La mayor de las corrupciones es que la Partidocracia roba la soberanía popular a la gente con sus listas cerradas y bloqueadas, e impide que se instaure una democracia con #DiputadoDeDistrito
Para instrumentar una transición política hacia la democracia, la
Constitución de 1978, redactada por los delegados de los partidos, instauró la
partidocracia o estado de partidos, para que estos tutelaran a unos
españoles democráticamente inmaduros.
Entonces, tras la aceptación en referéndum de la Constitución, se configuró
el mapa político con unos partidos jerarquizados piramidalmente, con unas
cúpulas dominantes, y tuvo lugar un cambio del tradicional método de corruptela
individual por una nueva corrupción organizada por y para los
partidos, cuyo factor distintivo fue el cobro de comisiones a las empresas por
la concesión de contratas en las diversas administraciones, o por
recalificaciones del suelo. Tal procedimiento consistía básicamente en separar
en el espacio, e incluso en el tiempo, la prevaricación del cohecho. La
concesión del favor y el cobro de la correspondiente comisión se iban a llevar
a cabo por personas distintas y, además, en diferido. El dinero fluiría hacia
los partidos a través de múltiples senderos. Por supuesto, nadie entregaba
dinero a cambio de nada, pero sí a cambio de una concesión o de una
recalificación.
Desde entonces la corrupción es el sistema político
partidocrático imperante en España porque es una forma de entender el ejercicio de la política, que
adultera las relaciones entre los administrados y los administradores y
posibilita el enriquecimiento personal de muchos afiliados de los principales
partidos. La corrupción
está ligada a la partidocracia existente dada la perversión interna de la
financiación de los partidos y por los excesos de la implantación del Estado
autonómico.
En España la representación política y el sistema
electoral fueron regulados inicial y transitoriamente por el Decreto-Ley de 18
de marzo de 1977 sobre normas electorales, pero se integraron en la Constitución
de 1978 y, definitivamente, fueron recogidas en la Ley Orgánica de 19 de junio
de 1985 sobre Régimen Electoral General (LOREG), que estableció que el número
de escaños correspondiente a cada partido se hallaría mediante una regla
proporcional corregida por la fórmula D’Hont, asignando los restos electorales
a los dos partidos mayoritarios en cada circunscripción electoral, que es la
provincia. De esta forma se favorece el bipartidismo. En las elecciones las
listas de candidatos son elaboradas por los partidos políticos y han de ser
cerradas y bloqueadas para elegir los diputados del Congreso y abiertas para el
Senado.
A pesar de tener carácter
provisional, las
normas electorales de 1977 fueron incorporadas en 1978 al texto constitucional
y finalmente se consolidaron como ordenamiento electoral estable por la citada Ley
orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre el Régimen Electoral General (LOREG), propuesta
por el PSOE que gobernaba desde octubre de 1982 con mayoría absoluta de
diputados. Por lo tanto, los socialistas son los principales responsables de
haber consolidado entonces una transitoria legislación electoral poco
democrática, elaborada en 1977 por el reformador franquista Adolfo Suarez. Al
PSOE le interesó entonces mantener un sistema electoral que tutelase el ejercicio
de la democracia por los ciudadanos a través de un partido estatal dominante. El
pueblo quedó así sujeto al tutelaje de la partidocracia, pues los partidos proponían
los candidatos a diputados del Congreso mediante las listas cerradas y
bloqueadas. Además la Ley electoral de 1985 no respetó ni siquiera los
“criterios de representación proporcional” establecidos por la Constitución
española en su artículo 68.3. Más todavía, la LOREG perpetuó consecuencias
perversas, pues mantuvo injustas desigualdades del voto según que el ciudadano
votante residiera o no en una provincia con predominio de partidos
nacionalistas, formalizó la consolidación de las desigualdades que tenía la
preconstitucional ley de 1977 sobre normas electorales.
Dada la supremacía del PSOE en la década de los
ochente algunos creyeron que los socialistas refundarían la democracia; pero el
partido gobernante no solo mantuvo invariable el provisional sistema político
acordado en la Transición sino que politizó el Poder judicial e intervino en la
sociedad civil para desarmarla. Si los socialistas hubieran preferido la
ruptura total con el régimen franquista anterior, hubieran podido llevarla a
cabo, democráticamente, con su amplia mayoría absoluta en el Congreso de los
Diputados, durante la legislatura 1982-86; pero prefirieron consolidar la
partidocracia en vez de instaurar una verdadera democracia devolviendo la
soberanía popular a los ciudadanos mediante la elección directa de los
diputados del Congreso en distritos uninominales.
