/JORGE ARÉVALO
Artículo de LUCÍA MÉNDEZ publicado en EL MUNDO
Mariano Rajoy está inmerso en una pesadilla en la que persigue a un hombre-fantasma y, cuando parece que lo va a atrapar, se le escapa de entre las manos. Rajoy combate contra un fugitivo de la Justicia que mantiene en jaque al Estado desde su refugio de Bruselas. Un político que no tiene nada que perder y que pasa sus días y sus noches entregado a la táctica de burlar al Estado español. Carles Puigdemont se le ha atragantado al Gobierno. Como él mismo dijo en una conversación privada, «España tiene un pollo de cojones». «Un pollo» que él alimenta con sus piruetas: el viaje a Dinamarca, la renuncia a delegar su voto como diputado del Parlament... Puigdemont y sus circunstancias han mantenido en vilo al Ejecutivo.
Miércoles. 9.00 horas. El presidente del Gobierno es muy claro en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. No recurrirá la celebración del pleno de investidura del candidato Puigdemont, previsto para el martes 30 a las tres de la tarde en el Parlamento de Cataluña. «El recurso ante el Constitucional se tiene que presentar después del acto administrativo, no se puede recurrir un anuncio». Ésta era la decisión política del Gobierno, cimentada en el criterio de los servicios jurídicos del Estado. En el duro y prolongado combate del Ejecutivo de Rajoy contra las actuaciones de los partidos independentistas siempre se actuó así. Esperar a los hechos para presentar los recursos.
¿Qué sucedió desde primera hora de la mañana del miércoles hasta el mediodía del jueves, cuando la vicepresidenta anunció un recurso preventivo que rectificaba la posición del presidente del Gobierno? Sucedió que La Moncloa entró en pánico ante «el pollo» que podía montarse el martes por la tarde si Puigdemont era elegido presidente sin estar presente en la Cámara.
Una vez convertido en presidente -aun a distancia y violando las leyes-, el fugado de Bruselas haría valer su posición de mandatario en el exilio, aunque ni el Rey fuera a firmar nunca el decreto de su designación ni el BOE a publicarlo.
Este periódico ha podido saber que, a lo largo de toda la tarde del miércoles, Soraya Sáenz de Santamaría convocó a su equipo para una tormenta de ideas jurídicas con el fin de cortar el paso a la investidura de Puigdemont al precio que fuera. La situación es excepcional y requiere medidas excepcionales. Se dictó zafarrancho de combate y se produjo una guerra de nervios en la sede de la Presidencia del Gobierno. Rajoy fue receptivo a los mensajes de pavor que le llegaron de la Vicepresidencia ante lo que podría derivar incluso en un problema de orden público, si el Constitucional enviaba a través de las Fuerzas de Seguridad un requerimiento la misma tarde del martes al Parlament para suspender o anular la sesión de investidura.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Soraya Sáenz de Santamaría le puso a Mariano Rajoy sobre la mesa una «esperanza» en forma de «creativa respuesta jurídica» al desafío de Puigdemont, sin que el resto del Gobierno supiera nada y sin consultar a la Abogacía del Estado, a quien se comunicó el viernes por la mañana que tendría que redactar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
El presidente y la vicepresidenta improvisaron a toda prisa la decisión de pedir el informe correspondiente al Consejo de Estado para presentar un recurso preventivo ante el TC. «La vicepresidenta lo explicó todo de forma muy dramática y el presidente volvió a confiar en ella», resumen en el Gobierno. El Consejo de Ministros celebrado el viernes escuchó asimismo las explicaciones «dramáticas» de Soraya Sáenz de Santamaría, argumentando que «no había otro camino».
Las fuentes consultadas aseguran que Moncloa sí hizo una consulta previa e informal al Consejo de Estado, antes de enviarlo para el preceptivo aunque no vinculante dictamen oficial. Hay que recordar que el presidente de la institución, José Manuel Romay Beccaría, es una persona muy cercana a Rajoy y uno de los principales valedores de su carrera política. El mensaje que llegó a La Moncloa era de confianza en que el Consejo de Estado validaría la impugnación preventiva de la investidura de Puigdemont, en la que se alegaba que no podía ser elegido por sus circunstancias de prófugo de los tribunales en otro país y por carecer de «libertad deambulatoria».
