Ya con sus «100 medidas para la España viva» los de Vox metían en el debate andaluz asuntos nada autonómicos. Por ejemplo, crear «un nuevo Plan Hidrológico Nacional bajo el principio de solidaridad y el bien común» (medida 34) -cosa muy necesaria, añado yo-.
A mi juicio, Vox viene exhibiendo, más que cualquier otra cosa, su voluntad de poner en evidencia los agujeros y abandonos que ha traído consigo la ideología políticamente correcta, como son la inmigración ilegal y las imposiciones del feminismo radical.
Por ello pienso que el
éxito de Vox en Andalucía no se debe tanto a sus posiciones, diz que de
extrema derecha, simplificación que muchas de sus propuestas desmienten.
Por ejemplo, «fomentar la reindustrialización de España» (medida 43);
«crear un dispositivo del primer empleo que exonere de las cargas
sociales en las contrataciones de jóvenes» (medida 51) o «una concepción
integral de la sanidad: tarjeta sanitaria única, calendario único de
vacunación, gestión integral de las listas de espera en todo el
territorio nacional» (medida 55)…
En otras palabras: el éxito de Vox se debe, más que nada, a su ataque directo al corazón de la corrección política, que es una ideología a la vez censora, buenista y radical que ha invadido no sólo a la izquierda, también al conjunto del debate político. Debate del cual casi han desaparecido los asuntos más relevantes, tales como la desigualdad de rentas, que, desde luego, no proviene ni principal ni únicamente de la «brecha de género», sino mucho más de los orígenes sociales.
En otras palabras: el éxito de Vox se debe, más que nada, a su ataque directo al corazón de la corrección política, que es una ideología a la vez censora, buenista y radical que ha invadido no sólo a la izquierda, también al conjunto del debate político. Debate del cual casi han desaparecido los asuntos más relevantes, tales como la desigualdad de rentas, que, desde luego, no proviene ni principal ni únicamente de la «brecha de género», sino mucho más de los orígenes sociales.
Por otro lado, la
igualdad de oportunidades está muy lejos de alcanzarse, pasando por la
Escuela, la Universidad o el Derecho Laboral. En España ya no se debate
sobre el sistema fiscal, cada vez más injusto y basculando en torno a un
IRPF que apenas obtiene ingresos fuera de los bolsillos de los
asalariados. ¿Y cuál es el resultado de todo ello? Que los verdaderos
problemas carecen de visibilidad porque todas las luces apuntan casi en
exclusiva a los problemas identitarios, ya sean de separatistas o de
feministas radicales. Y, como es lógico, tales simplificaciones y
mentiras traen consigo rechazos silenciosos pero masivos, auténticos
caladeros electorales para Vox.
Por otra parte, el feminismo radical ha conseguido silenciar cualquier crítica a sus posiciones y propuestas, por muy demenciales que éstas sean. Recordemos aquí a las feministas granadinas («Todas somos Juana») metiéndole gasolina al motor de Juana Rivas, lo cual la llevó a ser condenada por secuestrar a sus hijos, asunto que ha acabado ante la Justicia italiana, y allí una psiquiatra forense ha determinado que Rivas sufre un trastorno mental que le impide hacerse cargo de sus hijos. («¿Todas somos Juana?»).
Vayamos ahora a la «exigencia» estrella de Vox: las leyes contra la violencia de género. Tanto la ley andaluza como la votada en las Cortes Generales (Ley orgánica 1/2004) vulneran el principio de igualdad ante la Ley, pues el mismo delito se castiga más si quien lo perpetra es varón. Pero es que la ley andaluza se parece a un camello, es decir, a «un caballo hecho por una comisión», y esta ley infumable fue apoyada por PSOE, PP, Cs y Podemos.
