La decisión del ministro del Interior de destituir al máximo responsable de las investigaciones contra la corrupción de la Guardia Civil desata un terremoto en el cuerpo
El coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí. (EFE)
La decisión sorprendió por la amistad que unía al coronel con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos trabajaron mano a mano en la lucha contra ETA
cuando el primero estaba destinado en los servicios de la lucha
antiterrorista y el segundo era magistrado de la Audiencia Nacional. La
relación entre ellos era de respeto mutuo. Pero, según las fuentes
consultadas, el relevo se cocinó en una instancia inferior del ministerio. Fue la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, exdiputada del PSOE por Valencia y con ascendencia en Ferraz, quien ordenó buscarle otro destino.
El desencadenante, una filtración
La Secretaría de Estado de Seguridad, que justificó el retraso de los fondos reservados por la necesidad de revisar previamente en qué se había gastado el dinero durante la etapa del PP, no esperó a encontrar al culpable de la filtración para cortar por lo sano y enviar un mensaje de firmeza a quienes tengan la tentación, en el futuro, de desafiar a los responsables políticos del ministerio. “Corbí decidió suspender las investigaciones por su cuenta, sin que ningún mando ni ningún juez se lo ordenara. Y esa decisión puso en serio riesgo las investigaciones de la UCO”, aseguran fuentes de Interior.
Fuentes de la UCO, sin embargo, afirman que “correos como ese se envían con bastante frecuencia, porque la actividad del cuerpo depende continuamente de las decisiones presupuestarias”. “Tampoco es una decisión que tenga que ordenar un superior y, por supuesto, no se puso ninguna operación en riesgo. Solo es una excusa para justificar el cese”, aseguran desde dentro de la unidad.
Corbí decidió suspender las investigaciones por su cuenta, sin que ningún mando ni ningún juez se lo ordenara
En realidad, Corbí ya estaba en el punto de mira de Interior. Conocido por su firme defensa del cuerpo, también es uno de los mandos con más peso de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que aboga por mantener el carácter militar de la institución y reclama la extensión de sus competencias en pugna directa con la Policía Nacional. APROGC fue precisamente una de las asociaciones más beligerantes con la decisión de Interior de relevar al coronel Juan Hernández Mosquera del Gabinete de Coordinación y Estudios del ministerio, un puesto decisivo en el organigrama y ocupado desde hace tres décadas por la Guardia Civil, para colocar en su lugar a un comisario de la Policía Nacional vinculado al PSOE, José Antonio Rodríguez González, alias 'Lenin'. APROGC acusó a Interior de elegirlo por ser “un comisario político”, no por motivos técnicos u operativos.
APROGC pide explicaciones
APROGC emitió este jueves un comunicado para denunciar el cese de Corbí. “Nos gustaría que el ministro del Interior aclare de manera urgente, en base a su reiterada promesa de transparencia, cómo y por qué no se libraron los fondos en el momento oportuno para que no se viera afectada la actividad de la UCO y, especialmente, qué hay detrás de este cese. ¿O acaso tiene algo que ver el propio prestigio y las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora por la unidad?”, se pregunta la asociación. El malestar es tan profundo que Interior pretendía anunciar el relevo de Corbí junto al nombre de su sustituto, pero no ha podido hacerlo porque ningún mando contactado por el ministerio ha aceptado ocupar el puesto en estas condiciones.
Paradójicamente, Corbí lideró desde su llegada a la UCO en 2013
algunas de las investigaciones contra la corrupción del Partido
Popular, como la operación Taula, la trama Púnica y el caso Lezo, entre
otras. La última operación provocó el ingreso en prisión del exministro
de Trabajo Eduardo Zaplana por un presunto blanqueo de capitales y el
cobro de comisiones ilegales.
El Gobierno de Mariano Rajoy acumuló motivos para tratar de desencadenar su cese e incluso llegó a barajar seriamente esa posibilidad durante el inicio de esta legislatura, cuando un informe de Lezo salpicó al exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y una línea del caso Púnica apuntó a Cristina Cifuentes. Pero el Ejecutivo del PP asumió que la opinión pública jamás habría entendido el relevo del máximo responsable de sus propios casos de corrupción. Por si termina encontrándose en esa tesitura, el PSOE ha decidido fulminarlo en cuanto ha hallado el más mínimo motivo. El mensaje no admite muchas interpretaciones: nada en la UCO debe moverse sin que lo sepa el ministerio.
Los socios de la moción
El momento elegido, tan cercano a la moción de censura, obliga a incluir otra derivada en la ecuación, según fuentes de las Fuerzas de Seguridad. Corbí denunció el pasado febrero en una entrevista concedida a La 'Vanguardia' que el PNV había ido en muchas ocasiones de la mano de ETA y situó a la formación en el “bando de los malos” de la lucha antiterrorista. Los nacionalistas reaccionaron exigiendo al Ejecutivo de Rajoy la destitución del coronel y recordando que este fue condenado por torturar al etarra Kepa Urra en 1992, convicto por el asesinato de un policía nacional de la comisaría de Basauri.
El momento tan
cercano a la moción de censura, obliga a incluir otra derivada en la
ecuación, según fuentes de las Fuerzas de Seguridad
El coronel se despidió este jueves con un breve mensaje de agradecimiento. “Buenos días. Me acaban de comunicar el cese como jefe de UCO. No es una noticia agradable para mí, pero tampoco una tragedia. Sí me duele dejar una unidad excepcional con unos colaboradores excepcionales, y un ambiente de trabajo y compañerismo inmejorables. Ha sido un honor compartir destino. La vida sigue, para todos. Nos seguiremos viendo. Un abrazo. Col. Manolo Corbí”.
JOSÉ MARÍA OLMO Vía EL CONFIDENCIAL
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