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miércoles, 29 de agosto de 2018
Llarena, el Gobierno y el cabreo en Waterloo
Las palabras, los gestos y las
demandas forman parte de una política secesionista cada vez más
bronquista y agresiva, como ayer se demostró con las declaraciones de
Puigdemont en Waterloo
Los CDR queman retratos de Felipe VI y del juez Llarena. (EFE)
¿Qué tiene de privada la declaración del magistrado instructor de la
causa del proceso soberanista según la cual los encarcelados
preventivamente son políticos presos y no presos políticos? Nada. Se
trata de una apreciación pública, extraprocesal e íntimamente conectada con el procedimiento penal
que Pablo Llarena ha instruido. Una demanda civil contra él basada en
esas declaraciones porque implicarían parcialidad en el instructor
—interpuesta, además, ante un juez belga— promovida por Puigdemont y
otros huidos de la Justicia española es lo que el diario 'El País'
denominaba ayer en su editorial una “argucia política”,
es decir, una cortina de humo que solo busca presentar al Estado
español, a través del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, como un “Estado delincuente” (sic de la demanda).
El asunto es en todas sus facetas tan evidente que cuesta entender
por qué el Gobierno, a través de una comparecencia inconsistente de la
vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado viernes, calificó estas declaraciones de Llarena como “privadas” y, en consecuencia, negó al magistrado asistencia letrada ante el juzgado belga que le ha citado el próximo día 4 de septiembre. Siguiendo el hilo de la argumentación de Calvo,
el Ejecutivo solo intervendría si en el procedimiento en Bélgica se
pone en cuestión la inviolabilidad de la función jurisdiccional del
Estado español. La pregunta es inmediata: ¿pretende el expresidente de
la Generalitat otra cosa diferente que la de presentar en su acción
legal al Estado español como jurisdiccionalmente inválido, sectario y,
consecuentemente, 'delincuente'?
La indignada reacción
de las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales, también de los
que se reconocen progresistas, y de la oposición, el PP y Ciudadanos,
además de una alarma evidente en la mayoría de los medios de
comunicación, hicieron que el domingo el Gobierno, en una alambicada
nota de prensa, rectificase, y que ayer la ministra de justicia, Dolores Delgado, de forma una tanto nerviosa y descoyuntada, declarase en RNE que el Ejecutivo sí iba a asistir a Llarena, al tiempo que negaba que esa decisión rectificase la que comunicó Carmen Calvo
tras el Consejo de Ministros del viernes. Pero sí, ha sido una
rectificación. Los medios fueron unánimes, empezando por este diario,
que adelantó que la decisión inicial del Ministerio de Justicia
infringía los términos del acuerdo de 2010 de este departamento con el
Consejo General del Poder Judicial y contravenía el criterio de la
Abogacía del Estado.
Veamos titulares. En 'El País' y a tres
columnas en portada: “Jueces y fiscales fuerzan a la Moncloa a salir en
defensa del juez Llarena”; en 'La Vanguardia' y a cuatro columnas en su
primera página: “El Gobierno ya busca abogado para Llarena en Bruselas”;
en la portada de 'ABC': “La rebelión de jueces y fiscales obliga a
Sánchez a corregir a la ministra Delgado”; 'El Periódico', a toda
página: “Sánchez asume ahora la defensa de Llarena”. Otros medios ('La
Razón' o 'El Mundo') no abrían sus ediciones con este tema, pero sus
titulares se orientaban en la misma dirección.
¿Por qué el Gobierno ha cometido este error?
Cabrían dos interpretaciones. La técnica y la política. La política
resulta la más verosímil: como quiera que el Gobierno ha impuesto una
línea de “respuesta política” a los independentistas para “desinflamar
el conflicto”, no era conveniente alinearse con el instructor (“el
carcelero”, en la jerga separatista) dejando que el asunto discurriese
con la mayor discreción posible. Esta versión cuadra con los esfuerzos
voluntaristas de Pedro Sánchez, que ya encargó también a Carmen Calvo que respondiese a Torra
cuando este dijo —el mismo 17-A ante la cárcel de Lledoners— que iban a
“atacar” al Estado. La vicepresidenta tildó de “inaceptable” la
expresión, pero añadió que era jurídicamente inocua y pidió lealtad… a
la oposición.
El mejor de los deseos al Gobierno en su política de
manejo de la crisis catalana. Pero la exigencia, también, del mayor de
los realismos. Las palabras, los gestos y las demandas forman parte de
una política secesionista cada vez más bronquista y agresiva, y el apaciguamiento gubernamental está comenzando a dar muestras de agotamiento. Y sobre todo empieza a colmar la paciencia social. La virulencia con la que Podemos, ERC y los exconvergentes han reaccionado
y el cabreo del expresidente de la Generalitat y su 'custodio' desde
Waterloo ante la rectificación gubernamental en este caso permiten
suponer que esperaban cobrarse el trofeo del magistrado con la admisión
de una demanda en el juzgado belga que rompía el espinazo de la
soberanía jurisdiccional española y dejaba al instructor a los pies de
los caballos. Solo por esa expresiva reacción, el Gobierno ya tiene la
garantía de que su rectificación ha sido un acierto.
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