El 100% del déficit público es de carácter estructural. Solo la posición cíclica de la economía ha permitido reducir el desequilibrio. Es lo que recuerda el BCE a España
Luis de Guindos conversa con Mario Draghi. (Reuters)
España volverá a tener en 2017 el mayor déficit público de Europa. Pero no solo en términos nominales. También en relación a su saldo estructural, que es el más relevante, al eliminar factores coyunturales vinculados a la posición cíclica de la economía. Lo prevé la Comisión Europea y lo recuerda el Banco Central Europeo (BCE) en su último informe mensual.
En concreto, el déficit público de carácter estructural se situará este año en el 3,6% del producto interior bruto (PIB). Por lo tanto, muy por encima del 2,3% con el que cerrarán Francia y Portugal, los dos países —junto a España— con peor nota en el clasificación de Bruselas (no se añade a Grecia porque está incluido en un programa de asistencia financiera). Eso quiere decir que todo el desfase entre ingresos y gastos que tendrá el sector público este año será de carácter estructural. Las previsiones de invierno de Bruselas sitúan el déficit en el 3,6% del PIB para este año, o en el 3,1% según las estimaciones del Gobierno español.
Solo Alemania (0,4%), Luxemburgo (0,4%) y Países Bajos (0,0%) habrán alcanzado un superávit estructural, lo que les permite disponer de cierto margen de maniobra desde el punto de vista presupuestario. No es el caso de España, cuya senda de reducción del déficit público se ha desacelerado en los últimos años de forma extraordinaria. El desequilibrio pasó del 10,5% al 7% entre 2012 y 2013, pero desde entonces se ha reducido en menos de un punto cada año. El año pasado, incluso, solo disminuyó en medio punto a pesar de la posición cíclica de la economía y del adelanto en los pagos a cuenta en el impuesto de sociedades.
Lo relevante, sin embargo, no es solo el alto nivel de déficit público, sino, sobre todo, la incapacidad de España para reducirlo pese a que la economía habrá crecido con fuerza entre 2015 y 2017 (en torno al 3% de media anual). España, de hecho, volverá a incumplir este año el objetivo de reducción del déficit estructural pactado previamente con Bruselas.
El Gobierno se había comprometido a reducirlo en cinco décimas de PIB este año (casi 6.000 millones de euros) y apenas llegará a las dos décimas, según las estimaciones de los servicios técnicos de la Comisión Europea. Es decir, habrá unas desviación al alza de unos 3.600 millones de euros.
Se da la circunstancia que el margen fiscal negativo de España no solo afecta al déficit, también a la deuda pública, que representará este año en torno al 100% del PIB. El BCE recuerda que el valor de referencia de los tratados de la Unión Europea es del 60%, lo que significa que el volumen de deuda hay que recortarlo en 40 puntos de PIB (unos 470.000 millones de euros) para que los pasivos del sector público sean sostenibles a medio y largo plazo.
Los esfuerzos necesarios
De ahí que la Comisión Europea incluya a España en una lista corta —junto a Francia y Portugal— de la que forman parte los países con más dificultades para equilibrar sus finanzas públicas. Es decir, no cuentan con ningún margen fiscal para hacer políticas presupuestarias, lo que los debería obligar a realizar los “esfuerzos necesarios” para su consecución, como sostiene Bruselas.
El margen fiscal no es otra cosa que la distancia entre lo que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y el saldo estructural de un país en función de sus objetivos presupuestarios a medio plazo. Las exigencias de ajuste estructural se incluyen en las recomendaciones específicas por país para 2017, que pueden ser menores si se ha concedido flexibilidad a los países para realizar reformas estructurales o inversiones públicas, aclara el BCE.
Bruselas mide la sostenibilidad de las finanzas públicas a la luz de los saldos presupuestarios estructurales. Es decir, sin tener en cuenta la posición cíclica de la economía, sesgada por causas coyunturales (precios del petróleo, tipos de cambio o tipos de interés). Por lo tanto, se trata de datos corregidos por el impacto del ciclo económico y de medidas temporales, por ejemplo, una reducción de los impuestos.
La sostenibilidad de la deuda, por su parte, está condicionada por factores como las necesidades de financiación bruta del sector público, su marco fiscal, la estructura de vencimientos de la deuda o la calidad de las instituciones y los riesgos políticos.
CARLOS SÁNCHEZ Vía EL CONFIDENCIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario