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miércoles, 17 de abril de 2019
Varapalo de la Junta Electoral al Gobierno y al PSOE
Incluir a un partido extraparlamentario como Vox en un debate vulnera la normativa electoral y la doctrina de la JEC
El presidente del Gobierno y candidato por el PSOE a la reelección, Pedro Sánchez (d), durante un mitin en Vigo. (EFE)
El palo de la Junta Electoral Central
no es a Atresmedia sino al Gobierno Sánchez. Me parece la
interpretación adecuada del por ahora suspendido debate a cinco previsto
para el día 23. Y me remito a la argumentación del artículo "Lo que esconde el desprecio de Sánchez a TVE"', publicado en este mismo rincón de El Confidencial el sábado pasado.
Lamento el autoplagio, pero ahí ya se señalaba la descarada vulneración de la normativa electoral que suponía incluir a Vox en un debate televisado de aspirantes a la presidencia del Gobierno. Peor aún. Que los intereses del partido gobernante primasen sobre el respeto a la vigente expresión institucional de la voluntad popular. Y una paradoja. Que RTVE se atuviese a dicha voluntad y el Gobierno no.
Después de atender un recurso de Vox, por haber sido excluido del debate de 'segundos' celebrado anoche en TVE
(a seis), y de los presentados por los grupos nacionalistas no
incluidos en el anunciado en Antena 3 (a cinco), la Junta Electoral ha
decidido suspender el segundo. Razón de fondo: el quinto invitado (Vox)
es un producto de las encuestas, no de la representatividad obtenida en las urnas.
Los
electores, como los consumidores, tienen derecho a probar el género
antes de comprarlo. Esa pauta del sentido común está vacía en el BOE
Los
electores, como los consumidores, tienen derecho a probar el género
antes de comprarlo. Esa pauta del sentido común sigue vacía en el BOE.
La regulación legal de los debates electorales es una
lamentable asignatura pendiente de la democracia. Apenas una genérica
alusión de la Loreg (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) a la
exigencia de “neutralidad”, “pluralidad” y “proporcionalidad” de los
medios públicos (una reciente reforma la extendió también a los
privados).
Sobre esa norma legal y el recurso al mejor criterio de la JEC (ocho
magistrados del Tribunal Supremo, cinco catedráticos de Derecho y el
secretario general del Congreso), se ha ido forjando una doctrina de obligado cumplimiento.
Excluye de los debates a grupos extraparlamentarios, salvo que en
elecciones anteriores (no necesariamente generales) hubieran obtenido al
menos el 5% de los votos en el área de difusión del medio.
El Gobierno queda en evidencia. Por pasarse esa doctrina por el arco del triunfo. El Gobierno no, el PSOE, o Sánchez, vale, viene a ser lo mismo. Lo grave es la falta de compromiso con el orden institucional por
intereses de partido. Hasta las piedras saben que Moncloa y Ferraz
están encantados con el protagonismo de Vox como elemento fragmentador
de la derecha, aunque vaya en contra de la ley y de la doctrina de la
Junta. Se pone en evidencia la
falta de compromiso de Moncloa y Ferraz con el orden institucional. Por
intereses de partido, quieren a Vox en los debates
A esa ley y a esa doctrina debe ajustarse la alternativa que ha de presentar ahora Atresmedia al formato del debate del día 23, puesto que, según la Junta Electoral,
no puede celebrarse tal y como está planteado. La JEC se ha
comprometido a responder el lunes 22. No obstante, el fondo de la
cuestión queda claro: el criterio para elegir a los participantes en un
debate electoral televisado no puede ser “la actualidad informativa o
los datos procedentes de las encuestas electorales” sino “los resultados obtenidos en las últimas elecciones”.
Así
reza la resolución de la JEC que deja en suspenso el debate de Antena 3
con los candidatos de cinco fuerzas políticas, de las que cuatro
responden al vigente mapa parlamentario (Diputación Permanente del
Congreso), mientras que el quinto participante (Vox) responde al
cambiante mapa demoscópico de nuestra democracia de último minuto.
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