La salud de un país democrático está directamente
relacionada con la garantía de la separación de poderes. No hace falta teorizarlo: es de primero de
EGB de democracia. La separación de poderes es tan consustancial al sistema
democrático como el sufragio universal, o más si cabe, porque el sufragio
universal solo será el instrumento de una verdadera democracia en la medida en
la que la separación de poderes esté garantizada”. Pero, dada la creciente
tendencia a la corrupción que había en los partidos políticos la clase política
prefirió que hubiera confusión de los poderes del Estado, para que estuvieran a
la disposición de las cúpulas dominantes de los partidos.
Un caso paradigmático de corrupción fue el escándalo de la denuncia de soborno
que el 21 de septiembre de 1981 hizo al alcalde de Madrid el secretario general
del PSOE de Madrid y teniente de alcalde del Ayuntamiento Alonso Puerta, quien
acusó a dos concejales socialistas de esa Corporación municipal del cobro de
comisiones por
la concesión de la contrata de recogida de las basuras.
Entonces, al escuchar a A. Puerta el socarrón alcalde, Enrique
Tierno Galván, le respondió, con su proverbial retranca: “Sosiéguese,
Puerta, y recapacite; se diría que ha desayunado tigre”. El alcalde ni se
interesó por las pruebas ni preguntó detalles. Muy al contrario, visiblemente
molesto, manifestó su desdén por la insólita salida de tono: todos los
socialistas del consistorio sabían muy bien que las comisiones ilegales
por adjudicación de contratas, o por recalificación del suelo, formaban ya
parte del comportamiento habitual de los ayuntamientos
"democráticos".
Yo fui testigo personal de la valiente denuncia
que hizo el honrado concejal Alonso Puerta, sobre ese soborno por cobro de
comisiones. Entonces yo era concejal por UCD del ayuntamiento de Madrid y fui
miembro de la Comisión de Investigación que fue creada por el pleno de la
Corporación municipal para esclarecer los hechos relativos a esa denuncia de
corrupción por cobro de comisiones. Por ello tengo fotocopias de documentos sobre el tema.
Por supuesto, en la comisión de investigación -donde había mayoría de
concejales socialistas más comunistas- no se llegó a ninguna resolución
incriminatoria de los culpables, ni se aceptó siquiera la existencia de cobro
de comisiones a cambio de la concesión de la contrata. En vano pidió
UCD la dimisión del alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.
En el caso a que me refiero, las comisiones fueron
presuntamente pagadas por la empresa concesionaria de la recogida de basuras en
Madrid; pero aunque las comisiones pudieron ser entregadas físicamente a
ciertos concejales del PSOE, su destino final parece que fue la financiación de
su partido político, no para el lucro personal de los concejales receptores. De
esta forma se confirmó la financiación ilegal del PSOE en la ciudad de Madrid.
Entonces se desacreditó el eslogan electoral del PSOE en 1979 que presumía de
haber tenido “¡cien años de honradez!”, pues los guasones le añadieron “…y dos
en los ayuntamientos”.
Se consolidó así la
corrupción sistémica del cobro de comisiones por concesiones de contratas a las
empresas, que anteriormente ya había sido iniciada por el partido comunista en
las recalificaciones de suelo y que se contagió entonces al PSOE. Esas
prácticas corruptas acabaron extendiéndose también a UCD y,
posteriormente, a Alianza Popular y al Partido Popular cuando, tras su
creación, consiguió tener puestos directivos en los ayuntamientos y en otras
administraciones. A partir de entonces, cualquier concejal honrado que se
opusiera al cobro de comisiones para su partido, sería expulsado o no sería
incluido en las siguientes listas cerradas y bloqueadas electorales.
