Es bastante difícil hacer entender a gente sensata de otras latitudes que creen en el imperio de la ley, en la estabilidad política y en las reglas elementales de la aritmética, que romper a las bravas en dos pedazos un sujeto constituyente consolidado para que una vez realizado el estropicio los dos entes resultantes estén peor que antes, sea un asunto que merezca interés.
El “proceso” puesto en marcha por los separatistas catalanes, término de reveladoras resonancias kafkianas, necesita para su éxito de apoyo exterior. Dado que un nuevo Estado independiente desgajado de España en la esquina nororiental de la Península Ibérica nacería fuera de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la OTAN, de la OSCE, del Consejo de Europa, de la OMC y de todos aquellos foros económicos y políticos del planeta que hacen que los países que en ellos figuran cuenten para algo, sea mucho o poco, su primera tarea sería conseguir reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Tras su secesión unilateral, inconstitucional e ilegal de la Nación soberana a la que lleva perteneciendo cinco siglos, la República Catalana dirigida por un extraño grupo de corruptos, indocumentados y okupas tendría que hacer frente a dos problemas graves y acuciantes: su insolvencia financiera y su condición de paria sin techo a la luz del Derecho que rige las relaciones entre Estados. Conscientes de ese segundo obstáculo a su soñada independencia, los jerarcas de la Generalitat andan por el mundo buscando desesperadamente quién les haga caso y les preste un mínimo de legitimidad. En cuanto al primero, lo superan con la inteligente táctica del avestruz negando su existencia.
Sus esfuerzos por obtener algún tipo de respaldo fuera de nuestras fronteras han oscilado hasta ahora entre lo patético y lo grotesco. Por supuesto, Puigdemont, Junqueras y Romeva han olvidado la sabia recomendación de Tarradellas de que lo único que no se debe hacer en política es el ridículo. La andrajosa cúpula de la CUP no lo ha olvidado porque probablemente no saben quién fue el primer Presidente de la Generalitat restaurada y, de saberlo, les parecería un reaccionario insufrible. Aparte de antiguos terroristas reciclados, congresistas ansiosos de gozar de los placeres del turismo, algún oscuro departamento universitario de estudios étnicos y un candidato presidencial francés en shock traumático y por tanto con sus facultades mentales comprensiblemente alteradas, nadie, absolutamente nadie con cara y ojos, ha pronunciado una sola palabra que se pueda interpretar como de ánimo o al menos simpatía por la delirante aventura de los herederos políticos del mayor ladrón que ha dado Cataluña desde que Serrallonga desapareció de sus caminos. Cada viaje al extranjero para explicar su disparatado proyecto, sea público o clandestino, pagado siempre, eso sí, con dinero del contribuyente español, ha desembocado en un sonoro fracaso.
De entrada, es bastante difícil hacer entender a gente sensata de otras latitudes que creen en el imperio de la ley, en la estabilidad política y en las reglas elementales de la aritmética, que romper a las bravas en dos pedazos un sujeto constituyente consolidado para que una vez realizado el estropicio los dos entes resultantes estén peor que antes, sea un asunto que merezca interés. En una época abundante en conflictos sangrientos, amenazas imprevisibles y turbulencias de todo orden, ir por ahí ofreciendo la creación de otro foco de tensión no parece el empeño más atractivo. No hay país occidental que esté dispuesto, por razones obvias, y no digamos si es un Miembro de la Unión Europea, a prestar su concurso a la fragmentación de uno de sus socios más relevantes por su demografía, su posición geoestratégica y su PIB. Y en los páramos movedizos de regiones menos desarrolladas o en vías de desarrollo, no es aconsejable frecuentar determinadas amistades, salvo que se quiera añadir a la ruina económica y a la marginación internacional el oprobio irreversible. Bien es verdad que potencias interesadas en debilitar al orbe democrático y a las sociedades abiertas podrían ver una oportunidad en la instrumentalización al servicio de sus oscuros fines del neurótico objetivo de los preclaros cerebros que pilotan el malhadado “procés”, pero si el equipo conductor de tal desastre cayera en esa trampa sería su muerte definitiva tanto en el plano ideológico como en el de la decencia.
Por consiguiente, la empresa de transformar una Comunidad Autónoma de un Estado democrático y de Derecho en una entidad separada e independiente de aquél y llevarlo a cabo, a mayor abundamiento, de manera inconstitucional y antijurídica, es claramente una mala idea, sobre todo porque es imposible, y cuando uno se pone tozudo en contra de la realidad, la realidad se venga con castigos dolorosos. Es obvio a estas alturas de la película que los que han puesto en marcha este tren hacia el abismo no saben ya como pararlo y que a todos los demás, dentro y fuera de España, que contemplamos su enloquecida carrera con asombro y una cierta lástima, sólo nos queda esperar al trágico final para recoger los despojos y llevarlos a la sala de autopsias.
ALEJO VIDAL-QUADRAS Vía VOZ PÓPULI
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