Decíamos ayer, con motivo de la citación a declarar como testigo en el caso Gürtel de Mariano Rajoy, que el PP ha sido incapaz de hacer una seria autocrítica sobre algunas de sus prácticas en el pasado. El partido ha intentado pasar de soslayo por la corrupción y siempre ha ido a remolque de las investigaciones judiciales, nunca se ha enfrentado en serio al problema, ha carecido del valor de reconocer sus errores y ha eludido pedir perdón a los ciudadanos.
No es de extrañar, pues, que los escándalos de corrupción le estallen, como sucedió ayer con la detención de Ignacio González por presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II cuando fue presidente de la compañía, entre los años 2003 y 2012. González está acusado de haber cobrado comisiones para beneficio propio y de su familia.
El juez Eloy Velasco le imputa, junto a otros once detenidos, los presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. En la operación ha sido arrestado un hermano del ex presidente de Madrid y su esposa está siendo investigada de momento. Hay que recordar que Ignacio González está también imputado por la adquisición de un ático en una urbanización de lujo en Estepona (Málaga), de la que la Justicia sospecha que fue el pago por servicios prestados en contrataciones.
Se trata de hechos muy graves porque Ignacio González ha sido presidente de la Comunidad de Madrid (entre 2012 y 2015) y secretario general del partido en la región. Y quienes conocen su forma de trabajar dicen que era un hombre altivo y exigente, que controlaba con mano de hierro todo lo que se hallaba bajo su mando. De momento, sólo nos podemos referir a la existencia de fundados y sólidos indicios de la comisión de delitos, pero habrá que esperar a los resultados de la investigación. El arresto de ayer no presagia nada bueno para González y los demás detenidos, ya que el juez tiene grabadas cientos de horas de conversaciones comprometedoras que pueden dinamitar parte del mundo político y empresarial madrileño.
La operación señala, en primer lugar, a Esperanza Aguirre. No hay sospechas de que la ahora portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid esté involucrada en ninguna trama de corrupción, ni de que se haya lucrado personalmente de forma irregular, pero tendrá que asumir su responsabilidad política por la detención de su más estrecho colaborador durante tantos años, que además es su amigo personal. En la nómina de sus colaboradores encausados, aparece también Francisco Granados, que fue su consejero de Presidencia entre 2008 y 2011 y secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, encarcelado como cabecilla del caso Púnica, la red que presuntamente financió irregularmente al PP de la región. "Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana sólo dos", decía Aguirre en la comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid. Ya son algunos más, y muy allegados a ella. Aguirre declara hoy como testigo en el caso Gürtel.
Pero más allá de implicaciones personales concretas, todo el PP seguirá teniendo un problema mientras no reconozca que se financió ilegalmente y que miró para otra parte en tantos y tantos episodios de corrupción. Todavía está muy cercana la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tras ser imputado por fraude y cohecho y para evitar la previsible pérdida del Gobierno de la región.
Todo esto llega cuando el PP y sus dirigentes pretenden hacer creer a la sociedad que se ha pasado página de la corrupción. Pero mientras sigan apareciendo casos como el de ayer es imposible que esa idea cale en los ciudadanos por mucho que la actual dirección de Génova se empeñe en ello.
Resulta imposible gobernar bajo la permanente sospecha de la corrupción. Ayer lo comprobamos: Podemos ofreció al PSOE y a Ciudadanos la presentación de una moción de censura para desbancar al PP del Ejecutivo madrileño. No tiene ninguna posibilidad de salir adelante, pero la deslegitimación que provoca este nuevo escándalo no es desdeñable. Cuando Rajoy creía superada esta lacra, el nuevo episodio vuelve a poner al PP frente a un espejo que refleja el peor rostro de la política.
EDITORIAL de EL MUNDO
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