Otros concejales socialistas del ayuntamiento de
Madrid, a diferencia de A. Puerta, acataron aparentemente -más o menos
gustosamente- la instrucción que se les imponía sobre cómo allegar fondos para
financiar el PSOE. Entre ellos, José Barrionuevo, quien posteriormente llegaría
a ser ministro de Interior y responsable de los GAL, procesado y condenado a 10
años de prisión, y Joaquín Leguina quien, a partir de ese momento, se convirtió
en el jefe del grupo socialista en el Ayuntamiento (el alcalde Tierno Galván se
limitaba a “dejar hacer”) y pronto accedió al puesto vacante de secretario
general del PSOE en Madrid. Posteriormente, al crearse la Comunidad Autónoma de
Madrid, Leguina fue designado por su partido presidente de la Autonomía madrileña. En la
partidocracia la obediencia ciega se remunera generosamente.
Desde luego, la cúpula nacional del PSOE castigó
duramente a Alonso Puerta y, en cambio, premió a otros concejales su dócil
obediencia, que era muy meritoria porque se trataba de un asunto inconfesable.
¡Los caciques políticos siempre someten o destruyen a sus adversarios!. De allí
en adelante todos los socialistas tomaron nota de que ¡”el que se mueva, no
sale en la foto”!. Y la corrupta financiación del PSOE (y de otros partidos)
mediante el cobro de comisiones por concesión de obras, servicios, licencias o
recalificaciones se fue generalizando convirtiendo en corrupto al propio
sistema partidocrático.
Por supuesto, ante ese
panorama, yo y muchas personas más, abandonamos la política de la corrupta
partidocracia y nos dedicamos al honrado ejercicio de nuestras profesiones
privadas.
Además, para proteger
individualmente a los políticos corruptos y para garantizarles la impunidad en la
medida de lo posible fue necesario adoptar también una serie de medidas
legislativas como el aforamiento de la mayoría de los cargos políticos y, sobre
todo, la colonización y el sometimiento de la Justicia por los partidos
haciendo que la carrera profesional de los jueces dependa de su benevolencia
sobre los comportamientos de los políticos, dada la consolidación de la
corrupción sistémica. El amenazador slogan: "el que se mueva no sale
en la foto", no solo se aplicaría a los políticos, también se extendió su
aplicación a la Justicia, y los jueces y fiscales tomaron nota de que sus
carreras profesionales dependen de su actitud ante las actividades de los
políticos y de los partidos.
Por ello, el mayor atentado contra la
democracia española no tuvo lugar en el autogolpe de Estado del 23-F, porque
fue otro que se llevó a cabo -¿democráticamente?- cuando el Parlamento aprobó
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Al tratarse de una
ley orgánica tuvo que ser aprobada por mayoría cualificada, lo que hacía
necesario que, como mínimo, también el mayor partido de la oposición votara
favorablemente el proyecto de ley aprobado previamente por el Gobierno. La Ley
del Poder Judicial salió adelante con el voto favorable de los principales partidos,
pues a la partidocracia española le interesaba politizar la Justicia, aunque se
resintiera la división de poderes en nuestro Estado de Derecho. En ella se
estableció que la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, serían elegidos por el Congreso
y por el Senado; lo que exige un consenso entre los partidos mayoritarios. Se
consolidó entonces la colonización y el sometimiento de la Justicia a los
partidos políticos, lo que era necesario para obtener una mayor impunidad a los
crecientes casos de corrupción de los partidos.
En la legislatura que se inició en 2012, con
mayoría absoluta del PP, su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón hizo
aprobar una reforma legislativa por la que la totalidad de los miembros del
CGPJ debían ser elegidos por las Cortes; por lo que actualmente los principales
jueces y magistrados dependen, de hecho, de los partidos políticos. Por ello,
los políticos corruptos, que suelen ser aforados, quieren ser juzgados por el
Tribunal Supremo, cuyos miembros están más politizados que los simples jueces
de primera instancia, por lo que son más comprensivos y menos rigurosos al
juzgar las corrupciones políticas, tal vez por su carácter sistémico.
Si se tiene en cuenta, además, que en el
artículo 159.1 de la Constitución de 1978 se establece que “el Tribunal
Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro
a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a
propuesta del Senado, con idéntica mayoría; y dos a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial”, resulta que los miembros del Tribunal
Constitucional, lo mismo que los miembros del Consejo General del Poder
Judicial son elegidos por los diputados y senadores, es decir, por el Poder
Legislativo; o sea, en último término por los partidos mayoritarios que, de
esta forma, han invadido los órganos supremos de la Justicia en España,
politizando el Poder Judicial. Más aún, los medios para el ejercicio de la
justicia han de ser facilitados por el Ministerio de Justicia y, en su caso,
por las Comunidades Autónomas.
