Vivimos una paradójica era caracterizada, particularmente en España, por un enorme incremento –nunca acontecido– de la dimensión del Estado junto con una sensible disminución de la competencia y la responsabilidad de sus administradores.
En el mundo empresarial, conforme crecen las empresas se profesionalizan más y más hasta el punto de que sea impensable que la gestión de sus recursos e intereses no estén en manos de equipos muy cualificados. Incluso las empresas familiares cuando crecen profesionalizan sus estructuras, pues de lo contrario difícilmente podrían progresar como deben. Además cada vez cobran más vigencia –incluso legal– las normas que afectan a la transparencia y responsabilidad de los administradores de las empresas.
Los países asiáticos después de demostrar una extrema competitividad económica están trasladando a la administración pública la meritocracia, de suerte que la calidad profesional de los equipos gubernamentales gozan del máximo prestigio. Prestar, durante un tiempo, servicios al Estado enriquece el curriculum ya que la selección para ello es muy severa.
En España desde tiempos inmemoriales la función publica ha estado encomendada a funcionarios por oposición, que en general han desarrollado ejemplarmente sus responsabilidades. Sin embargo con la llegada de la actual democracia una creciente parte de los funcionarios por oposición han visto sometidas sus carreras a los avatares de la alternancia, como antaño sucediese en la época de los “cesantes”. Y además, lo que es muy grave, los “puestos de confianza” ––¿quizás un tercio del total?- han invadido las administraciones públicas sin otro control que la relación personal-política con quién los nombra, creando no pocas situaciones de agravio e incluso asimilación de condición sin pasar por la oposición pertinente.
Sería de extrema utilidad, y en una democracia madura deberíamos poder exigirlo, conocer la lista completa de cargos de confianza –es decir de los enchufados– que existen en todos los ámbitos de la administraciones públicas incluidas las empresas, fundaciones e instituciones de todo tipo sometidas al arbitrio de la política, así como su currículo profesional y remuneración. Es casi seguro que si la mayor parte de dichos enchufados perdieran su empleo nadie –salvo sus allegados, claro- les echaría de menos, y si el resto fuesen sustituidos por funcionarios de carrera las cosas irían mucho mejor.
Con la democracia hemos multiplicado nuestra deuda pública –en relación con nuestro PIB– por quince hasta hacerla, seguramente, impagable con la graves consecuencias que ello acarreará. Mientras tanto, en la medida en que suban los tipos de interés –que es seguro sucederá antes o después– la crisis de nuestro Estado de Bienestar será una dramática realidad.
Por todo lo dicho, no sólo es necesario desde el orden moral restituir nuestra función pública a una dimensión, eficiencia y despolitización acordes con el buen juicio, sino que además es obligado ahorrar gasto público innecesario, que aunque de menor cuantía que otros que también hay que abordar, tendría un carácter ejemplarizante que tanta falta hace en España.
La corrupción –véase la última encuesta del CIS– que tanto y tan justamente indigna a los españoles, a pesar de no estar felizmente generalizada y no afectar básicamente a la administración central, dejaría de existir si además de lo dicho se adoptaran medidas profilácticas preventivas al respecto perfectamente experimentadas con éxito.
Tenemos muy reciente la llegada de Trump a la presidencia de EE.UU. De acuerdo con las reglas de la democracia americana –que tanto apreciara el ilustrado Tocqueville– todos los nombramientos del democrático y poderoso presidente han estado sujetos a la investigación, caso por caso, de los propuestos –que no elegidos– por el parlamento y las autoridades de seguridad del Estado. El sólo hecho de que exista este filtro institucional conlleva a presentar candidatos “presentables”, es decir, con un currículo a la altura de sus posibles responsabilidades. Hay que reconocer que, con independencia de su ideología, los curriculum –perfectamente divulgados por los medios de comunicación– del equipo de gobierno de Trump son de muy alto nivel. ¿Cuántos altos cargos de la democracia española habrían podido optar a sus responsabilidades si existiera en España un filtro semejante? Además de la revisión parlamentaria de la idoneidad de los candidatos, los servicios de seguridad verifican los datos curriculares y patrimoniales de los candidatos por lo que no hay lugar a falsedad.
En la democracia española, a diferencia de la americana, apenas hay independencia entre los poderes del Estado ni contrapesos a la capacidad de decisión de los líderes de los partidos políticos. Aquí, el líder del partido político –todos ellos– que llega a presidente de Gobierno ha elegido antes a sus diputados en el Congreso, también a los ministros y todos los demás cargos del Gobierno, y por último se reparte con el principal partido de la oposición los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo Superior del Poder Judicial, los órganos reguladores de los mercados, etc.
Pero además de la inexistencia de filtros para la selección de la alta administración publica ni contrapesos de los otros poderes del Estado, tampoco existe rendición de cuentas. Según Mª Elvira Roca*, en la España imperial existía una magnífica institución característica del derecho castellano e indiano denominada Juicio de Residencia. Al finalizar su tiempo de servicio cualquier funcionario público –sin excepción– era automáticamente sometido a un juicio en el que se escuchaban todas las acusaciones que hubiera contra él por haber desempeñado mal su cometido. El responsable púbico no podía abandonar la ciudad hasta haber sido absuelto. Una parte de su salario se le retenía para hacer frente a la multa en caso de condena. Si era absuelto podía seguir su carrera en el cursus honorum de la Administración imperial. Se trataba de un acontecimiento público que se pregonaba a los cuatro vientos. La institución funcionó con total seriedad durante varios siglos. Estos juicios tenían su origen en el Derecho Romano –delito de peculado– y uno de ellos, el caso Verres, dio fama y prestigio a un joven y ambicioso Cicerón el año 70 a. C.
Carlos III en su afán centralizador trasladó buena parte de estos juicios la corte; en su empeño por transformar los reinos de ultramar en colonias. Fueron derogados por las Corte de Cádiz en 1812. Es muy significativo que fueran los liberales los que promovieran la eliminación de una herramienta poderosa y eficaz contra la corrupción y los abusos durante siglos.
Dada la descomunal –en términos históricos– dimensión del Estado, y mientras se va necesariamente reduciendo aunque solo sea porque es incosteable , bueno sería mejorar su eficiencia mediante una adecuada selección de los responsables de la administraciones públicas –por supuesto todas: Estado, Autonomías y Ayuntamientos– al vigente estilo americano y la rendición de cuentas de acuerdo con la sana tradición imperial española. De este modo –como reza nuestro refrán: “prevenir es mejor que curar”– resolveríamos de verdad el problema de la eficiencia y corrupción de las administraciones públicas mientras les quitábamos trabajo a los jueces.
JESÚS BANEGAS (presidente del Foro de la Sociedad Civil). Vía VOZ PÓPULI
* IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA, Mª Elvira Roca, Ed. Siruela, 2016.
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