El Estado propicia la burbuja en el mercado de alquiler. EFE
No corren tiempos propicios para defender la intervención pública en cualquier mercado o actividad. Las soflamas sobre las bondades de la liberalización de mercados y/o la mínima invasión del terreno por parte de la Administración han calado, incluso, en la moribunda socialdemocracia que reprocha a los que defendemos este tipo de intervención, como radicales o inútiles (Susana Díaz, sic).
La liberalización a ultranza del mercado de alquiler de viviendas está causando estragos entre las rentas más bajas
Esta dejadez de funciones se está notando, especialmente, en el mercado de la vivienda en alquiler, con procesos inflacionistas que están alcanzando tintes dramáticos en algunos lugares, como pueden ser las grandes capitales, o zonas concretas como Ibiza.
Estos procesos coinciden en el tiempo y en el espacio con una eclosión de nuevos fenómenos, como los apartamentos turísticos, esa mal llamada economía colaborativa que lo que pretende es maximizar los ingresos para quien tiene una vivienda, inflando los precios y provocando la expulsión de las personas de menor renta de barrios enteros.
La eclosión de los apartamentos turísticos está provocando una inflación de activos sin parangón
Esta aparente contradicción, un incremento significativo de la vivienda para alquilar y la subida exponencial de precios, no casa con los supuestos teóricos que nos enseñaron en primero de carrera en Economía. Esto es sencillo de entender. Cuando no hay ninguna intervención pública, y las leyes sucesivas en materia de alquiler de vivienda favorecen a los propietarios, cuando no ha política pública de vivienda en alquiler, ni control de rentas, como en algunos lugares de Alemania, la inflación de precios se multiplica, para regocijo de empresas y portales inmobiliarias, cuyos objetivos es satisfacer vivienda a las rentas medias y altas. Mientras esto ocurre, las rentas más bajas, pero también las medianas, son expulsadas del mercado, ante la imposibilidad de poder pagar las rentas de alquiler desaforadas, que permite alquilar zulos de 15m2 por más de 1.000€ al mes.
La legislación del arrendamiento se ha inclinado descaradamente hacia el propietario, lo que favorece la expulsión de las rentas más bajas
Esta realidad, de la que no hay estadísticas fiables porque es preferible para todos los actores que este mercado siga siendo opaco y en dinero negro, ya está afectando a grandes barrios en Madrid y Barcelona, pero que, de momento, no ha inmutado al Gobierno a la hora de regular el mercado de alquiler. La realidad es que hasta antes de la crisis, el mercado de alquiler era un reducto de pobres de solemnidad o militantes irredentos, como es mi caso. La norma sobre arrendamientos urbanos anterior a la reforma actual, era una de las más equilibradas entre arrendadores y arrendatarios, como se puede ver en un estudio que yo mismo realicé para la Fundación Alternativas.
Con la reforma reciente, la discrecionalidad de los propietarios para elevar la renta y cambiar las condiciones del alquiler de la vivienda ha aumentado, lo que sin duda va a perjudicar a los eslabones más débiles. Sin embargo, para propietarios individuales y grandes portales, esta es la mejor situación el alquiler rentable queda únicamente para rentas más altas que, supuestamente, causan menos problemas de impagos.
A todo esto, hay que unir, el fenómeno de Airbnb, plataformas que, supuestamente, tratan de poner en relación a oferentes y demandantes de alojamiento, sin apenas control de la administración, fomentando que muchos vecinos tengan que abandonar su cada ante la espiral de precios, pero también las molestias que generan estas masas de turistas que no escatiman a la hora de provocar incidentes y daños colaterales a la convivencia.
La gran pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí. Lo primero que se observa es que en España ningún partido político cree de verdad en que la vivienda es un bien de uso y no de inversión, por lo que hay que despojar de todo incentivo a la especulación con dicho bien. Los sucesivos intentos de llevar a la práctica políticas de alquiler como las de nuestro entorno han sido frenados por el lobby inmobiliario y constructor que veía cómo se apagada la gallina de los huevos de oro, que consistía en retener el suelo para generar ingentes plusvalías cuando se vendían las viviendas. En este punto, la única política de vivienda que se ha llevado a cabo ha sido la de construir vivienda protegida para vender, curiosamente para que algunos espabilados lograsen alguna, del estilo de Ramón Espinar.
Ningún partido político cree realmente en una política de alquiler como la que se lleva a cabo en muchos países de la UE
Pero nada se ha hecho para llenar de vivienda social pública que contrapese la inflación de precios en el sector privado, a lo que se oponen frontalmente los grandes constructores o los portales inmobiliarios a su servicio. Esta ha sido tradicionalmente la política clásica en el Reino Unido, Alemania, Francia o Austria. Curiosamente en estos países apenas hay inflación de precios de activos inmobiliarios, y el acceso a la vivienda sí se considera un derecho real. Además, se han impuesto en algunos países el control de precios, de forma que las subidas indiscriminadas tienen que estar justificadas, porque ante todo prevalece el derecho a poder vivir en un hábitat signo de forma continuada. Allí el alquiler no es una solución de compromiso, como en España, sino que es una forma de vida, donde la obsesión por la propiedad, tan latina, no se ha extendido.
Parques públicos de vivienda social y control de rentas son algunas de las medidas que impiden las burbujas en los países de nuestro entorno
Solo cabe, por tanto, iniciar con mucho retraso, lo que los principales países europeos hicieron hace mucho: crear un verdadero parque público de vivienda en alquiler, políticas de control de precios y limitar al máximo las viviendas turísticas dentro de las grandes ciudades. Solo así podrán acceder a una vivienda en alquiler de forma digna aquellos ciudadanos a los que los grandes agentes del mercado, y los políticos, incluidos los que se llaman de izquierda, desprecian sistemáticamente.
El ejemplo de la venta de vivienda pública a fondos buitres en Madrid ha causado la expulsión de muchas familias, sin que Ahora Madrid haya ayudado nada.
Un ejemplo lo hemos vivido con las ventas masivas para hacer caja que hijo el PP con las viviendas sociales en Madrid. Aquellos vecinos más humildes y necesitados han sido desalojados, eso sí legalmente, de sus viviendas, frustrando un proyecto de vida en la mayoría de casos. El nuevo inquilino de Cibeles, Ahora Madrid, prometió en campaña luchar por la reversión de dichas viviendas. Cuando han llegado al poder se han olvidado de todos estos vecinos, y se han plegado al poder de los grandes fondos. Por eso han nombrado a quien han nombrado al frente de la EMVS. Menos mal que hay abogados como Mariano Benítez de Lugo, que perseveran y ya han logrado una primera sentencia que condena a Fidere a permitir a los vecinos permanecer hasta 15 años y les da el derecho a comprar la vivienda, dado el compromiso contractual que se tenía en su día. Esta lucha deberá avergonzar a los dirigentes de Ahora Madrid, y el PSOE también, que han dado la espalda a este colectivo.
ALEJANDRO INURRIETA Vía VOZ PÓPULI
No hay comentarios:
Publicar un comentario