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martes, 14 de agosto de 2018

VÍCTIMAS Y PP, UN SONADO DIVORCIO

Puede que Sánchez "esté pagando" precio por el apoyo peneuvista a la moción de censura, pero el que sin duda lo abonó generosamente fue Rajoy para sacar adelante sus políticas 


El presidente del PP, Pablo Casado (2d), la semana pasada en el monolito que recuerda a las dos personas asesinadas por ETA en Santa Pola. (EFE)


Maite Araluce es la presidenta desde el pasado mes de mayo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La respaldó el 97% de los votos de la asamblea de la organización. Su padre, Juan María Araluce Villar, fue asesinado por la banda terrorista el 4 de octubre de 1976. Era presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el atentado –ametrallamiento- murieron su chófer y tres policías de su escolta. Ocurrió en San Sebastián, donde Gregorio Ordóñez fue también asesinado el 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa en la parte vieja donostiarra. Su hermana, Consuelo, es la presidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Gregorio Ordóñez era el líder del PP en Guipúzcoa.

Pues bien: ambas presidentas han declarado que los traslados con acercamiento de los etarras Olga Sanz y Javier Moreno desde la cárcel de Villabona (Asturias) a la de Basauri (Vizcaya) son “legales” y no merecen su crítica. Los dos etarras han progresado judicialmente al tercer grado, se han arrepentido de su pasado criminal renunciando expresamente a la violencia y han mostrado su disposición a colaborar con las autoridades. El Gobierno considera este movimiento como un “gesto”, aunque, según informaba ayer 'El Correo de Bilbao', el presidente Sánchez pretende iniciar una cautelosa política de acercamiento de una parte reducida de los 218 presos etarras recluidos en 19 cárceles españolas, siguiendo los pasos de la política de Emmanuel Macron.



El criterio que utilizaría el Ejecutivo sería el de trasladar a cárceles del País Vasco, o a muy cercanas, a reclusos sin autoría en crímenes de sangre, enfermos de gravedad y aquellos de edad avanzada (70 o más años). El Ministerio del Interior trataría de informar previamente a las organizaciones de las víctimas para recabar su conformidad, “o comprensión” ('sic', de fuentes del Ministerio), aunque “ve difícil” consensuar esta corrección de rumbo penitenciario con el PP, aunque “quizás sí con Ciudadanos”. De momento, la sintonía entre la AVT y Covite con el Partido Popular se ha roto. Y el divorcio se ha producido por dos circunstancias que merecen alguna reflexión en la sede de la calle Génova.

En primer lugar, Pablo Casado, al criticar el traslado de Sanz y Moreno no reparó en las circunstancias que concurrían en ambos que, sin embargo, sí fueron estrictamente valoradas por Araluce y por Ordóñez. Y en segundo lugar, el líder del PP adujo que este movimiento carcelario era “un pago” de Sánchez al PNV. Las organizaciones de las víctimas –muy plurales y distintas, con percepciones dispares sobre la política penitenciaria- están doblemente hartas. Tanto de formar parte de la munición político-partidista del PP como del doble juego de sus dirigentes con el PNV, que pasa de socio a adversario a conveniencia de la coyuntura.

Las organizaciones de las víctimas –muy plurales y distintas, con percepciones dispares sobre la política penitenciaria- están doblemente hartas

Recuerdan bien que nadie como Rajoy, tanto en 2017 (ley de cupo) como en 2018 (concesiones presupuestarias exorbitantes) abonó compensaciones muy altas por el apoyo de los votos nacionalistas. El 3 de mayo pasado, el lendakari Urkullu declaró a 'El País' –sin que mediara desmentido alguno- que “Rajoy es sensible a un cambio en la política penitenciaria”. Puede que Sánchez “esté pagando” precio por el apoyo peneuvista a la moción de censura, pero el que sin duda lo abonó generosamente fue Rajoy que, además, fue, efectivamente, “sensible” a determinados movimientos penitenciarios que no le dio tiempo a efectuar. Pablo Casado, al desconocer imprudentemente la trayectoria reciente de su partido, y utilizar un argumentario superado, ha propiciado una inédita y grave discrepancia con las principales asociaciones que agrupan a las víctimas del terrorismo.

El alejamiento de los presos terroristas de sus lugares de domicilio y origen, y su dispersión, fueron medidas adoptadas a finales de los años ochenta por Enrique Múgica, ministro de Justicia, y por el fallecido Antoni Asunción, director general de Instituciones Penitenciarias. Trataban de quebrar los vínculos grupales que cohesionaban a los terroristas y distanciarles de ambientes sociales que les resultaban favorables. Ambas medidas fueron un éxito porque los reclusos 'duros' dejaron de intimidar a los más 'blandos', que comenzaron a reclamar beneficios penitenciarios y, a la postre, a abjurar de su pasado criminal.




Lo que no se ha conseguido del colectivo de presos etarras aún dispersos y alejados es que su arrepentimiento conlleve una efectiva colaboración con la Justicia, necesaria para esclarecer centenares de asesinatos de la banda terrorista ETA. Las víctimas no se oponen, en consecuencia, a una rectificación de la política penitenciaria pero exigen que sea el resultado de un cambio de actitud radical de los reclusos que debiera objetivarse en la petición de perdón, pero sobre todo en su contribución al esclarecimiento de crímenes cuya autoría concreta se desconoce. Nada más lógico y comprensible.

Estamos en ese punto. Superada, en consecuencia, la fase en la que el PP podía esgrimir que era “el partido que amparaba a las víctimas”. El encontronazo sonado entre Araluce, Ordóñez y Pablo Casado constituye un episodio mucho más serio de lo que se ha valorado e implica un divorcio a través del cual las víctimas del terrorismo quieren recobrar un margen de maniobra que han ido perdiendo. Su papel es de Estado, no de partido. Entre otras muchas razones porque hay víctimas –decenas y decenas- que están próximas al PSOE y a la política de Sánchez y porque el mundo en que estas se mueven, emocionalmente complejo y políticamente plural, requiere de un espacio que, en las actuales circunstancias históricas, debe ser autónomo de los partidos.

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