No hay mejor tratamiento para la higiene política de un país que la medicina preventiva, pero esa es la que nuestros dirigentes no han practicado jamás
No seré yo quien reparta sentencias anticipadas de culpabilidad o inocencia; carezco de información y de jurisdicción y ya hay demasiados torquemadas vocacionales para eso. Pero puedo ofrecer algunas reflexiones políticas al hilo de esta penúltima eclosión de casos de corrupción. Las expongo a modo de popurrí, aunque cada una de ellas daría para un artículo.
1. Rajoy como problema, otra vez. Tras el 20-D, algunos opinamos que lo mejor para España, en aquellas circunstancias, era no repetir las elecciones y facilitar una coalición de gobierno encabezada por alguien del Partido Popular que no fuera Mariano Rajoy. A la vista está que fracasamos en ambas propuestas.
Rajoy llevaba, y sigue llevando, una mochila con demasiada carga tóxica. Sobre todo, tres cosas:
- La corrupción del PP. Un sinfín de causas judiciales abiertas, cada una de las cuales es una bomba de relojería. Mariano Rajoy ha permanecido ininterrumpidamente en la dirección nacional del PP durante los últimos 30 años. Ha sido presidente, secretario general y director de varias campañas electorales. Era ilusorio suponer que la marea de chapapote que anega a su partido no terminaría contaminándolo de alguna manera.
- Los cuatro años de la mayoría absoluta: reforma laboral, ley Wert, ley mordaza, recortes sociales, RTVE… Se veía venir que todo eso sería revisado -si no directamente demolido- en cuanto el PP quedara en minoría.
- El incendio catalán. Él fue uno de los pirómanos que prendió la mecha; se hace difícil verlo como el bombero que pueda apagar el fuego.
Se necesitaba a alguien del PP que afrontara el nuevo periodo ligero de equipaje, sin el desgarro de enmendarse a sí mismo con cada decisión.
Rajoy, jugando al 'catenaccio' durante el año del bloqueo, se las arregló para quedar como la única solución practicable. Se benefició de la rígida estructura jerárquica del PP, que hace prácticamente imposible el relevo en la cúpula; de la bisoñez de Albert Rivera, que a estas alturas aún no ha decidido si está a setas o a rolex; de la ambición febril de Pedro Sánchez; y de la triple guerra civil en la izquierda (entre el PSOE y Podemos, dentro del PSOE y dentro de Podemos) .
Pero el hecho de ocupar la única salida gracias a la burricie de los demás no te convierte en una buena salida. Rajoy era más parte del problema que de la solución el 21 de diciembre de 2015 y lo sigue siendo ahora.
La responsabilidad política tiene que ver con la torpeza, la incuria y el engaño. La responsabilidad jurídica, con el delito
2. Responsabilidad política y responsabilidad jurídica. Ambas son exigibles, pero responden a lógicas autónomas y separables. Le peor que puede hacerse es ligarlas entre sí, creando automatismos que pervierten el sistema.
La responsabilidad política tiene que ver con la torpeza, la incuria y el engaño. La jurídica, con el delito. No se requiere un proceso judicial en marcha para que haya responsabilidad política, ni es razonable atribuir necesariamente consecuencias políticas a cualquier trámite judicial que afecte a un cargo público.
Los socialistas reclamaron la dimisión de Rajoy cuando se conoció su cómplice intercambio de mensajes con Bárcenas. Fue un caso fundado de exigencia de responsabilidad política: no imagino a un primer ministro británico o a un canciller alemán manteniendo el cargo tras un bochorno semejante. Como hay responsabilidad política manifiesta, con actuación judicial o sin ella, si dentro de un gobierno se desarrolla un sistema mafioso de reparto de subvenciones como los ERES andaluces.
Ahora bien, si se establece que un acto procesal sin carga condenatoria -ni siquiera acusatoria- activa automáticamente el resorte de la dimisión, eso habría que incorporarlo a la ley para que los jueces de instrucción sean conscientes de que, al citar a declarar o investigar a un responsable público, están provocando su cese y, quizás, la caída de un gobierno. ¿Por qué no se hace? Porque sería descaradamente anticonstitucional. Pues lo que es inconstitucional en el derecho escrito debe serlo también en el consuetudinario.
Nueve de cada 10 casos de corrupción política en España se relacionan con la adjudicación de contratos públicos
3. La reforma de la Administración. Nueve de cada 10 casos de corrupción política en España se relacionan con la adjudicación de contratos públicos. Es evidente que nuestros procedimientos de contratación administrativa son un agujero negro que favorece los contubernios y las prácticas corruptas. Si ahí está el tumor, es ahí donde hay que operar. Mientras eso no se revise a fondo, el despliegue de medidas represivas es pura demagogia.
4. El efecto retardado de la corrupción sobre la opinión pública. Cuando se produce el hecho corrupto, nadie se entera. Cuando se descubre -lo que suele ocurrir años más tarde-, explota la indignación social. Esta es la paradoja: la persecución y el castigo del delito no producen alivio, sino una erupción de malestar colectivo.
Acaba de suceder en el caso de Madrid. La primera vez que una gobernante del PP, Cristina Cifuentes, se mueve para descubrir y denunciar un episodio de corrupción ocurrido años atrás, se encuentra con titulares del tipo “abismo de corrupción en el PP”, formulados en tiempo presente; lo que la convierte en víctima política de su propia acción purificadora. Es disuasorio para que los gobernantes de hoy se animen a indagar en la corrupción de ayer, especialmente si afecta a su partido.
Esta no será la última citación judicial de Rajoy, habrá más: no olvidemos que su partido como tal está formalmente imputado en otros procesos
5. La crisis política que se avecina. La justicia en España se mueve en modo paquidermo. Cuesta un mundo que arranque pero, una vez en marcha la maquinaria, no hay forma de detenerla. Esta no será la última citación judicial de Mariano Rajoy, habrá más: no olvidemos que su partido como tal está formalmente imputado en otros procesos. Y no es descartable que un juez de instrucción decida preventivamente llamarlo a declarar acompañado por su abogado (eso y no otra cosa es la imputación).
Con los estándares en boga, ello desencadenaría una crisis política descomunal. Lo que en diciembre de 2015 pudo haberse hecho con relativa facilidad (poner a otra persona en el lugar de Rajoy), ahora sería mucho más complicado. Ni es sencilla la sustitución de un presidente recién elegido que acaba de ser aclamado en el congreso de su partido, ni se vislumbra un gobierno alternativo viable con este parlamento.
Tras los últimos sucesos, Rajoy ha perdido la ventaja de apretar el botón de las elecciones anticipadas. Con lo que está pasando en los juzgados y lo que se ve venir, sería una temeridad para el PP exponerse al voto ciudadano.
No hay mejor tratamiento para la higiene política de un país que la medicina preventiva, pero esa es la que nuestros dirigentes no han practicado jamás. Por eso van aprendiendo a trompazos que ni el tiempo lo cura todo ni en el Estado de derecho los votos limpian el delito.
IGNACIO VARELA Vía EL CONFIDENCIAL
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