Diputadas de varios partidos celebran, en julio de 2017, la aprobación
del informe que dio lugar al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. /BERNARDO DÍAZ
- Podemos se abstiene y no vota a favor de las 212 medidas del pacto de Estado de violencia de género
Fuentes de PP y Cs afirmaron estar preparados para que el PSOE les tilde de «machistas» por cuestionar el decreto ley, pero las formas en las que Pedro Sánchez ha querido apuntarse el tanto de luchar contra la violencia de género con urgencia ha levantado ampollas.
La liebre la levantó una de esas jueces que se leen el BOE todos los días como ejercicio profesional. «Me pareció muy fuerte modificar el Código Civil que regula las relaciones entre las personas en una disposición adicional de un decreto ley», explica en conversación telefónica. Después, la abogada y profesora de Derecho Civil Verónica del Carpio escribió un análisis del decreto y su posible inconstitucionalidad. En su opinión, el más noble de los objetivos no se puede saltar lo que está previsto por ley y no ve justificación para la urgencia de la norma dictada por el Gobierno que, de facto, modifica el Código Civil por esa vía por primera vez en la democracia.
¿Cómo justifica el Gobierno la urgencia? En las 11 asesinadas entre junio y julio y el hecho de que, en la mayoría de los casos, las víctimas no habían denunciado la violencia y el maltrato que venían sufriendo. Desde que entró en vigor la Ley contra la Violencia de Género las denuncias han subido hasta superar las 100.000 al año, pero muchas de las asesinadas no habían denunciado nunca. La explicación de asociaciones como Themis o Miguel Lorente, el que fuera primer delegado de Zapatero contra la violencia de género, es que no lo hacen por miedo al proceso judicial, porque están en shock, en una situación de extrema debilidad emocional. «Es verdad que las jueces tenemos la sensación de que no estamos ayudando a esas mujeres», dice otra magistrada de Madrid. Pero, ¿lo soluciona el real decreto? Para tratar de arreglarlo da la posibilidad de que una mujer sea reconocida como víctima sólo con los informes de equipos de los servicios sociales municipales y acceder así a ayudas económicas, sociales y psicológicas.
Pero donde hay una maltratada reconocida como tal, tiene que haber un maltratador sin que lo haya dictaminado un juez, y es ahí donde han saltado las alarmas. Dice el Colegio de Abogados de Madrid: «Cabe pensar que limita la presunción de inocencia o las garantías de defensa de todos aquellos que resulten investigados, ya que podrán verse procesados por un delito de violencia de género, a partir de una 'acreditación de una situación de violencia' que no haya sido emitida por una autoridad judicial competente», explicaba Ana Clara Belío, presidenta de la Sección de Familia del Colegio de Abogados.
En el texto del real decreto se da por hecho que todas las asesinadas han sido previamente maltratadas y eso, según expertos en criminología consultados, «es mucho suponer».
Ruth Sarabia es la responsable del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga y no está contenta con la modificación: «No se ha consensuado ni estudiado con los ayuntamientos, no tenemos personal formado en violencia de género y es una responsabilidad muy grande. ¿Qué pasa si no se le ha hecho un informe a una mujer a la que luego asesinan?». Pero ya estaba preparada porque era algo contemplado en la ley de ampliación de protección a las víctimas de la violencia de género que aprobó la Junta de Andalucía en julio. El decretazo ha supuesto así saber que algunas autonomías ya habían reconocido esa condición de víctima administrativa.
«Me preocupa que esos informes de los servicios sociales puedan acabar en un juzgado donde se esté dirimiendo una custodia», dice una de las dos jueces de violencia de género consultadas. Quedará a criterio del juez hacer o no caso a esos documentos que aporte una madre que llegue en condición de víctima reconocida por los servicios sociales.
«Al final, esto se trata de quitar poder a los jueces», explica José Manuel Aguilar, que ha actuado de perito en muchos juicios. A Aguilar le preocupa el cambio en el Código Civil para que los hijos de una mujer que haya interpuesto una denuncia se puedan someter a tratamiento psicológico sin permiso del padre. «Hay progenitores que someten a los niños a todo un peregrinaje hasta llegar a un psicólogo que les dice lo que quieren oír, pero los jueces podemos pararlo a petición del padre», explica una juez. Con el real decreto no será ya posible, al perder el denunciado por maltrato la patria potestad para decidir ese aspecto de la vida de sus hijos.
El reconocimiento de víctima sin pasar por la Policía y los juzgados fue uno de los asuntos más espinosos del Pacto de Estado de la Violencia de Género, aprobado por unanimidad de todos los partidos. Pero la urgencia y la fórmula elegida han sentado mal.
El fondo, no obstante, estaba en el Pacto Nacional. En concreto, la medida 209: «Desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad».
Como tarde, el 3 de septiembre el real decreto tiene que ir al Congreso. La única manera de pararlo es un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que ha de ir apadrinado por un mínimo de 50 senadores o 50 diputados. El PP parece tener claro que, de no pararse en el Congreso, irá al TC. La portavoz en Asuntos de la Mujer de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha criticado por «inconstitucional» el decreto. Los dos partidos firmaron el Pacto Nacional. Sánchez ha roto el consenso con prisas y, ahora, parece que eso tendrá consecuencias. Y ambos cuentan con los improperios que les caerán de ciertas asociaciones feministas, del PSOE y de Podemos.
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