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sábado, 25 de agosto de 2018
El juez Llarena se siente "abandonado" por el Gobierno ante la estrategia de Puigdemont
El juez instructor de la causa del
'procés' ha recibido con indignación la decisión del Ejecutivo de Pedro
Sánchez de no defenderlo en Bélgica
Llarena, en el centro de la imagen, durante una mesa redonda este verano. (EFE)
El juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, se siente abandonado. Ha recibido con indignación la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez
de no defenderle ante los tribunales belgas frente a la demanda civil
interpuesta por Carles Puigdemont y otros cuatro investigados en el
procedimiento que ha dirigido. Según informan a El Confidencial fuentes
de su entorno, el magistrado interpreta que el Gobierno ha caído en la estrategia de los investigados que han maniobrado en Europa en un intento por desacreditarle.
El
Ministerio de Justicia hizo pública este jueves su postura frente a la
demanda de amparo que le había reclamado el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). Pese al criterio de la Abogacía del Estado, el
departamento que dirige Dolores Delgado, aprobó no defender al juez por sus manifestaciones privadas sino únicamente por su labor jurisdiccional. Así, contratará a un letrado belga pero exclusivamente para proteger "la inmunidad de jurisdicción" del Reino de España.
Esto provoca que si el magistrado quiere argumentar contra las acusaciones sobre su falta de independencia lanzadas por Puigdemont y sus 'exconsellers', basadas en las palabras que pronunció en una conferencia celebrada en Oviedo, deberá hacerlo pagando a un letrado de su propio bolsillo. En
esas ya famosas afirmaciones, Llarena se limitó a contestar a una
pregunta sobre si en su causa había "presos políticos". "En este
procedimiento no los hay", respondió. Agregó que instruía sobre
"comportamientos recogidos en el Código Penal". "Con independencia de
cuál haya podido ser la motivación que les hubiese llevado a cometerlos,
tienen que ser investigados", dijo entonces.
Justicia considera que estas declaraciones forman parte del ámbito privado del juez
y no de su labor instructora. Para justificar esta decisión ha
concretado que la demanda incluye "referencias a expresiones o
manifestaciones privadas realizadas por Llarena ante las que el Gobierno
no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por
afirmaciones de carácter privado, ajeno a su función".
Llarena
no alcanza a comprenderlo. Considera que se le ha demandado "por ser el
instructor" y "no por otra cosa" y que los demandantes tomaron la
iniciativa con la intención de hacerle daño "en vendetta" por su labor
profesional, y no solo por "desacreditar el proceso", aseguran las
fuentes consultadas. Su teoría es que, para lograr este fin, buscaron provocar las declaraciones que ahora esgrimen en su contra. La intención desde el inicio era la de ir en su contra.
Una trampa en la que ha caído el Gobierno de Pedro Sánchez -dice- que se ha dejado arrastrar por lo que fuentes cercanas al juez califican como "intención dañina" de los investigados. Renuncia a defenderle y lo hace en contra del criterio de la Abogacía del Estado
dirigida por una nueva jefa designada por Sánchez hace escasos dos
meses. Ahora el juez se encuentra con un panorama que le obliga a asumir
el pago de los honorarios de un abogado "que costará miles de euros de su bolsillo"
o a arriesgarse a quedar en manos de un abogado contratado por el
Ejecutivo pero que no defiende sus intereses. Aún no ha tomado una
decisión y está estudiando sus opciones.
Puigdemont durante una rueda de prensa en Bruselas. (EFE)
"Por hacer su trabajo"
El instructor no entiende que se le deje tan solo. "Nadie defenderá al Estado si el Estado no defiende a sus instrumentos de actuación",
opina según las fuentes consultadas.También destaca la inconsistencia
de la acusación y se pregunta si se pretendía que declarara en aquel
acto en Oviedo que los investigados en prisión son "presos políticos".
Un instructor que decreta la prision de alguien, lo hace porque entiende
que han cometido delitos y no por sus actuaciones políticas, destaca.
"Si alguien cree que no hay delitos políticos es precisamente el juez
que decreta su prisión", insiste.
Su lectura es que el Gobierno
permite con esta decisión "que se le desacredite" y le abandona frente a
la acción judicial en la que los demandantes piden el pago simbólico de
un euro. "Mi queja es la de cualquier juez que se vea en riesgo por hacer su trabajo", ha dicho el juez a su entorno más cercano.
El criterio elegido por Justicia choca de frente con lo expresado en dos informes,
uno de ellos firmado por la propia Consuelo Castro, la abogada general,
y otro avalado por los servicios contenciosos de la Abogacia. En ellos
se defendía incluso la procedencia de asumir una hipotética condena en
costas mediante la contratación de un seguro. "Se considera necesario
proceder a la contratación de un abogado local en Bélgica a fin de
llevar a debido efecto la representación y defensa en derecho ante esos
tribunales del magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal
Supremo de España don Pablo Llarena Conde", reza textualmente el
dictamen, al que ha tenido acceso El Confidencial.
Llarena ha sido citado el próximo 4 de septiembre
a las nueve de la mañana ante la Primera Sala del Juzgado de Primera
Instancia de Bruselas. El tribunal belga trató de hacerle llegar la
comunicación a través de dos vías. La primera de ellas no funcionó: el
Juzgado Decano de Madrid rechazó en tramitarla. Hubo un segundo intento
mediante su envío directo y nominativo al magistrado demandado por
correo certificado con acuse de recibo, en la sede del Tribunal Supremo.
La citación fue entregada en dicho órgano acusándose recibo de su
recepción por personal del mismo, desvela el escrito de la Abogacía.
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