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jueves, 9 de agosto de 2018

LO DEL MÁSTER COMO SÍNTOMA

Tenemos un problema de respetabilidad universitaria. Llueve sobre mojado gracias al llamado Plan Bolonia o a los absurdos sistemas de acreditación del profesorado


Pablo Casado, mostrando documentación de su máster. (EFE)


A los ojos de un profesor de universidad veterano, como es quien esto firma, todo lo que aflora en el marco del tema del máster del líder del PP es motivo de reflexión que supera la concreta cuestión que tanto interés suscita en este tórrido agosto, y que va más allá del hecho concreto que afecta al Sr. Casado y a la URJC.

Ante todo, tenemos un problema de respetabilidad universitaria, y no porque las noticias sobre lo que ha sucedido puedan dañar más a la universidad como máxima institución cultural y educativa del Estado, consecuencia, por desgracia, inevitable, pero sin olvidar que llueve sobre mojado gracias al llamado Plan Bolonia, a los absurdos sistemas de acreditación del profesorado, al exceso de centros de educación superior, públicos y privados, y tantos otros motivos, sino porque, a pesar de todo eso, la universidad sigue siendo merecedora de respeto, del mismo modo que la vida de un moribundo es tan digna de protección como la de un robusto joven.




El problema es que el muestrario de estudios calificados como másteres —con ese absurdo anglicismo que, encima, procede del latín 'magister', y debiera denominarse maestría— se ha desarrollado vertiginosamente, entre otras cosas, gracias al deterioro de los estudios de grado —había que suprimir las licenciaturas y 'aligerar' los contenidos de las carreras—. Hay que incluir, también, en este triste cuadro, el progresivo desprestigio de los títulos de doctor, que en altísimo porcentaje premian trabajos carentes del menor interés, y los premios los confieren comisiones integradas muchas veces por profesorado de segunda o tercera división, pero eso merecería una reflexión separada en la que no puedo entrar.

Ingente cantidad de títulos


El número de másteres que se ofrecen es claramente desorbitado (como lo son los precios a los que muchas universidades ofrecen esos títulos). Se cuentan por cientos, y su calidad intrínseca es, en muchos casos, más que dudosa, pues, con todo el respeto a las seguras excepciones, es imposible disponer de tal cantidad de profesorado de alto nivel, y, así las cosas, las consecuencias son previsibles.

El éxito comercial de los tales másteres ha de asociarse a un previo fracaso, tácitamente aceptado: las carreras universitarias y los títulos que se conceden a los que las han cursado, por sí solos, es seguro que nada demuestran, y el máster es el remedio mágico para poder cribar entre licenciados o graduados del montón y los que realmente se han formado. El papelito que acredita ese 'complemento formativo' permite la redención de los vulgares licenciados o graduados, que así decoran su anodino currículo.

Basta acercarse a la información que se da de algunos másteres para comprobar que, a veces, ni siquiera aparecen los nombres de los profesores

A partir de esa premisa, los másteres los ofrecen y dan no solo universidades públicas y privadas, sino también instituciones y algunas empresas, al margen del valor que se les quiera reconocer. Basta acercarse a la información que se da de algunos de ellos para comprobar que, a veces, ni siquiera aparecen los nombres de los profesores que los imparten. Pero eso no parece importar, pues lo que de verdad interesa es tenerlo, pues si antaño se decía que convenía ser “licenciado en algo”, hoy se dice, y se incrusta en la cabeza de los estudiantes, que hay que tener un “máster de algo”, para aspirar a lo que sea, pues es esencial para poder presentarse en público.

Otra dimensión del tema es la que atañe a la 'clase política' española, hoy enzarzada en la discusión y echándose los trastos a la cabeza, pasando por el microscopio el currículo de 'los otros', sin que nadie ose referirse al bajo nivel académico y profesional de muchos de los políticos. Es alarmante el número de ellos que no han ejercido profesión alguna, o que tienen una actividad meramente teórica, o un título universitario que nada significa.




La explicación es de sobras conocida: en la generosa juventud, decidieron sacrificarse en el altar del interés de la patria y entregaron su vida a la política al precio de abandonar unos magros estudios o no intentar ejercer la carrera teóricamente estudiada, y, claro está, solo faltaría que eso fuera óbice para desempeñar las más grandes responsabilidades. Pero, en ese contexto, quien más quien menos desea que de sí mismo, por si acaso, no pueda decirse cosa semejante, y un máster puede compensar otras carencias, o eso se cree.

Las opiniones serenas escasean


En otra línea patética, también hay que contemplar el inevitable juicio paralelo, que, como es lógico, tiene que producirse y crecer día a día hasta que aparezca otro tema que lo desplace. Mientras tanto, cómo no, se aprovecha la ocasión para opinar sobre derecho procesal y penal, comenzando por el cuestionamiento de los aforamientos, en concreto, de los parlamentarios, confundiendo la inmunidad y el aforamiento, y, de paso, dejando caer, unos y otros, insinuaciones sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo, cual vientecillo llamado a transformarse en huracán si se tercia, como en el aria de la calumnia de don Basilio. Vuelve a solicitarse la supresión de todos los aforamientos, y, en cambio, siempre que se intenta discutir serenamente sobre el tema, pierde repentinamente su interés.
Se aprovecha la ocasión para opinar sobre derecho procesal y penal, comenzando por cuestionar los aforamientos, confundiéndolos con inmunidad

Las valoraciones penales también son jugosas, y no entraré en ellas por el respeto que se debe tener a la exclusividad de la jurisdicción, lo que significa que nada diré sobre el caso concreto del máster del Sr. Casado, tema que no conozco con el rigor y profundidad necesarios para poder opinar (gajes del oficio de jurista), cosa que solo podría hacer cuando existiera una resolución definitiva. Pero, entre tanto, sí puedo opinar sobre las badulacadas que se oyen a propósito de la cuestión. Por ejemplo, se dice que, al fin y al cabo, si la administración de una universidad o sus profesores han violado sus obligaciones, en relación con las condiciones que han de exigirse y verificarse para la concesión de una convalidación o un aprobado o de un título, eso no puede salpicar a quien se haya podido beneficiar, pues a nadie le amarga un dulce, y la responsabilidad es exclusivamente de los otros, y, si quisieron ser especialmente afectuosos con este o aquel, allanando el camino, eso no puede censurarse al que acepta tan especial y amable trato.




Ante ese tipo de comentarios, el profesor viejo solo puede decirse que son coherentes con la hispana cultura de la recomendación y el aprobado gratuito, que nadie querrá ver como una prevaricación sino como algo cercano a la obligación social, y al que se haya beneficiado de él nadie lo calificará de mentiroso cuando diga que ha 'estudiado' algo. Tengo registrados en la memoria incidentes en los que amigos, o meros conocidos, se enfadaron conmigo por mi negativa a aprobar a un estudiante de nivel asnal. A veces, para completar el cuadro, me aseguraban que el sujeto en cuestión no pensaba ejercer la carrera, que solo deseaba el título por satisfacción personal, y que, total, qué más me daba. Si se me ocurría objetar que con ese argumento ofendían a la vez a la institución universitaria y a los estudiantes normales, la reacción era de incredulidad, ornada con calificativos de maniático, estrecho, etc.

Por supuesto, no podían entender que el profesor que hace eso conscientemente, prevarica, como el estudiante que copia, o que se beneficia de que un profesor amiguete le regala el aprobado, tampoco puede entender que es un falsario, sin entrar a analizar y valorar jurídicamente la relación entre el estudiante y el profesor, pues esa es harina de otro costal, y cuestión muy delicada, que solo un correcto proceso puede esclarecer, a partir de las pruebas de toda clase que recabe un instructor o un fiscal. Pero lo que está fuera de duda, por más que hoy se oiga lo contrario, es que esta clase de problemas, que en la pequeña dimensión de una recomendación y un aprobado no pasan de mala práctica universitaria, cuando alcanzan la afectación a un título, no pueden sustraerse al conocimiento de la jurisdicción penal.


                                                 GONZALO QUINTERO OLIVARES*  Vía EL CONFIDENCIAL

*Gonzalo Quintero Olivares es catedrático de Derecho Penal.

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