DEFENDER AL ESTADO

Defender a un magistrado ante la Justicia belga, frente a una demanda que trata tan solo de desautorizar el proceso penal en España, es defender la solidez de nuestro sistema judicial

Tribunal Supremo. (CGPJ)

La segunda acepción que del término soberanía nos ofrece el diccionario la define como “Gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación”.
La cita pretende enmarcar una reflexión sobre lo que en los últimos días estamos viviendo en torno a los acontecimientos relacionados con el sumario seguido en el Tribunal Supremo por los hechos ocurridos en Cataluña de todos conocidos.

Realizando un más que somero repaso, nos causó en primer lugar enorme sorpresa la decisión del tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein denegando la entrega a España de quien, habiendo sido procesado por delito de rebelión en el seno de dicho sumario, había sido reclamado a través de una Orden Europea de Detención al encontrarse fugado de la Justicia española. Ya tuvimos ocasión de expresar que, en nuestra opinión, el tribunal alemán se había excedido en el análisis y en el ejercicio de la función que le encomienda la Decisión Marco 2002/584/JAI. Había entrado en el fondo del asunto, pronunciándose –sin celebración de juicio ni práctica alguna de pruebas en sentido procesal- sobre la realidad, alcance o participación en un delito previsto en el Código Penal español y con reflejo mucho más que próximo en el Código Penal alemán.

No podemos expresar más que una rotunda discrepancia con este enfoque de la pretensión

La segunda gran sorpresa se produjo en el día de ayer. El Ministerio de Justicia pone reparos a la defensa del Magistrado del Tribunal Supremo instructor del sumario, contra quien se ha promovido una demanda ante los tribunales de Bélgica basada en una supuesta falta de imparcialidad. Considera el Gobierno que no resulta asumible tal defensa en lo que pueda calificarse como opiniones personales; esta consideración parece relacionarse con una frase tan “tremenda” como la pronunciada por el Magistrado Llarena al decir que en España no existen presos políticos. De los términos en los que resulte admitida a trámite la demanda por el tribunal de Bruselas dependería la oportunidad de que el Estado español se hiciese cargo de la defensa a través de la oportuna personación en la causa.

No podemos expresar más que una rotunda discrepancia con este enfoque de la pretensión. No se trata ya de personalizar en la figura del Magistrado del Tribunal Supremo D. Pablo Llarena este breve análisis. Por el momento ha instruido un sumario, plagado de resoluciones que se han visto confirmadas, una tras otra, por la Sala de apelación del Tribunal Supremo que conoció de los oportunos recursos. Su ejercicio de la función jurisdiccional ha tenido como respuesta una campaña de ataques personales que solo puede ser calificada como atroz. Afortunadamente, su localización es incomparable con el respaldo y reconocimiento de la comunidad jurídica y –estoy seguro- de la aplastante mayoría de la sociedad.

Se trata de dejar constancia de la necesidad de afrontar esta cuestión como un verdadero tema de Estado. Defender a un Magistrado del Tribunal Supremo ante la Justicia belga frente a una demanda que trata tan solo de desautorizar el proceso penal que se sigue en España, es defender la propia solidez de nuestro sistema judicial, que no puede ser fiscalizado por un tribunal de otro país. Si dejamos de creer en esto, estaremos abandonando por completo nuestra propia defensa como Estado.

Lo que se pone en cuestión es a nuestro Tribunal Supremo. Y por ello, quien sufre al final el ataque es propiamente el Estado

El Poder Judicial, desde la clásica formulación de la estructura política del Estado moderno, es un pilar esencial para la genuina existencia del Estado; en una democracia, su independencia es un postulado irrenunciable, y su defensa sin matices es garantía de la propia supervivencia del Estado. La división de poderes se basa en el respeto recíproco de la función de cada uno de ellos, de tal modo que cada uno debe respetar la esfera de decisión de los otros. Esta formulación –verdaderamente básica- necesitaría de muchos matices, pero resulta suficiente para aproximarnos al esquema general, y alcanza una fuerza preferente en lo que afecta al Poder Judicial, cuyas decisiones deben obedecer exclusivamente a la ley, sin injerencia de ningún otro poder o foco de presión. De todos modos, cuando hablamos de la propia afirmación de ese Poder Judicial integrante de nuestro sistema constitucional, es sencillamente incomprensible que el Poder Ejecutivo renuncie a defenderlo ante una fiscalización extranjera, que es, al fin y al cabo, lo que viene a suceder en el caso de la demanda interpuesta en Bruselas formalmente contra el Magistrado Llarena.

Pablo Llarena. (EFE)

Insistimos: formalmente. Porque pese a su construcción aparente o formal, lo que se pone en cuestión es a nuestro Tribunal Supremo. Se cuestiona nuestra inmunidad jurisdiccional. Nuestra Justicia por tanto. Y por ello, quien sufre al final el ataque es propiamente el Estado. Asistimos a una puesta en cuestión de nuestra soberanía.

Y ante ello entendemos que no se puede reaccionar con cautela.


                                                         CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN* Vía EL CONFIDENCIAL
*Celso Rodríguez Padrón es Magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistatura.