarios con los que paliar el déficit de la Seguridad Social. Sobre todo en el futuro si hay menos población en edad de trabajar. Desde luego que más y mejor empleo y mayor productividad son objetivos que hay que perseguir sin descanso. Pero hay muchas incertidumbres de que sean condiciones suficientes para eliminar el déficit actual del sistema y, sobre todo, afrontar los retos futuros.
El segundo grupo de propuestas consiste en destinar más recursos al sistema de pensiones, manteniendo la tasa de prestación del sistema, de las más elevadas de Europa. Esta propuesta adopta múltiples formas pero casi todas convergen en un importante aumento de la presión fiscal: recurrir al sistema impositivo general para el pago de pensiones contributivas, destopar las bases máximas de cotización, incrementar el salario mínimo y las bases mínimas de cotización, aumentar el tipo de cotización bien al esquema actual de reparto o a un esquema nuevo de capitalización, ampliar la edad laboral restringiendo la jubilación anticipada, reducir bonificaciones a la cotización o crear cotizaciones nuevas no ligadas al empleo. El problema de estas medidas es que, en general, implican una reducción de la contributividad del sistema y tienen efectos negativos sobre la creación de empleo, la inversión y la productividad.
Por último, el tercer grupo de propuestas plantea cambios más o menos profundos que afectan gradualmente al crecimiento del gasto. El cambio más ambicioso planteado por algunos expertos ha sido la sustitución gradual del sistema actual por uno de cuentas nocionales, blindando la capacidad adquisitiva de la pensión mínima. El sistema de cuentas nocionales es también un sistema público de reparto, en el que las cotizaciones financian las pensiones. La diferencia fundamental con el sistema actual es la forma de asegurar el equilibrio entre los derechos de pensión y el esfuerzo contributivo realizado a lo largo de toda la vida laboral, así como la información que se va dando año a año a cada trabajador sobre los derechos que va acumulando. Este sistema es más equitativo que el actual desde el punto de vista contributivo y actuarial.
De acuerdo con los cálculos disponibles, antes de la reforma de 2011, el desequilibrio del sistema suponía que por cada euro de cotización se adquirían derechos de pensiones por 1,44 euros, ambas cantidades en valor presente. Cuando la reforma del 2011 esté plenamente en vigor en 2027 el déficit actuarial se reduciría de 1,44 a 1,28. La implantación gradual de un sistema de cuentas nocionales permitiría eliminar ese déficit, liberando así recursos para revalorizar las pensiones ya existentes. El dilema no es otro que elegir entre una menor pensión inicial acorde con las contribuciones, pero que pueda mantener su capacidad adquisitiva, o seguir manteniendo pensiones iniciales demasiado elevadas en relación a las cotizaciones, incapaces de mantener su poder adquisitivo si los recursos del sistema no son suficientes.
Duro dilema para una clase política que vive instalada en el cortoplacismo para tener contenta a su parroquia. Sus propuestas así lo corroboran. El PSOE apunta al cambio de la reforma laboral para elevar las cotizaciones sociales. En Ciudadanos abogan por más flexibilidad en la edad de jubilación y la posibilidad de realizar actividades complementarias, así como informar de la pensión futura a los trabajadores. Desde Podemos se propone blindar el sistema y garantizar las pensiones, si hace falta, con impuestos. Tanto PSOE como Podemos piden sacar de la Seguridad Social los gastos que no sean exclusivamente la financiación de las pensiones, sino que están relacionados con su mantenimiento y con la burocracia. Mientras que Báñez puso encima de la mesa que las pensiones de viudedad y orfandad, que en mayo alcanzaron los 2.700 millones de euros, se financien con impuestos. Demasiada ideología para lograr puntos comunes en hacer sostenible el insostenible sistema de pensiones actual.
MIGUEL ALBA Vía VOZ PÓPULI
No hay comentarios:
Publicar un comentario