El Poder Judicial en España depende del
Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo tanto en su estructura como en su
funcionamiento; o sea, en último término depende de los partidos políticos, que
han intervenido y politizado la Justicia en su propio beneficio, degradando la
democracia. Los tres Poderes integrantes del Estado dependen de la
partidocracia avasalladora, y no solamente del partido gobernante.
Ante la creciente y generalizada
corrupción los partidos han eliminado controles y han
domesticando a los medios de comunicación... con dinero o favores. Se ha
creado así un sistema clientelar de intercambio de favores, en un entorno
social dependiente de un régimen sometido a la arbitrariedad de los jefes
de partido. Además, una gran parte del dinero malversado en las comisiones, que
debería ser para financiar a los partidos, suele desviarse hacia las cuentas
particulares de algunos políticos bien situados o de los tesoreros o gerentes
de los partidos, dadas las relaciones de chantaje que se van estableciendo, en
un marco donde impera la ley del silencio. Los partidos miman a sus
militantes que son cogidos in fraganti para que no "canten" y
se descubra el alcance de la trama corrupta.
En
España la corrupción es sistémica, porque está en el ADN de su organización
institucional, donde una trama integrada por un pequeño número de agentes y
grupos de intereses controlan la economía y la política. O, mejor dicho, la
corrupción es el sistema. La corrupción está generalizada porque existe un
sistema de acceso restringido.
Además hay que subrayar el corporativismo que se manifiesta en la reacción de
los partidos ante las corrupciones de sus adversarios. Para ello voy a recordar
que hubo un tiempo en el que el prepotente PSOE gobernante se vio
afectado por uno de los escándalos financieros más sonados de la historia
política nacional: el “caso Filesa”. La noticia saltó el 29 de mayo de
1991, cuando varios medios de comunicación acusaron al PSOE de financiación
irregular a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. El caso llegó
al Tribunal Supremo, que dictó sentencia el 28 de octubre de 1997. Ocho
personas fueron condenadas por esta trama, que servía como una tapadera para
ingresar dinero en las arcas del PSC y, por ende, en las cuentas del PSOE. Al
diputado Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luís Oliveró y Alberto
Flores, el supremo les condenó a pena de 11 años de prisión cada uno,
aunque no llegaron a cumplirlas de forma íntegra, ya que obtuvieron en
diciembre del año 2000 un indulto parcial, concedido por el Ejecutivo de José
María Aznar, de tal forma que se redujeron a la mitad las condenas que hoy ya
están extinguidas. En aquel momento, los tres disfrutaban del tercer grado
penitenciario. Aquel indulto se extendió a un total de 1.443 condenados y fue
el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. El
resto de procesados en el “caso Filesa” pagaron multas y cumplieron penas
menores.
En fin, existe un último recurso para salvar a los corruptos: es el
indulto al reo de corrupción que los Gobiernos conceden generosamente a los
condenados por sentencia firme pertenecientes a diversos partidos, pues se
ayudan unos partidos a otros, sobre todo los mayoritarios, cuando se trata de
tapar sus propias corrupciones. El presidente Aznar indultó a los corruptos del
PSOE por el "caso Filesa” en el año 2000. ¡Resulta enternecedor
comprobar cómo el gobierno del PP fue comprensivo con las corrupciones del
adversario PSOE por financiación irregular, e indultó generosamente a los
corruptos!. ¿Será tal vez que “favor con favor se paga” en la
partidocracia española?. Eso parece deducirse también de la actuación del
gobierno de Aznar y de los fiscales y jueces, que prefirieron ignorar las
consecuencias penales del caso Banca Catalana, que tanto afectaban a Jordi
Pujol y a otros nacionalistas catalanes.
Sin embargo en la
actualidad, tal vez por la crisis del bipartidismo y la aparición de nuevos
partidos, observamos que los viejos partidos, ante el descubrimiento y
divulgación de sus corrupciones, reaccionan con una excusa que cada vez resulta
más cansina e infantil: recurren acusatoriamente al "y tú más",
que en absoluto los justifica y que confirma que la generalizada corrupción
política es característica del partidocrático sistema político español; así
como a la excusa de que son casos aislados de personas delincuentes que
siempre hay en las grandes empresas u organizaciones.