Según el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla Francisco José Contreras, la ley andaluza «suprime la presunción de inocencia del varón y facilita las denuncias falsas al considerar suficiente el testimonio de la mujer -sin necesidad de otras pruebas- para la detención del acusado. Además, premia a la denunciante con todo tipo de ventajas, desde ayudas económicas (art. 46) a prioridad en las solicitudes de excedencia y cambio de centro de trabajo (art. 53), puntos adicionales en los concursos-oposición, prioridad en el acceso a viviendas sociales (art. 48), prioridad en los programas de formación e inserción laboral (art. 51) y de fomento del empleo (art. 52), etc. Por otro lado, para acreditar la condición de víctima merecedora de tales ayudas basta una certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública (art. 30.1)».
Semejantes disparates discriminatorios convierten en razonables las posiciones de Vox, que no pide acabar con las ayudas a las mujeres maltratadas sino una nueva ley que según el citado profesor Contreras:
«Combata por igual todas las modalidades de violencia doméstica: hombre que ataca a mujer, mujer que ataca a hombre [un caso por cada cuatro de lo anterior], hombre que ataca a hombre o mujer que ataca a mujer en parejas del mismo sexo [por cierto, estadísticamente más violentas que las parejas heterosexuales], hombre o mujer que atacan a niños [es más frecuente que sea la madre la que asesina a los hijos] y que no lesione la presunción de inocencia, base del Derecho Penal civilizado».
Una ley que, lo diga o no lo diga Vox, debería pensarse de nuevo teniendo en mente la Constitución, que -conviene recordarlo- protege la igualdad ante le ley y la presunción de inocencia.
Por otra parte, el feminismo radical ha conseguido silenciar cualquier crítica a sus posiciones y propuestas, por muy demenciales que éstas sean. Recordemos aquí a las feministas granadinas («Todas somos Juana») metiéndole gasolina al motor de Juana Rivas, lo cual la llevó a ser condenada por secuestrar a sus hijos, asunto que ha acabado ante la Justicia italiana, y allí una psiquiatra forense ha determinado que Rivas sufre un trastorno mental que le impide hacerse cargo de sus hijos. («¿Todas somos Juana?»).
Vayamos ahora a la «exigencia» estrella de Vox: las leyes contra la violencia de género. Tanto la ley andaluza como la votada en las Cortes Generales (Ley orgánica 1/2004) vulneran el principio de igualdad ante la Ley, pues el mismo delito se castiga más si quien lo perpetra es varón. Pero es que la ley andaluza se parece a un camello, es decir, a «un caballo hecho por una comisión», y esta ley infumable fue apoyada por PSOE, PP, Cs y Podemos.
Según el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla Francisco José Contreras, la ley andaluza «suprime la presunción de inocencia del varón y facilita las denuncias falsas al considerar suficiente el testimonio de la mujer -sin necesidad de otras pruebas- para la detención del acusado. Además, premia a la denunciante con todo tipo de ventajas, desde ayudas económicas (art. 46) a prioridad en las solicitudes de excedencia y cambio de centro de trabajo (art. 53), puntos adicionales en los concursos-oposición, prioridad en el acceso a viviendas sociales (art. 48), prioridad en los programas de formación e inserción laboral (art. 51) y de fomento del empleo (art. 52), etc. Por otro lado, para acreditar la condición de víctima merecedora de tales ayudas basta una certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública (art. 30.1)».
Semejantes disparates discriminatorios convierten en razonables las posiciones de Vox, que no pide acabar con las ayudas a las mujeres maltratadas sino una nueva ley que según el citado profesor Contreras:
«Combata por igual todas las modalidades de violencia doméstica: hombre que ataca a mujer, mujer que ataca a hombre [un caso por cada cuatro de lo anterior], hombre que ataca a hombre o mujer que ataca a mujer en parejas del mismo sexo [por cierto, estadísticamente más violentas que las parejas heterosexuales], hombre o mujer que atacan a niños [es más frecuente que sea la madre la que asesina a los hijos] y que no lesione la presunción de inocencia, base del Derecho Penal civilizado».
Una ley que, lo diga o no lo diga Vox, debería pensarse de nuevo teniendo en mente la Constitución, que -conviene recordarlo- protege la igualdad ante le ley y la presunción de inocencia.
Joaquín Leguina
Expresidente de la Comunidad de Madrid
Vía ABC
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