Mandó durante una década con mano de hierro en la Comunidad y el PP de Madrid. Ahora, los tribunales cercan la financiación del partido y su gestión al frente del Ejecutivo
(Raúl Arias)
Esperanza Aguirre mandó durante una década con mano de hierro en la Comunidad de Madrid. No solo en el Gobierno autonómico, también en un Partido Popular que enlazaba mayorías absolutas mientras paralelamente tejía una red de poderosos contactos con el poder empresarial. Se ganó el apodo a pulso: 'la lideresa'. Temida y respetada. Llegó al poder con el famoso 'tamayazo', la extraña deserción de dos diputados socialistas que provocó la repetición de elecciones. Un episodio que hoy se ha perdido en el sueño de los justos pero que ya dibujaba los vaivenes por los que se iba a mover la política madrileña, la política del PP.
Primero llegó la Gürtel, la imputación de muchos alcaldes populares y de estrechos colaboradores de su Gobierno. Aunque asegura que ella destapó la trama, la verdad es que nunca se enteró de que Correa y los suyos le organizaron 348 actos (los acreditados en el sumario) ni de que le enviaban albornoces por Navidad. Mientras se peleaba con Gallardón por controlar Caja Madrid, sus dos delfines, ya enfrentados, le montaban una 'gestapillo', un espionaje que hoy se sigue dirimiendo en los tribunales y en confusas comisiones parlamentarias en la Asamblea de Madrid. "Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana solo dos", repite como un mantra. Las matemáticas no son lo suyo. Ya van más de 23 y sumando.
Las sombras la siguen persiguiendo ahora que solo es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impulsado esta semana la pieza del caso Púnica que investiga si el partido se financió con donaciones ilegales de empresarios que captaba a través de una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Ella, que siempre lo ha controlado todo, a la que no le gustaba delegar la supervisión, se defiende con un "no me consta" y "yo no me ocupaba de la financiación del partido, por eso dimití". Aguirre, animal político, dispara con bala. "La financiación la llevaban el secretario general [en prisión], el gerente [imputado], el contable y el tesorero".
El juez Velasco ha impulsado esta semana la pieza del caso Púnica que investiga si el partido se financió con donaciones ilegales de empresarios
La Policía Nacional ya descubrió en 2009 en la investigación del caso Gürtel que esa misma fundación había pagado facturas falsas a la trama de Francisco Correa para encubrir el pago irregular de actos de las dos campañas electorales de 2003, el famoso 'tamayazo'. En total, unos 1,2 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción llegó a concluir en 2010 que Aguirre se había presentado a esas campañas con donaciones ilegales de empresarios, pero renunció a perseguir el "delito electoral" al considerar que los hechos ya habían prescrito. La dirigente del PP anunció entonces que abandonaba la presidencia de Fundescam e iniciaba los trámites para su disolución. Colocó al frente del patronato a una dirigente de su confianza, la exconsejera de Familia y Asuntos Sociales Gador Ongil. Sin embargo, como reveló El Confidencial, la entidad habría estado funcionando al menos hasta 2016.
Los investigadores de Púnica se llevaron los expedientes de la fundación el pasado mes de septiembre y Velasco ya ha empezado a llamar a declarar a los empresarios que aportaron fondos. El miércoles declaró el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández,propietario del grupo hostelero Arturo Cantoblanco. El juez vincula una donación de 60.000 euros que realizó a Fundescam el 7 de marzo de 2007, en plena campaña de otras elecciones autonómicas en las que también se impuso Aguirre, con tres concesiones que le concedió la Asamblea de Madrid en 2009, 2011 y 2013. Fernández reconoció ante Velasco que le une una estrecha amistad con Aguirre, pero negó haber sido favorecido por los populares en la Asamblea ni en ningún otro organismo. La dirigente del PP también ha rechazado públicamente tener cualquier tipo de relación con las donaciones de Fundescam, pero ya ha quedado acreditado que fue la más beneficiada por la trama.
Aguirre también gravita sobre otras investigaciones. Los dos dirigentes del PP a los que confió los asuntos más importantes de sus gobiernos están ahora bajo el foco de investigaciones policiales. El primero de ellos es Francisco Granados. Aguirre lo sacó en 2003 de la alcaldía de Valdemoro para convertirlo en consejero de Transportes e Infraestructuras. Solo un año después, lo convirtió en consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Permaneció en el cargo hasta 2011. La dirigente del PP lo siguió apoyando incluso después, convirtiéndolo en senador. No abandonó el escaño hasta que en febrero de 2014 se descubrió que ocultaba 1,5 millones de euros en una cuenta de Suiza.