Para conseguir una completa regeneración política que elimine la dictadura de los partidos y el nefasto caudillaje caciquil de sus líderes, es preciso que haya un decisivo rearme de una sociedad civil capaz de obligar a los partidos a un cambio radical con el objetivo de desmantelar la partidocracia e instaurar en España una verdadera democracia, devolviendo la soberanía popular a sus únicos propietarios: los ciudadanos, la gente. Desde luego, este cambio ha de comenzar con el logro de un objetivo estratégico: una modificación sustancial de la legislación electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente a sus representantes políticos en distritos unipersonales; es decir, al llamado diputado de distrito.
En todo este proceso la sociedad civil, organizada en movimientos y plataformas, tendrá que intensificar cada vez más la presión a los partidos políticos y proponer una eficaz política por objetivos con el fin de profundizar en la regeneración política y conseguir la auténtica democratización, acometiendo para ello las reformas que sean necesarias de nuestra obsoleta Constitución. ¡España tiene que dejar de ser una partidocracia!. A los partidos inmovilistas que se opongan a esos objetivos, los ciudadanos tendremos que boicotearlos dejándoles de votar, porque ya somos mayores de edad políticamente y no necesitamos ni aceptamos la nefasta tutela de los partidos ni sus listas cerradas y bloqueadas de candidatos.
La nueva política debería ser radical y
establecer un sistema de libre acceso basado en el mérito, la
capacidad y el esfuerzo, con instituciones objetivas y neutrales. Los políticos
deben ser elegidos directamente por los ciudadanos en distritos uninominales,
en lugar de ser propuestos por los partidos en listas cerradas y bloqueadas. Los
nuevos partidos: Podemos, Ciudadanos, ...solo quieren integrarse en el sistema
existente, en la partidocracia, en la clase extractiva, para participar en el
reparto del pastel, pues no quieren adoptar todas, o al menos la mayoría, de las
medidas que se relacionan seguidamente, y que permitirían eliminar la corrupción.
En fin, dado que la corrupción es sistémica, para erradicarla es preciso adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
1) Decretar la total ilegalidad de la financiación irregular de los partidos,
completando lo que ya se ha legislado en este sentido.
2) Eliminar el aforamiento de los representantes políticos electos y de los
cargos públicos.
3) Inhabilitar de por vida a los corruptos para el ejercicio de cargos
públicos.
4) Cambiar la Ley Electoral para que sean los ciudadanos los que elijan
directamente a sus representantes políticos en distritos uninominales en
primera vuelta o, si es preciso, en segunda vuelta. Hay que instaurar el diputado de distrito.
5) Mientras que no se modifique la
Ley Electoral y continúen siendo los partidos los que propongan a los
candidatos políticos, la obligación de
devolver lo robado por los corruptos debe ser no solo del culpable material del
delito sino también, con carácter subsidiario pero obligatorio, del partido que
lo incluyó en la correspondiente lista cerrada y bloqueada electoral.
6) Aplicar efectivamente lo que
dice la Constitución sobre la elección de los
miembros del CGPJ que en su mayoría (12 de los 20 miembros) deben ser elegidos
por los propios jueces, no por los partidos. Actualmente todos sus miembros
son elegidos por los partidos políticos.
7) Cuando en un solo partido
concurran numerosos casos de corrupción, aunque sean personales, los jueces podrán declarar al partido
ilegal por ser una banda organizada para delinquir, tras sancionarlo con
una gran multa proporcional a lo defraudado.
8)
Reformar los estatutos de los órganos de control para que sean
independientes de la actuación de los partidos y de los cargos públicos,
para que sean autónomos y verdaderamente independientes.
9)
Prohibir la concesión de indultos a los políticos condenados por corrupción
en sentencia firme.
En todo caso, para que nuestro sistema político deje de ser
partidocrático y se convierta en una verdadera y satisfactoria democracia, hay
que exigir que se instaure el mandato personal, expreso y concreto, de los
votantes sobre sus representantes mediante una reforma de la Ley Electoral que
habilite la elección en circunscripciones uninominales del diputado de
distrito, aunque sea en la medida de lo posible hasta que se modifique el
artículo 68 de la vigente Constitución española.
JOAQUÍN JAVALOYS
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