Cinco asociaciones de jueces y fiscales exigen al Ejecutivo que asuma la
defensa del magistrado del Tribunal Supremo ante la justicia belga.
Piden también al CGPJ que materialice la solicitud de amparo del juez.
El juez Pablo Llanera
Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado "en defensa de la soberanía jurisdiccional de España", que asuma la defensa del magistrado del Tribunal SupremoPablo Llarena ante la justicia belga.
En la nota, que está firmada por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, acusan al Ejecutivo de "dejación de funciones". La progresista Juezas y jueces por la Democracia, y la Unión Progresista de Fiscales (de la que formó parte la ministra de Justicia, Dolores Delgado), han sido las únicas que no lo han firmado.
El comunicado se ha hecho público después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo,
asegurase que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la
demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejara claro que el amparo
legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.
Los
jueces y fiscales argumentan que "el ministerio ofrece reparos a las
conclusiones del Servicio Jurídico del Estado, y condiciona la
personación ante la justicia belga a los términos en los que resulte
admitida la demanda".
Los firmantes, además de mostrar su "estupor ante un proceso judicial como el iniciado en los tribunales belgas", defienden la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad
de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada -directa o
indirectamente- por los tribunales de un país extranjero "valiéndose
además de cauces que incurren en claro fraude de ley".
"Las
asociaciones judiciales y fiscales mencionadas quieren expresar, en
primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse -en este
caso- como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de
España", agrega.
"Dejación de funciones"
Recuerdan
que "en el informe de la Abogacía del Estado de hace tan sólo unos días
se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto".
"La
afirmación de que si la jurisdicción española 'si se ve cuestionada por
la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha
demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para
proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España', solo se
entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales -o
peor aún, desde el propósito de no hacer nada", explican los firmantes.
Y
explican que "el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista
que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen
-previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la
admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad
jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se
invocan con antelación, una vez iniciada la vista -y admitida, en su
caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas".
"Si España -dijeron las fuentes belgas, según la nota de los jueces y fiscales españoles- no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional"
Recuerdan que fuentes oficiales del Gobierno belga
comunicaron al Gobierno que "la inmunidad debe invocarse ante el
tribunal" porque "no hay garantía de que el juez invoque la inmunidad de
España automáticamente", y recomendaron a España "asegurar la defensa
de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas".
"Si
España -dijeron las fuentes belgas, según la nota de los jueces y
fiscales españoles- no se presentara ante el tribunal, este tribunal
podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional".
Añade
el comunicado que "tampoco cabe entender improcedente la defensa por
parte del Estado español del magistrado sr. Llarena ante acciones
legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa
en opiniones privadas, que ni siquiera se citan".
"Un
mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo
del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes
fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que se intenta
solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del
instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que
desautorizar el propio proceso en su conjunto", afirman las
asociaciones.
"Instamos del Ministerio de Justicia,
una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos
como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la
han solicitado desde el CGPJ al estimar la
petición de amparo promovida por el magistrado instructor, mediante la
inmediata personación en el procedimiento, exigiendo que se asuma, en la
forma que resulte oportuna, la defensa del magistrado afectado, que no
es otra cosa que defender a la justicia española en su conjunto",
consideran.
Asimismo solicitan del CGPJ que "se
adopten las medidas necesarias para materializar la declaración de
amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado D.
Pablo Llanera, al amparo de los arts. 117 122.2 CE y el art. 14 LOPJ,
asegurando la defensa del referido Magistrado en caso de inacción del
Gobierno".
VOZ PÓPULI
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