Solo ocho meses después, la UCO le detuvo por su implicación en la trama Púnica. Desde entonces, se encuentra en prisión provisional. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil han descubierto que Granados habría aprovechado sus puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid para asociarse con constructores y empresarios a los que presuntamente favorecía con adjudicaciones y recalificaciones de suelo. Utilizó a su jefe de gabinete, Ignacio Palacios, y a la mujer de este, María José Marijuán, para participar en proyectos variopintos en el metro de Moscú.
Los dos dirigentes del PP a los que confió los asuntos más importantes de sus gobiernos están ahora bajo el foco de investigaciones policiales
También usó sus identidades para disfrutar, hasta el mismo momento de su detención, de una finca de 84 hectáreas en Higuera de las Dueñas (Ávila), que compartió con otros dos implicados en Púnica, los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza. Aguirre reconoció esta semana en una entrevista en La Sexta que estuvo en esa finca para celebrar la primera comunión de una de las hijas de Granados y explicó que no le llamó la atención que su consejero disfrutara de esa propiedad porque siempre había alardeado de que, antes de entrar en política, había sido analista bursátil de Société Genérále.
Granados no solo recaudó dinero para engordar su patrimonio. La UCO encontró en su poder una agenda con anotaciones de presuntas donaciones ilegales que le habrían entregado constructores para financiar al PP de Madrid. Los importes que aparecen en ese documento suman 2.060.000 euros. El grueso del dinero lo habría entregado la constructora OHL, que se llevó la construcción de algunas de las infraestructuras más rentables para las aspiraciones políticas de Aguirre, como el Metro Ligero a Pozuelo de Alarcón, ampliaciones de las líneas de metro bajo superficie y el tren de Cercanías a Navalcarnero (que no llegó a concluirse). Esta semana, el juez ha ampliado las pesquisas, y ya maneja indicios que apuntan a que el PP también se pudo financiar irregularmente con los hospitales que construyó Aguirre, las carreteras que adjudicó a Dragados, o los proyectos fallidos del Campus de la Justicia y Ciudad de la Justicia. El Madrid de Aguirre se parece cada vez más a la cueva de Alí Babá.
El ático de González
Luego está el escenario judicial de su otra mano derecha, Ignacio González, el hombre que eligió para que ocupara la presidencia de la Comunidad (2012-2015) cuando decidió dejar el Ejecutivo madrileño por su enfermedad. Colaboradores del expresidente González, que antes había sido vicepresidente durante casi una década (2003-2012), están imputados en Púnica por haber sufragado con fondos públicos campañas de reputación 'online' para el propio González. En otros casos, los trabajos de imagen en internet y redes sociales del dirigente autonómico se pagaron con entregas en efectivo realizadas por adjudicatarios de la Comunidad, entre otros, Indra.
Pero González también está siendo investigado en un juzgado de Estepona por la presunta compra de un ático de lujo en Marbella a través de un testaferro vinculado al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. La adquisición de la vivienda se produjo en marzo de 2008, cuatro años antes de que Aguirre le cediera el testigo. González estuvo disfrutando del ático en régimen de alquiler hasta que en diciembre de 2012 no tuvo más remedio que reconocer su relación con esa propiedad y anunció que había decidido adquirirla. La UDEF sospecha que, en realidad, el ático fue suyo desde el principio, pero utilizó la fórmula del alquiler por el origen dudoso de los fondos que necesitó para hacer frente a esa adquisición. Tanto González como Cerezo están imputados en ese procedimiento desde marzo de 2016.
El hilo conductor de todos esos casos es el Gobierno de la Comunidad y el PP de Madrid, que estuvieron controlados férreamente por Aguirre entre 2003 y 2012. Incluso después de su marcha del Ejecutivo autonómico, siguió tomando decisiones. El tesorero de la formación, Beltrán Gutiérrez, tuvo que dimitir en octubre de 2014 por su implicación en el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, por el que ha sido recientemente condenado. Sin embargo, en febrero de 2016, la UCO descubrió que Gutiérrez seguía realizando labores de gestión en el partido. Aguirre lo mantuvo a sueldo hasta que los agentes de la Guardia Civil entraron en su despacho y en su casa para llevarse documentos que han terminado destapando la caja B de la formación.
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