El rechazo del recurso cayó en el Gobierno mucho peor que un jarro de agua fría. Los consejeros de Estado, juristas de renombre como Landelino Lavilla, Miguel Herrero, Fernando Ledesma o María Teresa Fernández de la Vega, no estuvieron dispuestos a avalar un recurso que consideraban contrario al rigor jurídico y a la Constitución. «Los consejeros tienen su prurito jurídico. Son muy celosos de su independencia», resumen los interlocutores de este diario. El jueves por la tarde, Gobierno y PP cayeron en estado de alucinación. «Puigdemont se debe de estar cachondeando de todos nosotros». «Hasta el Consejo de Estado es capaz de dar un revolcón al Gobierno». «Menuda imagen que estamos dando al resto del mundo». «El Estado de Derecho no puede con un lunático sin futuro político». Todo esto se escuchó en el seno del partido que gobierna.
Mientras, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien Rajoy no consultó la decisión, focalizó el patinazo en Sáenz de Santamaría. «Si los escritos se han hecho mal, hay que preguntar al Gobierno. Este revés del Consejo de Estado se lo ha llevado él solito porque no ha consultado con nadie.
Pregunten a la vicepresidenta cómo han hecho el escrito». No sólo el Consejo de Estado tumbó los argumentos del recurso del Gobierno, también lo hizo el jefe de los letrados del Parlament, Antoni Bayona. A su juicio, el Gobierno debería haber esperado al martes para presentar la impugnación del Pleno y de la elección del líder de Junts per Catalunya ante el Tribunal Constitucional, en el caso de que Puigdemont no acudiera a su investidura. Dato que nadie podrá certificar por adelantado.
La alucinación subió de intensidad cuando -apenas recuperado del shock- el Gobierno informó de que seguiría adelante con el recurso aun con el rechazo del Consejo de Estado. Para ello, Moncloa replicó los argumentos de Carme Forcadell y los partidos independentistas cuando obviaron las recomendaciones de los letrados del Parlament: los informes de los órganos consultivos son preceptivos pero no vinculantes.
Una vez tomada la decisión de ir a por todas y pedir al Constitucional la suspensión del Pleno convocado por Roger Torrent, más educado que Forcadell pero igual de obstinado, Moncloa también hizo su cata ante el TC para conocer la disposición a admitir a trámite el recurso. Y asimismo encontró una respuesta positiva, aunque a riesgo de forzar al límite las costuras del Estado de Derecho.
A pesar de que finalmente el Gobierno se ha salido con la suya y el pleno de investidura de Puigdemont ha quedado suspendido por decisión del Constitucional, algo se ha quebrado en el relato de la fortaleza y la unidad del Estado contra quienes buscan su ruptura. La decisión se ha tomado en contra del criterio del Consejo de Estado, de los letrados del Constitucional, del magistrado ponente y con la división del tribunal. La precisión, unidad, claridad y rigor de la batalla jurídica del Estado contra el independentismo han sufrido un serio quebranto. Y en mitad de este escenario de pánico se sitúa una mujer, vicepresidenta del Gobierno, ministra para Cataluña y autora intelectual de un relato que Rajoy ha seguido a pies juntillas: basta el peso de la ley -aplicada prudentemente y según las actuaciones que el enemigo vaya ejecutando- para combatir y vencer a los independentistas.
Sáenz de Santamaría, especialista en facilitar soluciones jurídicas a los problemas políticos del Gobierno y de Rajoy, amanece cada día más cuestionada tanto en el Gobierno como en el partido.
Desde el 1-O no levanta cabeza. Incluso los dirigentes del PP que no tienen nada en su contra aseguran que ella ha reaccionado a las dificultades encerrándose con su equipo en La Moncloa, sin hacer partícipe a nadie de las decisiones ni buscar las necesarias complicidades en el seno del Gobierno. Lo que nunca se imaginó nadie es que los abogados del Estado -con su orgulloso currículum a cuestas y mirando por encima del hombro a los políticos sin ese título- fueran a tropezar, precisamente, con el Estado.
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