Nos encontramos ante una de las mayores contradicciones e injusticias de nuestra sociedad, cuya incongruencia e inequidad afecta desde perspectivas distintas a todos los partidos y, además, está fuera de toda agenda política y mediática. La perspectiva de género
se lo come todo, y esta cuestión, donde intervienen la maternidad de
manera determinante, no solo no les interesa, es que, además, les
molesta.
Pero vayamos por partes. Primero, la contradicción es
obvia: en un sistema público de pensiones basado en el reparto, las
pensiones del mañana no dependen de lo que uno ha cotizado hoy, sino de
los “hijos” trabajando en el momento de tu jubilación. Hay más
variables, obvio, sobre todo a corto y medio plazo, como la ocupación y
la productividad, pero a largo plazo la clave está en la natalidad con
el complemento de la inmigración. Sin hijos no hay pensiones, que es lo
mismo que decir que sin madres el sistema es inviable y solo puede
sobrevivir rebajando aquellas -en esta fase estamos ahora- y aumentado
los años de cotización, algo que resulta razonable en muchas profesiones
e inviable en otras.
La injusticia radica en el coste desmesurado que tienen los hijos para las familias.
Estos hombres y mujeres, estos padres y madres sufragan con el coste de
sus hijos las pensiones de quienes no los tienen o solo tienen uno sin
contrapartida positiva y, además, recibiendo una penalización. Mientras
que quienes no tienen hijos pueden dedicar lo que les costaría, al
ahorro en todo o en parte para disponer de un plan de pensiones privado
que mejore sus ingresos en la jubilación. Quienes son padres y madres
carecen de esa posibilidad. Los que soportan el peso del sistema son
penalizados. ¿Se dan cuenta de que esa política y cerrazón mental solo
conduce al hundimiento del pilar central del estado del bienestar?
No existe un sistema estadístico que mida
el coste de los hijos o practique algún tipo de seguimiento que permita
evaluar, por ejemplo, la incidencia del aumento de las matrículas
universitarias. Mira que existen observatorios de todo tipo pagados con
nuestro dinero, pero ninguno trata de esta cuestión central. Así los
gobiernos, español catalán, autonómicos, pueden decidir con la mayor
impunidad. Por consiguiente, los costes solo se pueden inferir a partir
de distintas fuentes, o acudir a alguno de los estudios publicados, que
tampoco son tantos. El de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, 2014, es una buena referencia y a él me remito, con una pequeña actualización de las cifras por el tiempo transcurrido.
Este no incorpora el coste de la universidad, ahora disparado, realmente insoportable en el caso de Catalunya. De los 37 territorios de la UE y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) analizados, España es el noveno más caro en estudios de grado, y el octavo más caro en estudios de máster, con una cifra que se sitúa en los 1.100 euros por matrícula y año, en el primer caso como media española, y el doble para los másteres. Una cifra que parece barata si se compara con Cataluña que se sitúa ligeramente por encima de los 2.000 euros. Solo Reino Unido, con la excepción de Escocia, Irlanda, Letonia y Lituania pagan más. Para entendernos, la matrícula catalana es cuatro veces más cara que la francesa y 40 veces más que la alemana.
Con toda esta losa económica no es de extrañar que la natalidad en el periodo 2007-2012 decayera un 12,1%.
La respuesta a ese problema vital
es evidente: o se otorgan unas ayudas relacionadas con el coste de los
hijos y se confieran ventajas en el régimen de cotización o de pensión a
las personas que los tengan, o la caída que ya vivimos pasará del plano
inclinado al precipicio.
JOSEP MIRÓ i ARDÈVOL Vía VOZ PÓPULI
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