La investigación preliminar sobre la construcción de la desaladora de Escombreras concluye que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel cometió graves irregularidades en la gestión del proyecto
La desaladora de Escombreras en Murcia. (EFE)
El Partido Popular de Murcia tiene un problema. Uno nuevo, diferente a los casos Auditorio y Púnica, que ya han forzado la dimisión de su líder, Pedro Antonio Sánchez, de la presidencia del Gobierno autonómico. Su siguiente contratiempo es una investigación judicial sobre la desaladora de Escombreras (Cartagena), que lleva un año gestándose en secreto y cuyo resultado preliminar se hará público la próxima semana, en plenas negociaciones del partido con Ciudadanos para tratar de sacar adelante la investidura del sustituto de Sánchez, Fernando López Miras. Sus posiciones son distantes y los acontecimientos van a ponerlas a prueba.
El procedimiento sobre la desaladora, instruido por el Juzgado número 5 de Murcia, comenzó tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que apreciaba indicios de irregularidades administrativas, societarias y contables en la adjudicación de la infraestructura en 2006 a dos compañías del grupo ACS, HydroManagement SL y Tedagua SA. El Gobierno que entonces presidía Ramón Luis Valcárcel lanzó el proyecto para burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos del 'boom' inmobiliario garantizaran el abastecimiento humano de agua con un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura. Sin embargo, este organismo rechazó sistemáticamente los planes por la escasez estructural de recursos hídricos en la Región de Murcia. Así que el Ejecutivo de Valcárcel creó el Ente Público del Agua (EPA), una agencia que se encargaría de emitir sus propios avales a los desarrollos del pelotazo. El agua para las nuevas viviendas saldría de una desaladora.
Las obras terminaron en 2007. El Gobierno regional la utilizó para aprobar 26 planes urbanísticos que sumaron 180 millones de metros cuadrados de suelo. Pero la llegada de la crisis acabó con el modelo económico del ladrillo y destapó un agujero financiero en el proyecto que amenaza con costarle a la Región de Murcia más de 600 millones de euros. Tras la denuncia de la Fiscalía, agentes de la Policía Nacional registraron en mayo de 2016 las instalaciones de la desaladora, las oficinas de la Consejería de Agua y Medio Ambiente, un bufete (Arnaldos Abogados) y la sede de Hydro Management SL. Al mismo tiempo, dentro también de esta investigación, agentes de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento de Cartagena para llevarse los expedientes de las licencias de obra y actividad de la desaladora.
La primera fase de la investigación judicial ya ha terminado y, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las conclusiones que se desprenden del sumario son demoledoras. Confirmarían que el Gobierno de Valcárcel maniobró para crear la EPA, concederle la capacidad de avalar planes urbanísticos y adjudicar la construcción de la planta y su mantenimiento durante 25 años al grupo ACS, vulnerando presuntamente la Ley de Aguas y la Ley de Contratos Públicos.
El Ejecutivo murciano del PP no solo habría incurrido en fraude de ley al sortear el control de la Confederación Hidrográfica del Segura, sino que deliberadamente habría evitado que los servicios jurídicos de la comunidad supervisaran el proceso delegando esa función en un despacho privado, Ariño & Asociados, con la única intención de generar apariencia de legalidad. Sus letrados ya han reconocido en público que su labor se limitó a validar unos contratos que habían sido pactados de antemano por el Ejecutivo regional. Asimismo, la Intervención General solo se pronunció cuando ya habían terminado los trámites.
Adjudicación a dedo
La investigación judicial también se ha detenido en el proceso de adjudicación del proyecto a ACS, aseguran las fuentes consultadas. A pesar de la cuantía inicial de las obras, que ascendía a 111 millones de euros, la licitación fue directa, sin ningún tipo de concurso público que permitiera elegir una oferta más ventajosa. Además, la adjudicación quedó sellada con una compleja sucesión de movimientos societarios urdida en solo 24 días, del 25 de enero al 17 de febrero de 2006, que contó con la activa colaboración del Gobierno popular.
Pero eso no es todo. El Ejecutivo del PP también aceptó una cláusula que obliga a la Administración autonómica a desembolsar al grupo que preside Florentino Pérez el importe íntegro de la concesión hasta 2034 si se produce algún motivo de resolución anticipada ajeno a la constructora. De hecho, en 2012, ACS ya reclamó 582 millones de euros, más de cinco veces el coste real de la obra, al considerar que el Gobierno estaba incumpliendo el plan de pagos.
El importe actual de la reclamación podría superar incluso los 725 millones de euros, por los intereses y gastos financieros, según cálculos más recientes. Lo sorprendente es que esa cláusula, que genera un escenario casi idéntico al que permitió a ACS llevarse 1.350 millones de euros por la cancelación del almacén de gas del Proyecto Castor, no era recíproca. Solo la empresa privada tiene derecho a la indemnización si se produce un incumplimiento de la otra parte, pero el Gobierno regional no encontró en 2006 ningún motivo para oponerse a la firma del contrato.
Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil también han analizado otros aspectos del proyecto, como minutas exorbitantes de abogados externos pagadas con fondos públicos, la compra de los terrenos de la planta y el punto escogido para captar el agua que luego llega a los grifos de las casas. El cajón de captación fue colocado en pleno puerto industrial de Escombreras, en el mismo sitio donde atracan los petroleros y metaneros que abastecen las instalaciones de la zona. Buzos del Instituto Armado tomaron muestras de agua en el punto de captación para analizar su salubridad.
El fiscal que denunció presiones
El fiscal que impulsó la investigación fue José Luis Díaz Manzanera, pero este fue nombrado fiscal superior de Murcia el pasado febrero en medio de una agria polémica. El colega que había ocupado el puesto hasta ese momento, Manuel López Bernal, responsable de la acusación en el caso Auditorio, denunció que había sufrido intentos de intimidación y presiones políticas por sus investigaciones contra el PP. Ahora, el ascenso de Manzanera va a provocar, según fuentes cercanas al caso, que López Bernal adquiera mayor protagonismo en el caso de la desaladora, de nuevo un presunto caso de corrupción que afecta de lleno a los populares.
En paralelo a las diligencias que ha estado efectuando en secreto el Juzgado número 5 de Murcia, la trama de la desaladora ha sido objeto durante los últimos meses de una comisión de investigación en la Asambleade la Región de Murcia. El dictamen definitivo fue aprobado el pasado febrero y entre sus conclusiones figuran acusaciones gravísimas contra los máximos dirigentes del PP por su gestión de la infraestructura. Se da la circunstancia de que el diputado regional que presidió la comisión de investigación fue Miguel Sánchez, líder de Ciudadanos en Murcia y responsable de las negociaciones que mantiene su partido con el PP autonómico para pactar la investidura del sustituto de Pedro Antonio Sánchez. El acuerdo parece difícil en estos momentos, pero el sumario del caso desaladora puede obligar a Ciudadanos a descartar, de forma definitiva, cualquier muestra de apoyo.
JOSÉ MARÍA OLMO Vía EL CONFIDENCIAL
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